La aplicación de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en México, desprovistos en su mayoría de instrumentos para sancionar de manera ejemplar a quienes abusan de su poder, han llevado a la gestión pública de la simulación al descaro. Hoy la frase "no tengo nada que ocultar" no significa que no se ha cometido ilegalidad alguna sino que no se le teme al castigo porque se considera segura la impunidad.
Se puede alegar, por supuesto, que actualmente se encuentra en la cárcel el mayor número de ex gobernadores de la historia de nuestro país y que eso demuestra que el combate a la corrupción funciona; sin embargo, en todos los casos la proporción del castigo está lejos de ser equivalente al daño que ocasionaron esos malos servidores públicos en sus entidades; sin mencionar que, de todas maneras, se trata de excepciones que cumplen más un castigo político que uno jurídico.
Lo cierto es que enterarnos de las corruptelas casi nunca viene acompañado de castigos ejemplares y que eso alienta el descaro. Tomemos como ejemplo todo lo que se ha conocido de Pemex en el presente siglo, desde Oceanografía hasta Odebrecht, pasando por OHL, para corroborar que saber más no ha significado nada en términos de frenar a los corruptos y, por el contrario, hoy los principales implicados en el escándalo con la empresa brasileña se pasean alegremente, sabedores de que el sistema los protege.
Pero son más graves todavía los mecanismos que se utilizan para legalizar -mas no legitimar- el saqueo, como sucede con las multimillonarias devoluciones de impuestos que año con año hace Hacienda a las grandes corporaciones o las transferencias de recursos públicos que realiza esa misma Secretaría a fideicomisos de dudosa existencia. Y ya ni hablar de todas las compras que realizan los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal a precios excesivos sin que nadie parezca dispuesto a detener el latrocinio.
Para sumar al pesimismo está, por supuesto, lo que terminó resultando el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente en las entidades federativas en donde los gobernadores, una vez más, mostraron su estatus de virreyes que hacen de la ley los que les viene en gana. De la manera más descarada que les fue posible colocaron pieza por pieza garantizando la prevalencia de la impunidad para su propio beneficio, sin pensar ni un ápice, como es su costumbre, en el bienestar de su tierra a la que, de toda evidencia, no le tienen cariño alguno.
En un escenario así, realmente no veo manera de, por lo menos, mesurar la corrupción en México. El problema de fondo es que dependemos totalmente de la "buena voluntad" del funcionario, para que "robe poquito" y lo haga de manera "discreta"; en otras palabras, la vía institucional ha sido rebasada por completo a tal punto que la simulación ya ni siquiera se ve necesaria, la era del descaro llegó para quedarse.
