A un año de que termine la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ésta sufre una crisis en la procuración de Justicia tras la salida del jurista Raúl Cervantes Andrade.
En efecto, durante la gestión del que pudiera ser el último procurador general de la República, Cervantes Andrade, pudo contener y sufrir los embates de la lucha política por el control de dicha institución.
Hoy, el ámbito de procuración de justicia se encuentra sin fiscal anticorrupción porque los mismos grupos políticos toman como presa y bloquean la designación para que la clase política actual no pueda ser investigada, no sólo eso, sino que a unos meses de la elección presidencial que será sin duda de vital importancia para el futuro de México la fiscalía de delitos electorales fue decapitada con un alto costo para nuestra incipiente democracia y más aún la discusión sobre la futura Fiscalía General, está paralizada por la política, y por el temor y terror de quien pudiera ser el nuevo fiscal quien investigaría, entre otros, a la saliente clase política.
Es claro, las tres fiscalías que podrían investigar a la clase política están acéfalas. El presidente Peña Nieto, en el único tema que han coincidido con el líder y candidato a la Presidencia del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, es señalar que la designación del fiscal general sea después de los próximos comicios presidenciales.
La importancia de su elección es vital para el Estado de Derecho y para el embate a la corrupción que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana.
Es fundamental la independencia con que debe de contar quien sea ungido en esta nueva Fiscalía General de la Nación; la temporalidad es excesiva, ya que la medida de tiempo de duración de un procurador ha sido de dos años, por los nueve en que está planteada humanamente no es factible, dado el desgaste que día a día emprende en su persona quien desempeñe dicha encomienda.
Pero esta crisis no es propia de México, contrastes opuestos se reflejan en toda América, por un lado, en Estados Unidos resalta la investigación emprendida por Robert Mueller el pasado mes de mayo, cuando se constituyó el Consejo Especial por orden del fiscal general adjunto, Rod Rosentein, dio resultados sobre el caso que se conoce como Trama Rusa, pues el Gran Jurado se ha pronunciado por el procesamiento de algún personaje del entorno cercano al hoy presidente Trump durante el proceso electoral del vecino país.
Por el otro lado, el Congreso brasileño desecho la demanda por corrupción que el fiscal general había formulado contra el presidente del gobierno, Michel Temer.
El pasado 30 de octubre la fiscal general argentina, Alejandra Gils Carbó, quien ocupaba el cargo desde 2015, renuncio debido a las presiones del gobierno del presidente Mauricio Macri, que interfería las investigaciones por corrupción contra funcionarios de la ex presidenta Cristina Fernández, renuncia que se llevará a cabo a partir del próximo 31 de diciembre.
Y para finalizar, en México la tarea se aprecia que será difícil, la participación de la sociedad civil es fundamental en la construcción de la nueva Fiscalía. Es la hora de regresar a la política de verdad, la que no atiende a intereses grupales, y pugna por el Estado Social y Democrático de Derecho.
