Los aspirantes ciudadanos no tienen la estructura ni los recursos de los partidos. (AGENCIA REFORMA)
En este momento, cientos de candidatos independientes en todo el país aceleran el paso para recabar el apoyo necesario para su registro como aspirantes a algún puesto de elección popular en 2018.
Sólo en el ámbito federal hay 48 candidatos independientes que por primera vez en la historia buscan contender por su cuenta por la Presidencia de la República. También hay 55 que buscan un lugar en el Senado y 183 que van tras una curul en la Cámara de Diputados.
A éstos se suman quienes están haciendo lo propio en los 9 estados donde habrá elección de gobernador -incluida la Ciudad de México que tiene registrados 145 candidatos independientes a distintos cargos- y en aquellos que renovarán congresos locales y ayuntamientos.
Sus posibilidades todavía son pocas. No tienen la estructura ni los recursos de los partidos, y la ley les ha impuesto condiciones casi insuperables en algunos casos. Sobre todo para quienes aspiran a contender para la Presidencia y deben recabar 866,593 firmas en un plazo de 120 días que concluye en febrero próximo.
Este número de firmas supera el requisito de ley para formar un partido político nacional. Para eso es suficiente el apoyo de 0.26% de la lista nominal de electores, lo que equivale a unas 220,000 personas, y todavía disponen de un año más para sumar militantes.
"A un aspirante independiente se le piden casi cuatro veces más de firmas que las requeridas para formar un partido político ", criticó en su momento Manuel Clouthier.
Pero en las elecciones intermedias de 2015 ya hubo sopresas que pueden repetirse en 2018. En aquel año -recién publicada en 2014 la legislación que permitió las candidaturas independientes- hubo 509 aspirantes que, sin partido, buscaron su registro como candidatos. Sólo 134 lo lograron para contender por alguno de los 7,000 cargos de elección popular.
De ellos, ganaron seis: un gobernador (Jaime Rodríguez El Bronco), un diputado federal (Manuel Clouthier), un diputado local (Pedro Kumamoto) y tres alcaldes (César Valdés en García, Nuevo León; José Alberto Méndez en Comonfort, Guanajuato, y Alfonso Alcázar en Morelia, Michoacán).
En las elecciones de 2016 hubo 308 y en 2017 participaron 124 en los 4 estados donde hubo procesos electorales.
A luz de los números, los candidatos independientes parecen casi nada en el universo del sistema político. Pero en la opinión pública se posicionaron como una opción frente a los desgastados partidos políticos.
"La gente ya no se reconoce en los partidos ni en sus políticos", dice Luis Josué Lugo, académico de la UNAM con maestría en comunicación, política y tecnologías. "No hay confianza en la política ni las instituciones".
Según una encuesta de Parametría de 2015, la figura de candidato independiente recibió 65% de aprobación entre la población que, en su mayoría, mira con desconfianza a los políticos de partido.
El Latinobarómetro 2017 lo demuestra: sólo 9% de los mexicanos confía en los partidos políticos, el peor nivel de confianza en los últimos 22 años. La encuesta revela ademas que apenas 18% está muy o algo satisfecho con la forma en que la democracia funciona en México, 2% considera que en México hay una democracia plena y 16% considera que no hay democracia.
La escalada de los candidatos independientes en la percepción ciudadana hizo que los partidos tomaran cartas en el asunto y en estados como Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Baja California, Tamaulipas y Puebla aprobaran leyes "anti-independientes", que pusieron más trabas a la participación de ciudadanos en las contiendas electorales.
Los partidos "no midieron el alcance que iba a tener la iniciativa (de las candidaturas independientes)", afirma Lugo. Fue una especie de autoregeneración del sistema, explica, que vino con el cambio en las reglas que implican, "en apariencia", que cualquier persona con interés en lo público pueda ser candidato.
En apareciencia, dice, porque las condiciones para su participación todavía son una discusión inacabada, que tiene de fondo un tema más complejo: un cambio en las reglas del juego para la democracia.
"Lo que está en juego son las reglas institucionales, el conjunto de reglas que seguirían dando pie a esta democracia", dice. El cambio es tan fuerte, afirma, que el PRI está intentando contenerlo.
LES FALTAN MUCHAS FIRMAS
En este contexto contenderán el próximo año los candidatos independientes que alcancen los requisitos de ley. Por el momento, en el ámbito federal hay 5 que ya consiguieron 100% o más de las firmas necesarias para que el INE los considere en las elecciones de 2018.
Entre esas personas está Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del ex presidente Felipe Calderón, quien renunció al PAN y ahora contenderá por la diputación federal del Distrito 10 de Morelia.
Como ella, hay otros tres expanistas que ya alcanzaron la meta para contender por un lugar en la Cámara de Diputados. Ellos son: Angel Alberto Barroso, de Nuevo León; Luis Ángel Benavides, de Nuevo León, y Antonio Illescas, de Veracruz. El único sin vínculo partidista es Iván Antonio Pérez, de Chihuahua.
Para la Presidencia y el Senado, en cambio, hasta el cierre de esta edición los aspirante todavía estaban lejos de alcanzar el mínimo de firmas necesario para contender.
De los que aspiran a ser senadores por la vía independiente, los más avanzadas eran Pedro Kumamoto, de Jalisco, con 33.35% de las firmas necesaria, Manuel Clouthier, de Sinaloa, con 32.97%, Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas, con 24.15% y el medallista olímpico en marcha Raúl González, de Nuevo León, con 23.34%.
De los aspirantes a la Presidencia, "El Bronco" había acumulado 17.7%, Margarita Zavala, 15.9%, María de Jesús Patricio 4.3%, Armando Ríos Piter 3.8% y Pedro Ferriz de Con 3.5%.
Como se observa, casi todos los que tienen posibilidades de reunir los requisitos para su registro oficial -o ya lo hicieron- tienen un pasado partidista que contrasta con el halo ciudadano que rodea a las candidaturas independientes.
"Son actores fuertes y con capital político propio", dice Lugo. "El riesgo con ellos es que luego ceden ese capital a los partidos institucionales de siempre o lo utilizan para incrustarse en puestos."
Frente a actores, el especialista destaca la participación de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien busca su registro como candidata independiente del Consejo Indígena de Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
"Las candidaturas independientes de momento ya están poniendo nuevos marcos discursivos sobre la mesa, pero vamos a ver si el propio sistema político puede absorberlos o si realmente se renueva el concepto que tenemos de lo público y lo político"
FINANCIAMIENTO, TEMA IMPORTANTE
En esta etapa, todos los candidatos independientes estan compitiendo con sus propios recursos, es decir, no reciben dinero público del INE, aunque sí deben reportar el origen del dinero que reciben para financiar sus actividades y los gastos de esta especie de pre campaña.
A la fecha sólo dos de los 48 candidatos independientes a la Presidencia habían cumplido con la obligación de transparentar sus ingresos y gastos: Margarita Zavala y Eduardo Santillán Carpitereiro.
Hasta el 15 de noviembre, Zavala reportó un financiamiento de 680,000 pesos que aportaron su esposo Felipe Calderón (500,000 pesos), Fausto Barajas Cummings, excolaborador de Calderón en la presidencia (100,000 pesos) y Gabriela Escobar Garibay (80,000 pesos), su particular.
Santillán Carpinteiro, por su parte, reportó contribuciones por 86,000 pesos, que aportó él mismo y 11 personas más. Del resto de los candidatos nada se sabía.
Los especialistas consideran que el financiamiento de campañas independientes es uno de los temas más sensibles y complicados de resolver. Por los riesgos que involucran las contribuciones privadas -que pueden ser una puerta abierta a recursos ilícitos- y la diferencia de recursos entre independientes y partidos políticos.
Los independientes, por ejemplo, sólo pueden disponer de recursos públicos si logran su registro oficial al cumplir todos los requisitos de la ley. En ese caso, en el ámbito federal dispondrán de 42.9 millones de pesos, de un presupusto total de 6,778 millones para el financiamiento de candidatos que solicitó el INE.
Sólo para comparar, el PRI recibiría 1,689 millones de pesos, el PAN 1,281 millones, el PRD 773 millones, Morena 650 millones, el PVEM 578 millones, Movimiento Ciudadano 537 millones, Nueva Alianza 419 millones, Encuentro Social 398 millones y el PT 376 millones.
Hay que aclarar además que los 42.9 millones de pesos se dividirán en tres partes para financiar las campañas de senadores, diputados y aspirantes a la Presidencia. De modo que los candidatos presidenciales recibirían una bolsa de 14.3 millones de pesos. Ese monto, a su vez, deberá repartirse entre el total de candidatos al cargo de Presidente.
Si llega solo uno, tendrá derecho a 50% de los 14 millones, por lo que el monto máximo de financiamiento público será de 7.1 millones de pesos para quienes quieren ganar la Presidencia.
En esta etapa de la competencia electoral, el financiamiento privado también está restringido para los candidatos independientes, quienes no podrá recibir aportaciones privadas mayores a 10% del tope de gastos de campaña y está prohibido recibir aportaciones en efectivo.
En resumen, un candidato independiente a la Presidencia no podrá gastar más de 40 millones de pesos durante su campaña, lo que contrasta, por ejemplo, con lo que recibiría el apirante presidencial del PRI, que son 547.4 millones de pesos para su promoción.
Frente a esas condiciones de competencia, difícilmente ganará la Presidencia un candidato independiente, afirma Lugo.
Entonces, ¿qué impacto pueden tener las candidaturas independientes en el sistema político?
Lugo responde: "Su sola participación propicia un cambio en el discurso de los actores políticos, en las propuestas de campaña y en la estrategia de legitimidad que deberá tener cualquier partido, en caso de que gane, para intentar consensos".
El especialista advierte que lo anterior no significa cambios reales en lo inmediato, pero sí una oportunidad que debe aprovechar la sociedad civil para renovar la agenda política, empujar reformas en el marco institucional y obligar a los candidatos de partidos a hacer política y a atender los problemas públicos en beneficio de la sociedad.
