De acuerdo con información de Paulina Cataño, investigadora de Fundar, Centro de Información y Análisis, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el gobierno federal gastará 60 mil millones de pesos en publicidad gubernamental, que es prácticamente el doble de los casi 33 mil millones que gastó Felipe Calderón y éstos, a su vez, fueron el doble de los 16 mil millones de pesos que erogó Vicente Fox Quezada.
Normalmente los últimos años de gobierno de cada sexenio se elevan los gastos en publicidad, en un intento por posicionar a base de presencia mediática la imagen del presidente saliente. En el caso de Felipe Calderón en su último año de gobierno, de acuerdo a una información publicada en el portal de Proceso el 4 de diciembre de 2012, gastó 7 mil millones de pesos, que de haberse mantenido a lo largo de todo el sexenio hubiesen correspondido a más de 40 millones de pesos en publicidad.
En el caso de Peña Nieto, entre el 2013 y el 2016 gastó más de 36 mil millones de pesos, a pesar de que le habían autorizado en el presupuesto únicamente 21 mil millones de pesos, es decir, lo ejercido rebasó lo aprobado en 71%; únicamente en el año de 2016, el sobre ejercicio fue de 133 por ciento, según dijo Castaño.
Lo que se gastó en propaganda gubernamental en los distintos medios de comunicación, de acuerdo a lo señalado por la investigadora equivale al presupuesto asignado en 2015 y 1026 para la atención de los daños provocados por los desastres naturales.
Los gobiernos pueden despilfarrar recursos en intentar promocionar sus acciones y promocionar a sus titulares, por dos razones fundamentales: primero, no hay ninguna disposición legal que los obligue a ceñir sus gastos al presupuesto aprobado en la Ley de Egresos, que cada año tiene que aprobar la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre. En este sentido es obvio que siempre puede haber variaciones entre los proyectado y aprobado contra lo ejercido, en muchas ocasiones por causas totalmente externas, como pueden ser por ejemplo los llamados desastres naturales, sin embargo, esto no debe ser arbitrario, sino que tiene que tener un tope.
Es decir, debe haber un margen de alrededor del 10% que el Ejecutivo puede realizar, sin necesidad de autorización de la Cámara de Diputados y esto puede ser en ambos sentidos, es decir, disminución o adición, pues en muchos de los casos deben ser reasignación de partidas presupuestales, por lo cual lo restarán de algunos rubros y lo agregarán en otros.
Pero después de ese porcentaje debiese haber autorización previa de la Cámara de Diputados, pues casos como el de 2016, en el cual el gasto ejercido en comunicación social del gobierno federal más que duplicó el autorizado, deben sancionarse, pues muestran que no tiene ningún sentido presentar un presupuesto, debatirlo, reasignar partidas y aprobarlo, si finalmente lo ejercido nada tiene que ver con lo aprobado.
La segunda razón es que el Congreso ha incumplido, durante más de 10 años, con la obligación autoimpuesta en el artículo 3 transitorio de la reforma del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, para promulgar la ley reglamentaria al entonces párrafo séptimo de dicho artículo que precisamente deber regular la propaganda gubernamental.
Los legisladores han incumplido con dicha responsabilidad con plena conciencia, pues es precisamente lo que les permite abusar del recurso público para castigar a los medios y periodistas incómodos y comprar las voluntades de aquéllos que están dispuestos a convertirse en sus promotores y aduladores; por otra parte, la ausencia de normas específicas también les abre la puerta para comprar con recursos públicos espacios en los medios de comunicación supuestamente para la difusión de las acciones gubernamentales y, utilizarlos durante los procesos electorales, para promover a los candidatos de su partido, aunque esto no se haga en espacios publicitarios, sino como publicidad encubierta.
El miércoles de la próxima semana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene programado discutir y votar un proyecto de resolución sobre un amparo que interpuso desde el 2014 la organización de la sociedad civil internacional Artículo 19, para obligar a los legisladores a cumplir con lo establecido, por segunda ocasión, en el artículo tercero de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2014, que los obligaba a expedir la ley reglamentaria a más tardar el 30 de abril del 2015.
El proyecto de resolución del Ministro Arturo Zaldívar ordena al Congreso a legislar antes del 30 de abril de 2018, lo cual es fundamental para avanzar en la construcción de una institucionalidad más democrática, que implica limitar el despilfarro de recursos públicos, así como, su desvío. Sin embargo, la aprobación de la resolución en el sentido propuesto es apenas ganar la primera batalla, pues todavía falta que los legisladores elaboren un proyecto de ley que responda a las características de una sociedad democrática.
Lamentablemente, la reforma aprobada a la Ley Federal de Telecomunicaciones el pasado 27 de octubre, para evitar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita los lineamientos de los derechos de las audiencias, muestra que sin importar lo señalado en la Constitución, los legisladores están dispuestos, incluso a modificar una legislación secundaria ya en vigor, para preservar las condiciones prevalecientes previas a la reforma, es decir, distorsionar los alcances de la reforma constitucional para mantener los privilegios de los grupos poderosos.
