Desde hace por lo menos una década, México se encuentra sumido en una crisis institucional en materia de seguridad y justicia. El síntoma más visible de la crisis es una imparable ola de violencia que suma ya cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, sin contar otros delitos de alto impacto como el robo violento y el secuestro, que resulta muy difícil de medir debido a la escasa denuncia. Aunque el discurso oficial no lo reconozca o evada abordar de frente el problema, México sigue escalando en la peor espiral criminal de su historia reciente. Y esto es así con todo y los acuerdos, plataformas, operativos y reformas, la intervención extraordinaria del Ejército en labores de seguridad pública y los miles de millones de pesos invertidos en frenar a la delincuencia organizada y común. ¿Por qué? Una hipótesis apunta a que la seguridad y justicia en México están secuestradas por la mala política, las agendas partidistas y la cortedad de miras.
El expresidente Felipe Calderón decidió sacar al Ejército a las calles once días después de haber asumido el poder. De acuerdo con el discurso oficial, lo hizo para reforzar las tareas de seguridad en medio de un contexto en el que las policías estatales y municipales habían sido rebasadas por el poder de fuego del hampa. No obstante, no son pocos los analistas que vieron en la medida una estrategia desesperada para intentar legitimarse tras su apretado y cuestionado triunfo en las urnas. Una medida para la cual no midió las consecuencias. El presidente Enrique Peña Nieto ha seguido la misma ruta: dejar que sean los militares quienes se encarguen de la seguridad, mientras los cuerpos civiles policiacos se recomponen y arman para hacer frente al crimen. Pero este hecho se ha convertido en una especie de trampa, ya que los gobiernos en general no hacen lo que les corresponde y/o simulan que lo hacen, mientras son los soldados los que se baten con los delincuentes, con las consecuencias de desgaste y vulneración de Derechos Humanos que eso trae.
Si bien se reconoce desde el poder político que es una situación extraordinaria, por no decir anomalía, el hecho de que el Ejército realice labores que en esencia no le corresponden, poco o nada se ha avanzado para fortalecer a las instituciones, con el fin de, en un futuro no muy lejano, prescindir del apoyo militar. Pero que no haya avances sustanciales no quiere decir que nada se haya hecho o intentado. Desde el sexenio pasado se han establecido acuerdos entre el gobierno y la sociedad civil organizada para mejorar la seguridad y justicia, fortalecido plataformas policiales, firmado convenios intergubernamentales, propuesto esquemas homologados de evaluación y aprobado reformas en la materia, como las que crearon los mandos únicos estatales, el nuevo sistema penal acusatorio y las fiscalías, que en algunos estados apenas están dando sus primeros pasos.
Dos informes publicados la semana pasada ponen de manifiesto el gran fracaso institucional con todo y los esfuerzos mencionados. Según el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, elaborado por el doctor en derecho Raúl Zepeda Lecuona y presentado por el proyecto Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se esclarezca en México es menor al uno por ciento, 0.89 por ciento, para ser exactos. Las razones de esto se encuentran en parte en la falta de capacidad y capacitación, lo cual redunda en un mal servicio a la ciudadanía que cada vez confía menos en estas instituciones, al grado que de cada 100 víctimas de delitos sólo 7 presentan denuncia, de acuerdo con datos del Inegi. Otro estudio, éste elaborado por las asociaciones México Evalúa y Cidac, exhibe que a un año de iniciado el nuevo Sistema de Justicia Penal ya enfrenta graves rezagos en la resolución de casos. Casi la mitad de las carpetas abiertas en 2016 están pendientes de conclusión. Es decir, se observa el mismo problema que con el viejo sistema. El reporte advierte que buena parte del problema recae en que las agencias de los estados cuentan cada una con su "método" de investigación criminal, el cual muchas veces no cumple con los requisitos mínimos de probidad y certeza científica.
Aquí surge la pregunta ¿por qué los gobiernos estatales no se han abocado a fortalecer sus fiscalías o procuradurías para avanzar en el esclarecimiento de los delitos? No es difícil ver en el uso político que suele darse a estas instituciones un obstáculo para construir modelos más eficientes. Los recelos entre gobiernos emanados de distintos partidos, la falta de coordinación entre los mismos para homologar criterios o apoyarse en la investigación y la utilización de los mecanismos de justicia para cobrar venganza de rivales políticos, van en contrasentido de la creación de una fiscalía eficiente. Destinar recursos a acciones de revancha y control político implica desviarlos de las estrategias encaminadas a un verdadero fortalecimiento institucional.
Pero también existe un problema de visión, a decir de Ernesto López Portillo, fundador de Insyde y especialista en temas de seguridad y Derechos Humanos que la semana pasada estuvo en Torreón y fue entrevistado por El Siglo. Para el investigador, el enfoque usado por la autoridad para enfrentar a la delincuencia ha sido el equivocado, ya que no es poniendo más policías o soldados en las calles como se va a resolver el problema. Se ha dejado de lado el trabajo de reconstrucción de un fracturado tejido social que se ha convertido en el caldo de cultivo del crimen. Y el único esfuerzo desplegado para atender este punto, el Programa Nacional de Prevención de la Violencia, ya no cuenta con recursos, además de que, mientras los tuvo, no pudo ser blindado al 100 por ciento para evitar el uso clientelar que se le da a los programas sociales. Además, los esfuerzos para cortar las fuentes de financiamiento del crimen son débiles por no decir nulos.
Si a todo lo anterior sumamos la realidad por la que atraviesan actualmente las principales instituciones de procuración de justicia del país, como lo son las fiscalías anticorrupción, electoral y general y la procuraduría de la República, que se encuentran acéfalas de cara a la elección más complicada de la historia democrática del país, la hipótesis de que la seguridad y justicia en México están secuestradas por la mala política, las agendas partidistas y la cortedad de mira parece confirmarse. El problema es cómo salir de este círculo tóxico. A la mala política partidista habrá que oponer un buena política ciudadana para exigir que las instituciones de seguridad y justicia se fortalezcan bajo criterios objetivos, y que las fiscalías sean autónomas y eficientes independientemente de quien gobierne el país o una entidad federativa.
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