Samuel García Ramírez, representante de la empresa Teléfonos para la República S.A. de C.V. (TelRep), dio a conocer una serie de irregularidades de funcionarios estatales que manejan el sistema penitenciario.
En víspera de concluir la actual Administración Estatal que encabeza Rubén Moreira Valdez, surge un escándalo de presunta corrupción que involucra a funcionarios estatales responsables de los centros penitenciarios de Coahuila. Lo anterior, según señalamiento que realiza un empresario de Nuevo León, que prestaba el servicio de telefonía en algunos penales.
Samuel García Ramírez, representante de la empresa Teléfonos para la República S.A. de C.V. (TelRep), dio a conocer una serie de irregularidades de funcionarios estatales que manejan el sistema penitenciario local; denunciando que fue objeto de robo al no entregarle su equipo y que le han solicitado 150 mil pesos para reanudar la prestación del servicio.
Relató que desde 2013 presta el servicio de telefonía para que los internos puedan comunicarse con su familia, en los penales varonil y femenil de Saltillo, en el de San Pedro, cuando operaba, y en el de Piedras Negras, éste último a partir del mes de agosto de 2014.
García Ramírez refiere que no recibió el pago de sus servicios del mes de diciembre del penal de Piedras Negras y allí surgió el problema. Pues según establece, el trato se hizo con Ricardo Aguirre, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, dependencia con la cual acordó entregar el 3.5 por ciento de sus ingresos como renta.
