Siglo Nuevo
MINERVA ANAID TURRIZA Sábado 18 de nov 2017, 6:21pm ... Anterior 1 de 1 Siguiente ...

Contar una españa rota

Foto: Reuters/Eloy Alonso

Las peripecias de un conflicto de largo aliento

A principios del siglo XIX, España sufrió la invasión napoleónica y su parte catalana se convirtió en provincia francesa hasta el triunfo de la Independencia Española (1814). Esta centuria vio nacer el catalanismo político. Los grupos con tendencias secesionistas no lograron reunir mucho apoyo.

Desenredar la compleja madeja en que se ha convertido el problema catalán requiere dar un vistazo al país del que Cataluña forma parte… o quizá no.

El Reino de España es gobernado por una monarquía parlamentaria. El territorio está dividido en 16 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco), una Comunidad Foral (Navarra) y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Pero, ¿qué significa todo eso?

La monarquía parlamentaria es un régimen político democrático. El rey es el jefe de Estado, mas se encuentra supeditado al Parlamento y al Gobierno, es decir a los poderes Legislativo y Ejecutivo. La función del monarca es representativa, tanto en cuestiones nacionales como internacionales, y más bien simbólica ya que no tiene poder de decisión propio en materia política. Una famosa frase de Aldophe Thiers resume esta situación: “El rey reina, no gobierna”.

Las Cortes Generales constituyen el Parlamento, dividido en dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado, sus miembros se eligen mediante sufragio universal cada cuatro años. En algunos casos, previstos en la Constitución, el rey puede disolver las cámaras y convocar a elecciones adelantadas.

El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente del Gobierno, el vicepresidente, si es que lo hay ya que esta figura no es obligatoria, así como los titulares de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado.

En cuanto a organización territorial manda el concepto de “Estado de las autonomías” (también llamado autonómico o regional). Dicho concepto trata de conjugar la unidad y la descentralización. En la práctica tiene un funcionamiento muy similar a un modelo federal, como el mexicano. La diferencia esencial reside en una sutileza de cierta relevancia. ¿De dónde emanan las atribuciones correspondientes a cada nivel de gobierno? En un sistema federal son los estados soberanos quienes ceden parte de sus facultades a la administración central (gobierno federal) mientras que en el modelo de autonomías el gobierno central es quien las cede a las entidades que lo conforman, en el caso español a las Comunidades Autónomas, reguladas mediante un Estatuto de Autonomía.

Si bien las normas varían de comunidad a comunidad, existen algunos órganos institucionales inherentes a todas: la Asamblea Legislativa (el nombre con el que se designa pueda variar, en Cataluña es el Parlament), el Consejo de Gobierno y el Presidente.

La gran diferencia entre Navarra y las Comunidades Autónomas estriba en las contribuciones hacendarias. En el resto de España el gobierno central recauda los impuestos y calcula cuanto corresponde a cada Comunidad. En Navarra, la administración local realiza estas operaciones y entrega su participación al gobierno.

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Diputados, senadores y representantes de las altas instituciones del Estado en un acto solemne e histórico celebrado en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE/Esteban Cobo

ESBOZO HISTÓRICO

El desarrollo de los territorios que conforman Cataluña es por demás complejo, se palpa con facilidad una enorme influencia de distintas culturas. Del neolítico al siglo X pasaron de mano en mano entre distintas civilizaciones: se cree que los primeros en mezclarse con los nativos fueron los celtas llegados de Europa del Este. Los griegos establecieron delegaciones en lo que hoy es Ampurias y Rosas (Gerona). Los romanos fueron los siguientes en asentarse y extenderse hasta las actuales ciudades de Barcelona y Tarragona. Luego, los visigodos integraron a Cataluña en su Imperio.

A principios del siglo VIII, con la ocupación árabe, hubo una oleada migratoria catalana a los Pirineos y al Imperio Franco. A fines de esa centuria, para frenar la expansión musulmana, Carlomagno constituyó la Marca Hispánica y otorgó territorios catalanes en calidad de feudos a sus nobles, con la ciudad condal de Barcelona como punto clave de sus propiedades en España.

Al declinar el Imperio Franco (fines del siglo X) se realizaron alianzas entre los condes barceloneses y el reino de Aragón. Por esa vía, desde mediados del siglo XII y hasta promediar el XV, hicieron de Cataluña y Aragón un reino común. En 1469, el territorio catalán se incorporó al reino unificado de los Reyes Católicos Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla.

En 1640, con la Guerra de los Treinta Años como telón de fondo, un movimiento armado, la revuelta de los Segadores, culminó con Cataluña siendo proclamada una república 'independiente' bajo protectorado francés. Al finalizar la guerra, Felipe IV recuperó la mayor parte de los territorios catalanes; otros, como el Rosellón y parte de Cerdaña, se anexaron a Francia.

En la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) Cataluña, al igual que el resto del reino de Aragón, apoyó al bando perdedor: los Austrias. Al subir al trono el primer rey Borbón, Felipe V, decidió abolir todos sus fueros. Si bien el conflicto concluyó formalmente en 1713, con la firma del tratado de Utrecht, Barcelona se convirtió en el último reducto austracista y sólo tras un asedio de catorce meses cayó ante las tropas borbónicas el 11 de septiembre de 1714. En la actualidad esta fecha es la Fiesta Nacional de Cataluña, llamada Día de Cataluña, Día Nacional de Cataluña o simplemente Diada. Los actos conmemorativos han experimentado una tendencia a convertirse en manifestaciones pro independentistas.

A principios del siglo XIX, España sufrió la invasión napoleónica y su parte catalana se convirtió en provincia francesa hasta el triunfo de la Independencia Española (1814). Esta centuria vio nacer el catalanismo político. Los grupos con tendencias secesionistas no lograron reunir mucho apoyo.

En el siglo XX aumentaron los movimientos nacionalistas. Bajo la dirección de Enric Prat de la Riba se llevó a cabo el primer reconocimiento de autogobierno, la Mancomunidad de Cataluña (1913-1923), aunque sus competencias eran muy restringidas. Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) la Mancomunidad fue disuelta y se prohibió el uso de la bandera —cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, basada en la de los Reyes de Aragón— y la lengua catalanas. En 1931, se proclama la República Española, el rey Alfonso XIII abandona el país y en Cataluña se forma el gobierno autónomo: la Generalitat de Catalunya, reconocido al año siguiente mediante el Estatuto de Autonomía.

Durante la Guerra Civil (1936-1939) permaneció formalmente bajo control republicano. Poco a poco, la región fue quedando cada vez más aislada hasta su caída en manos franquistas en enero de 1939. La victoria de Francisco Franco y la instauración de la Dictadura pusieron fin a la autonomía, ya que parte de la agenda franquista era la unificación de España, apuntalada principalmente por el nacionalismo y el catolicismo.

Tras la muerte de Franco (1975) se inició el proceso conocido como 'transición democrática'. En 1977 se restauró la Generalitat. Con la Constitución de 1978 y el reconocimiento de las Comunidades Autónomas, surgió un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que se denomina a esta región como «Nacionalidad histórica» —término utilizado para designar a “las comunidades que se declaran con una identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto de España”— y el catalán adquiere estatus de lengua oficial junto al español.

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Carlomagno, monarca germánico. Retrato Eric Prat de la Riba por Antoni Utrillo. Francisco Franco.Foto: Circa / Museu Nacional d’Art de Catalunya / Biblioteca Virtual de Defensa

CATALANISMO

Hoy día, se entiende principalmente como un movimiento dedicado a exaltar la 'identidad' catalana: tradiciones, cultura y lengua. Con frecuencia se usa el término 'catalanismo cultural' para distinguirlo de su variante política.

El nacionalismo catalán se sustenta en considerar a Cataluña como una nación por derecho propio con base en su desarrollo histórico, instituciones e identidad particulares. Las corrientes existentes se clasifican según la relación que pretenden mantener con España; las principales son el federalismo y el independentismo.

Éste último defiende que Cataluña es oprimida por España desde la invasión borbónica de 1714 y que en su pertenencia a este país se encontraría el origen de un presunto atraso cultural, social, económico y político. La forma de alcanzar un pleno desarrollo sería dejar de formar parte del Estado español y convertirse en una nación soberana.

Un punto en el que todas las corrientes parecen concordar es la necesidad de modificar el «pacto fiscal». Se trata de uno de los asuntos más espinosos para el gobierno español. El déficit fiscal en la balanza catalana consiste en la diferencia entre los impuestos que aporta a España y lo que recibe de la administración central. Otras regiones que enfrentan la misma situación son: Islas Baleares, Valencia y Madrid, siendo ésta última la que opera con mayor déficit. Esto se debe al “principio de solidaridad”, lo que en pocas palabras significa que una parte de lo aportado por las comunidades más ricas se destina a comunidades más pobres.

Otra situación que separa a los movimientos y partidos independentistas es la cuestión geográfica. Falta consenso acerca de la extensión que debería tener la nueva nación. Algunos persiguen independizar a Cataluña con sus límites actuales; otros, con pretensiones pancatalanistas, reclaman la unión de los 'Países Catalanes': la Franja de Poniente en Aragón, la comarca de El Carche en Murcia, la Comunidad de Valencia, las Islas Baleares, el Rosellón y la Cerdaña en Francia —a lo que llaman Cataluña Norte—, la ciudad de Alguer en Italia y el Principado de Andorra. Su propuesta consiste en unificar estos territorios bajo un modelo confederado.

RECIENTE

Este año, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en su intervención ante la Cámara de Diputados del 21 de octubre dedicó la primera parte de su discurso a recapitular “¿cómo hemos llegado hasta aquí?”. Lo hizo en tono de reproche, acusando al Govern. La de Rajoy no es una pregunta ociosa para quienes desconocen la complejidad del Procés català (Proceso independentista catalán). Sin embargo, el propio Rajoy contribuyó a llevar el asunto “demasiado lejos”. Si bien los síntomas han estado ahí por mucho tiempo, en los últimos años este problema no hizo más que escalar y ha explotado durante su guardia.

En septiembre de 2009 varios grupos independentistas del municipio de Arenys de Munt (Barcelona) organizaron una consulta popular sobre el deseo de separarse de España. Originalmente el Ayuntamiento otorgó su apoyo. Ante los recursos que pedían la suspensión del sondeo lo retiró. Hubo una pequeña manifestación de protesta de corte falangista. Un juzgado invalidó el acuerdo plenario a favor de la consulta municipal, sin embargo, ésta se llevó a cabo. Según datos de los organizadores votaron alrededor de 200 mil personas de un universo de 700 mil electores —menos del 30 por ciento—y ganó el “Sí” con el 96 por ciento. La pregunta estaba formulada como sigue: “¿Estás de acuerdo en que Cataluña sea un estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”. Este tipo de planteamiento, engañoso, ha sido constante en posteriores encuestas y sondeos: presupone la pertenencia a la asociación de Estados europeos y nunca ha existido ninguna garantía de que eso pueda suceder.

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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España. Foto: EFE/Chema Moya

A fines de 2005, el Parlament de Catalunya elaboró una propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía. Este proyecto se turnó a las Cortes para su aprobación y fue refrendado por el pueblo catalán mediante una consulta. Luego, el Partido Popular (PP) impugnó 114 de sus 223 artículos ante el Tribunal Constitucional. El descontento popular ocasionado se vio agravado por la fuerte crisis económica que recorrió Europa y afectó drásticamente a España alrededor de 2008. Varios políticos culparon a la administración central española por el 'retroceso' de los municipios catalanes. Tras múltiples tensiones y una larga espera, en 2010 el Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos. Además, la sentencia afectaba otros 27 dejándolos “sujetos a la interpretación del Tribunal”. Los contenidos más afectados por la resolución fueron Lengua, Administración de Justicia y Finanzas.

Esto derivó en múltiples reacciones de rechazo entre los parlamentarios y los ciudadanos catalanes. La más emblemática fue la multitudinaria marcha del 9 de julio en Barcelona. Los manifestantes salieron a las calles con el lema “Som una nació, nosaltres decidim” (Somos una nación, nosotros decidimos). Los datos sobre la asistencia van de 350 mil a 1.5 millones de personas según la fuente que se consulte, empero, la presencia del nacionalismo independentista fue mayoritaria si se atiende a las consignas utilizadas, como “Cataluña no es España”, y el predominio de la bandera independentista —cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, a la derecha un triángulo azul y en él una estrella blanca, por lo que se conoce como estelada— frente a la catalana.

Dos meses después, poco antes de convertirse en presidente de la Generalitat, Artur Mas fue cuestionado sobre el sentido de su voto en un referéndum independentista y respondió que como ciudadano votaría a favor, pero como representante popular “no provocaré un proceso rápido que yo sepa que divide al país por la mitad. Con una mitad a favor y una mitad en contra. Porque esto es generar un problema dentro de Cataluña. Una cosa es que Cataluña tenga una cierta tensión con el resto del Estado y sobre todo con los poderes de Madrid. Otra cosa es que nosotros generemos ese problema en el interior de Cataluña”.

A fines de 2007, Mas ya había declarado a favor de una iniciativa de este tipo, agregando que para obtener resultados válidos se requeriría lo mismo que para modificar una ley en el Parlament: mayoría de dos tercios. La mayoría simple fue descartada porque, en palabras de Mas, “decidir la mitad más uno contra la mitad menos uno... ¿a qué nos lleva?”. Por las mismas fechas Mariano Rajoy, entonces presidente del PP, declaraba “No hay más que una nación: la española” y sentenció que España no era “una nación de naciones”.

En julio de 2012 se realizó una propuesta de pacto fiscal que pedía dotar a Cataluña con un sistema similar al de Navarra. Rajoy, en su primer mandato como presidente del Gobierno, lo rechazó por considerarlo inconstitucional. La respuesta de Mas fue declarar que esa había sido la última posibilidad de entendimiento con España. La celebración de la Diada se convirtió en un nuevo reclamo nacionalista, en otra marcha barcelonesa, esta vez bajo el lema “Catalunya, nou estat d'Europa” (Cataluña, nuevo estado de Europa) y con cifras de participación tan dispares como la de 2010, entre 600 mil y 2 millones de asistentes. Dos semanas después el Parlament aprobó organizar una consulta para que “el pueblo catalán decida si quiere constituirse en un nuevo Estado en Europa”. En diciembre se firmó el compromiso con dicho ejercicio (Pacto por la Libertad). Otro hecho importante de este año fue que varios municipios se declararon “territorio catalán libre”. Aunque esto no tenga ninguna consecuencia real sí posee una fuerte carga simbólica: 197 municipios y cinco comarcas utilizan esta denominación.

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Manifestación “Som una nació , nosaltres decim”, 2010. Foto: Xenaia

El 2013 trajo la firma de la “Declaración de Soberanía y el derecho a decidir del Pueblo de Cataluña” que definía a este territorio como sujeto político, jurídico y soberano. En marzo de 2014 esa resolución fue anulada por el Tribunal Constitucional. Los magistrados también se pronunciaron contra la iniciativa que promovía el “Pacto por la Libertad”. Tras múltiples negociaciones y desencuentros al interior del Parlament, a unos días de cerrar el telón del 2013, Artur Mas anunció su intención de celebrar el referéndum por el derecho a decidir el 9 de noviembre del año siguiente y preguntar a sus gobernados: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.

En enero de 2014 el Parlament envió al Congreso una petición para que el referéndum fuese autorizado. La solicitud fue rechazada en abril y el Parlament reaccionó alumbrando una ley de consultas propia en septiembre. El Gobierno de España presentó un recurso en su contra y el Tribunal la suspendió. Esto no frenó a los catalanes, cabe recordar que, desde 2012, Mas había sido claro al respecto: “La consulta debe producirse en cualquier caso. Si se puede hacer la vía del referéndum porque el Gobierno lo autoriza, mejor. Si no, debe hacerse igualmente”.

El día previsto, y sin intervención policíaca, pudieron votar los mayores de 16 años y los extranjeros residentes. Los datos oficiales arrojaron la participación de 2 millones 305 mil 290 personas y el gane del “Sí-Sí” con un 80 por ciento.

Mas declaró que intentaría pactar con el Gobierno llevar a cabo una nueva consulta con valor jurídico. En respuesta al proceso participativo del 9 de noviembre, la Fiscalía General del Estado promovió una querella penal contra el presidente catalán y varios elementos de su administración. Los acusó de varios delitos: desobediencia, usurpación de funciones, prevaricación y malversación. Unos días después, el president anunció un plan que pretendía conseguir la independencia catalana en un plazo de 18 meses. El PP contestó con la Declaración de La Granja en la que básicamente manifestaba su oposición argumentando que “la soberanía y la unidad de España” no están sujetas a negociación. En diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comenzó el proceso contra los cuatro imputados.

2015 inició con una novedad: Mas anunció que las elecciones se adelantarían a septiembre de ese año y que tendrían carácter 'plebiscitario', es decir, declararían oficialmente la independencia si los partidos soberanistas ganaban el proceso electoral y se cumplían dos condiciones: los institutos debían dejar claro que votarlos conllevaba optar por la independencia y las formaciones estaban obligadas a fijar una 'hoja de ruta' con dicho propósito. Tras el anuncio, Mariano Rajoy declaró que "ningún Gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía nacional".

A pesar de que los niveles de participación alcanzaron un máximo histórico (77.3 por ciento), los resultados de la jornada electoral no fueron los esperados. Las organizaciones identificadas como secesionistas ganaron en cantidad de escaños pero no de votos, sólo el 47 por ciento votó por partidos que cumplían los requisitos fijados, mientras que el 52 por ciento apoyó a otras opciones políticas, incluidas algunas plataformas favorables al “derecho a decidir”, aunque alejadas del programa estrictamente independentista; este matiz ha llevado a otra interpretación de los resultados: el porcentaje obtenido por los partidos explícitamente contrarios a la soberanía sería solamente del 39, la independencia habría ganado por ocho puntos. Se mire como se mire, las cifras están tremendamente alejadas de los dos tercios (mayoría absoluta) que planteó Artur Mas. En desacato a sus propias reglas, en noviembre de ese año, el recién constituido Parlamento de Cataluña aprobó una resolución para iniciar el proceso de creación de la república catalana, con desenlace idéntico a los intentos anteriores: impugnaciones seguidas por dictamen de inconstitucionalidad.

Con el arribo de 2016, Carles Puigdemont fue nombrado presidente autonómico. En el acto de investidura dio el pistoletazo de salida a la 'preindependencia'. Para zanjar los desacuerdos entre partidos, en septiembre, Puigdemont anunció una nueva consulta popular y ofreció al gobierno central pactar los términos no sin advertir que si no se alcanzaba un acuerdo se llevaría a cabo de cualquier manera.

En junio del año en curso se hizo el anuncio oficial del referéndum. Fue programado para el primero de octubre e incluiría una sola pregunta, “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, y dos posibles respuestas: “Sí” o “No”. En agosto se presentó un proyecto legislativo que marcaba las pautas a seguir dentro del proceso de transición administrativa, tras la ruptura con España, en caso de que las papeletas dieran la victoria al “Sí”. Al mes siguiente se aprobó el proyecto pero, de nueva cuenta, fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Los independentistas optaron por ignorar esta medida. En septiembre se aprobó la Ley de Referéndum que otorgaba valor jurídico tanto a su realización como a los resultados. Sin embargo, y por paradójico que suene, esta ley es ilegal según el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, norma que exige los famosos dos tercios para su aprobación.

Así llegamos a la jornada electoral del primero de octubre y a los desesperados intentos de Rajoy por impedir su celebración. La consulta, calificada como ilegal por el Constitucional y la Comisión Europea, se desarrolló entre múltiples irregularidades: traslado de urnas sin precintar, personas que votaron varias veces y papeletas caseras que se dieron por buenas, entre otras. Cinco días después, la Generalitat difundió los resultados: una participación del 43 por ciento en la que nueve de cada diez votos fueron para el “Sí”. Estas cifras no han sido sometidas al escrutinio de ningún organismo independiente.

El Gobierno español recibió fuertes críticas por la decisión de enviar agentes del Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil a incautar el material electoral. En las redes sociales y las páginas de noticias proliferaron imágenes de cargas policiales aunque se ha alegado que muchas no pertenecen a incidentes de ese día. Las acciones para 'preservar el orden' dieron pie a memes en los que se comparaba a Rajoy con Franco. La Generalitat informó que más de 844 individuos recibieron atención en los servicios de salud. La investigación en curso baja la cifra a 130 partes médicos. Según el Ministerio de Interior, 431 policías fueron heridos.

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Carles Puigdemont firmó la declaración de independencia catalana, pero la dejó en suspenso para iniciar un diálogo con el gobierno español. Foto: Notimex/Albert Salamé/FRE/POL

ESTADO SCHRÖDINGER

El 10 de octubre, tras la extraña Declaración Unilateral de Independencia (DUI) anunciada por el presidente Puigdemont (enseguida presentó una petición para 'suspenderla” unas semanas), la confusión sobre el significado de aquel acto provocó que corriera mucha tinta.

Un bloguero explicó la situación catalana como una especie de Estado de Schrödinger en el que Cataluña será simultáneamente independiente y no hasta que Puigdemont, o el Parlamento, se decida a abrir la 'caja' de la suspensión. Otro bloguero se cebó en la reacción del Presidente de Gobierno: “Mariano Rajoy apareció preguntándose ante toda la nación si lo que Puigdemont había transmitido al Parlament era en realidad una declaración de la independencia. El hombre, en toda su galleguidad, pidió que se lo aclararan”. Así las cosas, llegó la aplicación, por parte del jefe de gobierno español, del artículo 155 de la Constitución que en su primer punto reza: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”

Ciertamente la Generalitat ha estado dando bandazos. En un comunicado enviado a sus delegaciones en el exterior, el gobierno catalán explicaba que "una declaración de independencia no implica inmediatamente la creación de una Cataluña independiente ni su continuidad o exclusión de la Unión Europea", organismo que reiteradamente ha manifestado su negativa a respaldar las acciones independentistas al tiempo que ha rechazado la inclusión de la República Catalana en la Comunidad Europea a menos que España la avale.

Otro incidente digno de mención fue la modificación realizada a la Wikipedia en donde se incluía a Cataluña en la lista de los Estados más breves de la historia. La entrada, eliminada menos de 10 minutos después, mencionaba a la República de Cataluña con una vida efectiva de ocho segundos y generó una acalorada discusión en los foros de la página.

El Senado español apoyó poner en marcha el 155, es decir, el cese inmediato del presidente, el vicepresidente y los consejeros del gobierno autonómico; así inició la intervención del gobierno de Rajoy en Cataluña, un proceso que según el presidente no trata de suspender la autonomía sino de devolverla a la ley.

La Fiscalía española se sumó a la escena con una querella contra Carles Puigdemont por rebeldía, delito que podría enviarlo a prisión hasta por 30 años.

El gobierno de Rajoy ha convocado a elecciones a los catalanes. Los comicios se celebrarán el 21 de diciembre. El mandatario español declaró que “son las urnas, las de verdad, (…) las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes”.

Partidos independentistas anunciaron que llevarán en sus listas de candidatos a miembros del Govern que están en prisión y al presidente cesado, Carles Puigdemont. Entre los detenidos figura el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien rechazó una propuesta para integrar una sola lista de aspirantes con el consenso de las principales formaciones soberanistas.

Puigdemont viajó a Bruselas y, en calidad de prófugo, busca que el problema catalán sea tratado por el Parlamento Europeo. Sus intentos por llamar la atención sobre el 'golpe de Estado' en Cataluña, al cierre de esta edición, no han prosperado. Desde territorio belga ha criticado a Rajoy acusándolo de que “antepone la vía judicial al diálogo”.

El 8 de noviembre, el Tribunal Constitucional anuló la ley de transitoriedad y la Declaración Unilateral de Independencia. Esto marcó del fin de un capitulo más en una historia con un número indeterminado de episodios. La independencia de Cataluña permanece sobre el tablado español y allí convive con las llamadas al diálogo, las rutas provisionales y definitivas, los recursos judiciales. Se mantiene allí, en el suspenso de las mayorías que no lo son o quizá sí, mientras la mirada mundial, cautivada, atiende la evolución del conflicto.

Correo-e: dianaavrenim@hotmail.com

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Foto: Reuters/Eloy Alonso

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Antonio Estruch Bros, L’Onze de Setembre de 1714. Foto: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

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Diada castellera de las fiestas de la Mercè. Foto: EFE/Alberto Estévez

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Foto: Archivo Siglo Nuevo

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Artur Mas, felicita a su sucesor, Carles Puigdemont , 2016. Foto: EFE/Alberto Estévez


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