Cada senador recibirá 2.4 millones de pesos por concepto de Seguro de Separación Individualizado, una prestación que sólo tienen legisladores y burócratas de alto nivel en el Gobierno federal. (ARCHIVO)
Al despedirse del Senado, los 128 legisladores cobrarán una especie de "bono del adiós", conformado por una bolsa de 316 millones de pesos, y por el cual ni siquiera pagarán impuestos.
Cada senador recibirá 2.4 millones de pesos por concepto de Seguro de Separación Individualizado, una prestación que sólo tienen legisladores y burócratas de alto nivel en el Gobierno federal.
Del monto que recibirán los legisladores, 1.2 millones de pesos, equivalentes al 50 por ciento, fueron aportados por cada uno de ellos con cargo a su dieta bruta mensual, que asciende a 171 mil 443 pesos.
La otra mitad, 1.2 millones de pesos más, es cubierta con dinero público, gestionado cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Manual de Percepciones de los Senadores establece que para concretar esta prestación, los legisladores podrán ahorrar hasta un 10 por ciento de su salario, y la Cámara alta deberá cubrir un monto similar.
Pero además de financiar el "bono de marcha", equivalente a 30 mil salarios mínimos, los ciudadanos también habrán pagado a los senadores 78.3 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), debido a que ese concepto no es cubierto por los legisladores.
"(El seguro) es un beneficio colateral del seguro de vida institucional y se constituye con aportaciones voluntarias del 10 por ciento de la dieta por parte de los senadores y por un tanto igual del Órgano Legislativo, incluyendo el ISR correspondiente", señala.
Recibos oficiales emitidos por el Senado y publicados por algunos legisladores que han decidido transparentar sus ingresos, confirman que el ISR por ese concepto, durante los seis años de la Legislatura, es pagado con cargo al bolsillo de los mexicanos.
Dicha "prestación" también aplica para funcionarios de dependencias federales en el mismo porcentaje.
Esto abarca desde secretarios de Estado hasta funcionarios de confianza de nivel directivo, y la intención es que cuenten "con recursos al momento de causar baja o separarse del cargo".
