EDITORIAL
EL AGENTE 007 Sábado 18 de nov 2017, 7:46am ... Anterior 3 de 9 Siguiente ...

Verdades y rumores


Tal y como ocurre cada final de sexenio en las entidades federativas, el gober Rubén Moreira prepara la entrega de regalos de Buen Fin en forma de fiats notariales a los abogados, políticos y familiares de los mismos. Como se sabe, esta es una práctica común de los mandatarios estatales, quienes, en el uso de las facultades que la constitución les otorga, reparte entre los bien portados las licencias para el ejercicio notarial, aunque hay que decirlo que alguno que otro sí tiene los méritos profesionales para tal distinción. Los notarios son, al final de cuentas, los oídos y ojos de los virreyes, y en la extensión del poder legal de estos dan fe del quehacer jurídico y contractual de las provincias, y también hacen favores a algunos políticos-empresarios.

La lectura que siempre se le ha dado a estas entregas es que se trata de un premio por “buena conducta”, pago de cuotas y, cuando se trata de políticos de oposición, bono de “amansamiento”. Una notaría es altamente apreciada en el medio de la abogacía ya que es vista como un seguro de vida, siempre y cuando no se les pase la mano en su número. En esta ocasión, dicen que el gober Rubén ha sido demasiado generoso con el reparto, ya que va por la segunda remesa de su sexenio. La primera fue en marzo de 2016, con 41 fiats. Ahora se habla de más de 50 antes de que concluya el sexenio y algunos de los nombres que han comenzado a sonar son el de la ex regidora priista de Torreón, Luly Quintero, amiga de la primera dama coahuilense, Carolina Viggiano, además de familiares de diputados electos salientes, como Flor Rentería, o magistrados, como Jesús Sotomayor. Cuentan que esta propuesta, que pasará sin problemas en el Congreso local gracias al mayoriteo priista, será usada por los panistas para lanzar otro misil al gobierno estatal que agoniza en el sentido de que, “hasta en eso”, Coahuila se parece cada vez más a Veracruz. Por otra parte, dicen que ya hay notarios inconformes con la nueva remesa, no sólo por los dudosos méritos profesionales que tienen varios de los posibles beneficiarios, sino porque consideran que en esta entidad hay demasiados fedatarios ya. ¿Y no será posible establecer un esquema como en el otrora DF, hoy CdMx, que es por mérito y un comité con igualdad de notarios en ejercicio y delegados del gobierno decide por oposición? La calidad del notariado se distingue a leguas.

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Dicen que antes que político, el nombramiento de Eduardo Olmos como subsecretario de enlace y coordinación de la actual administración estatal responde a una creciente inquietud en el tema de seguridad. Los subagentes disfrazados de patrullas desvencijadas nos comentan que la indefinición sobre la validación del resultado de la elección del pasado 4 de junio ha abierto una ventana para la intranquilidad en las corporaciones policiacas. Y es que al no definirse cuándo Miguel Riquelme será o no el futuro mandamás provincial, muchos mandos medios y superiores andan inquietos por su futuro incierto al grado que están mandando mensajes de que se quieren ir a otras entidades o de plano desaparecer un rato de la escena porque temen que, en caso de nuevas elecciones, un eventual gobierno de otro color inicie investigaciones por supuestas travesuras o pasadas de mano cometidas por los cuerpos policiales. En ese tenor, la tarea de don Lalo sería calmar las aguas el interior de las policías y evitar que haya desajustes o que se tire el arpa antes de tiempo, lo cual pudiera abrir la puerta a que los índices delictivos se dispararan de nuevo. Incluso hay quienes dicen que el impasse político que se ha abierto por una transición que no ha comenzado al 100 por ciento y las largas de los tribunales para decidir o no la validez del proceso electoral, está siendo aprovechado por grupos del hampa asentados en otros estados para intentar entrar a Coahuila nuevamente. Y es que con esto de la lucha postelectoral, don Miguel ha tenido que mudarse a la Capirucha del Esmog a defender su triunfo de todas las acusaciones e impugnaciones, con lo cual no ha podido seguir el protocolo priista tradicional de que, una vez entregada la constancia de mayoría, quien toma las riendas del estado es el entrante. En este caso, don Rubén sigue gobernando aunque a veces parece ya más ocupado en su despedida y su futuro político que, dicen, apunta al Congreso de la Unión.

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Ya que hablamos de la interminable lucha jurídica por la elección de Coahuila, quienes se han metido de lleno a la pugna son varias asociaciones civiles regionales y nacionales que buscan ejercer presión sobre el tremendo Trife para que no le haga “favores” al PRI y anule la elección. Las estrategias seguidas por dichos organismos son varias. Una de ellas es la demanda de juicio político contra la magistrada presidente de la corte electoral federal, Janine Otálora Malassis, por presunto incumplimiento del principio de imparcialidad al haber trabajado con el actual pastor nacional del PRI, Enrique Ochoa. La otra estrategia es menos dura y tiene que ver con solicitar audiencias al tribunal para además de ofrecer pruebas, exigir explicaciones y trabajar en conjunto con el Trife en lo que se pueda para la construcción del dictamen que se presentará en unos cuantos días para determinar si la elección es válida o no. Dicen que el objetivo de dichos organismos es poner más ojos sobre el Trife para que se sienta vigilado y actúe con responsabilidad. Y es que el fallo que se emita sobre la elección de Coahuila será muy importante de cara a los comicios de 2018, en los que se renovarán la Presidencia de la República, el congreso federal y un titipuchal de cargos locales. Los que le saben a esto de la política electoral dicen que será la madre de todas las batallas y que los golpes altos y bajos, así como las marrullerías, estarán a la orden del día, por lo que es importante contar con árbitros administrativos y jurisdiccionales fuertes, autónomos y confiables.

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Dicen que el que anda haciendo malabares para cumplir con lo prometido por el ayuntamiento de Torreón en materia financiera es el tesorero Enrique Mota. Y es que no sólo es el tema de la deuda a corto plazo, sobre la que el funcionario jura y perjura que dejará en máximo 100 millones de pesillos. El dolor de cabeza principal, dicen, es la nómina, en donde los subagentes disfrazados de macetas han detectado una fuerza aérea de proporciones considerables, que seguramente es la causa por la cual la administración municipal tricolor nunca pudo cumplir con la promesa de adelgazar el gasto por concepto de servicios personales. Y era difícil que lo pudiera hacer si en los listados aparecen nombres de personas que nadie sabe qué hacen o que sólo van a cobrar su cheque, además de los familiares de funcionarios de primero y segundo nivel, empezando por el propio tesorero que logró colocar a un sobrino suyo en la Secretaría del Ayuntamiento con el flexible cargo de “auxiliar jurídico”, eso sí, ganando 25 mil pesillos al mes. Y esto es sólo por mencionar un caso. Tal parece que eso de meter en la nómina a familares no es un asunto exclusivo de la administración lerdense de María Luis González Achem.

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Cuentan que quienes andan haciendo su agosto en noviembre son los encargados del Centro Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jesús María Sotomayor. Resulta que a los funcionarios de esa dependencia federal les ha dado por montar operativos sorpresivos en las carreteras federales de la entidad. La finalidad manifiesta de dichos despliegues es la revisión del transporte de carga y de pasajeros para que cumplan con los requisitos de ley. No obstante, nos dicen nuestros subagentes que al menos en el puesto de revisión instalado poco antes de llegar a La Cuchilla, en la autopista Torreón-Saltillo, los elementos de la SCT les piden a los choferes hasta la fe de bautismo con el objetivo de darles una “acalambrada” para que suelten una “ayudita”. Y no es que esté mal que las autoridades vigilen que se cumpla la norma, sino que ésta se utilice para beneficios particulares. Porque si la SCT estuviera en verdad muy preocupada por la seguridad en las carreteras federales, primero arreglaría las vías que están, la mayoría de las veces, como superficie lunar, y segundo, impediría que los tractocamiones circulen con doble y hasta triple remolque, como lo han venido haciendo desde siempre contra toda la lógica. En fin.




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