Rubén Moreira llega al cierre de su administración estatal en Coahuila con un balance de contrastes en el que los aspectos positivos que más destacan son la disminución de los índices de inseguridad y violencia y la superación de la meta de generación de empleos; en contraparte, se queda a deber en rubros como la rendición de cuentas y la atención a la salud.
Cuando hace seis años Moreira asumió el poder, el estado atravesaba la peor crisis de seguridad de su historia reciente. La situación estaba fuera de control, con los índices delictivos más altos nunca antes vistos y un crimen organizado que dominaba sobre amplios territorios, un fenómeno que se replicaba y aún se replica en otras partes del país. Con ayuda del Ejército Mexicano, el Gobierno estatal logró recuperar poco a poco el control, cortar las fuentes de financiamiento del hampa y acotar la acción de los grupos delictivos. Sin embargo, no puede decirse que la labor esté terminada y hace falta ver qué tan firmes son los cimientos que se han comenzado a fincar.
La inseguridad abrió profundas heridas en la sociedad y dejó al descubierto las fallas de las corporaciones y los vacíos en la normatividad. Precisamente en este último punto, la administración que está por terminar se empeñó por actualizar la legislación enviando iniciativas al Congreso local, las cuales en su mayoría fueron aprobadas gracias al control de su partido en la cámara. Algunas de estas iniciativas fueron polémicas, pero otras necesarias para enfrentar la crisis social del estado, como la ley de vanguardia de atención a familiares de víctimas de desaparición forzada, un problema que puso a la entidad bajo los reflectores internacionales.
Otro de los acentos del gobierno de Moreira estuvo en el desarrollo económico, área en la que desplegó una agresiva estrategia de atracción de inversiones, sobre todo asiáticas, que le permitieron no sólo rebasar las metas fijadas al principio del sexenio en generación de empleos, sino también acabar con la sequía de inversiones que afectaba a regiones como La Laguna. No obstante, se ha puesto en duda la calidad del empleo generando además de que aún queda camino por recorrer en la disminución de la brecha existente entre la región Sureste y el resto de la entidad.
Uno de los temas más polémicos ha sido el manejo de las finanzas públicas, y esto se debe a la deuda multimillonaria dejada por la administración anterior, encabezada por Humberto Moreira, hermano del gobernador actual, y Jorge Torres López. Desde el principio se manifestó la intención de darle la vuelta a la página al asunto del endeudamiento, no obstante al día de hoy éste sigue siendo un pesado lastre para el estado que se traduce en una limitada disponibilidad de recursos para obra pública.
Ligado a esto están la transparencia y rendición de cuentas. Los esfuerzos empleados por subir los indicadores de transparencia se vieron empañados por la negativa persistente a esclarecer el destino de los recursos de la deuda, los señalamientos no investigados por la presunta contratación de empresas “fantasma” y la falta de claridad en el manejo del dinero del Impuesto sobre Nóminas. Pero lo que más pesa es la nula rendición de cuentas, interpretada por algunos como protección o complicidad, en el caso de la operación de una presunta red de corrupción durante el sexenio pasado, asunto que se investiga en Estados Unidos y España, no en México.
Uno de los temas más sensibles y que al final del sexenio ha cobrado fuerza es el de la salud. Las denuncias por desabastecimiento de medicamentos, materiales y personal en las unidades médicas públicas estatales han ido en crecimiento, como es el caso del Hospital General de Torreón, el cual si bien pudo terminarse en esta administración, ha enfrentado desde el inicio de su operación carencias constantes.
Por último, en el aspecto político, las irregularidades detectadas en el proceso electoral del pasado 4 de junio y las denuncias de injerencia por parte del Gobierno estatal para beneficiar al candidato del PRI, Miguel Riquelme, han manchado el proceso de transición, el cual no ha podido iniciar al cien por ciento debido a que el Tribunal no ha resuelto la validez de los comicios. La factura que cobrará el probable futuro gobernador en este sentido será de una legitimidad acotada, a la par de que heredará un estado con avances evidentes, pero también con grandes retos.
