Verdades y rumores
Ayer se dio a conocer una buena y una muy mala noticia para el PAN y sus aliados coyunturales en Coahuila. La buena es que el tremendo Trife dio entrada a dos recursos de impugnación presentados por los equipos jurídicos de los exsuspirantes a la gubernatura Guillermo Anaya y Javier Guerrero contra la decisión del Tribunalito que declaró válida la elección de la que salió ganador el priista Miguel Riquelme, como todos sabían que iba a ocurrir en el caso de la corte estatal. Con estas impugnaciones, los opositores abren un nuevo frente en la corte federal en su búsqueda por anular la elección, además del que fue abierto por el vapuleado INE con el nuevo incremento de los gastos de campaña de don Miguel.
O sea que tienen dos velitas encendidas -las últimas- para que se les haga el milagrito. La mala noticia es que la revisión de los recursos y el proyecto de resolución sobre los mismos correrán por cuenta de la magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto Fregoso, quien, como ya lo habían reportado nuestros subagentes, está vinculada con el partido tricolor, que fue el que la propuso como integrante del Trife. Además, cabe recordar que durante la discusión de la sesión en la que se le bajaron los gastos de campaña a Riquelme, doña Mónica fue una de las más férreas defensoras de la idea de que el INE se había excedido en su labor de fiscalización de los recursos ejercidos por el candidato priista. Pero en este asunto hay un detalle que resulta, cuando menos, intrigante. Casualmente, a quien le tocaba revisar y dictaminar los recursos de impugnación presentados por don Memo y el "Corcel Negro" era al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien, como ya se había dicho en este mismo espacio, fue impulsado por el PAN para llegar a la Sala Superior. Pero, misteriosamente, el Trife reportó que don Reyes salió "temporalmente de turno", por lo que no será a él al que le toque la chamba de armar el proyecto de dictamen, sino a Soto Fregoso. Dicen las malas lenguas que con esta decisión los panistas y compañía tendrían que rezarle a todos los santos, además de San Judas, si desean que de la revisión salga un dictamen favorable para ellos.
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A propósito de asuntos electorales, quien estuvo de visita en la Urbe de Adobe ayer fue el pastor nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien además de recibir de manos del gober Rubén Moreira el sexto y último informe de gobierno, estuvo arengando a la militancia con su encendida oratoria para mostrar fuerza de cara a los retos que vienen para el partido. En su discurso, don Enrique preguntó a los priistas asistentes "¿estamos listos para la nueva contienda electoral?". A lo que el público respondió al unísono con un "¡sí!". El líder tricolor siguió preguntando: "¿vamos a ganar las elecciones de nuevo en Coahuila?". Y la respuesta fue la misma: "¡sí!". Este curioso juego retórico fue aprovechado por varios maliciosos para sugerir que el jerarca del PRI estaba reconociendo que las elecciones se van a anular y que por eso hablaba de "ganar de nuevo" la contienda. Pero muy probablemente a lo que se refería Ochoa era a los comicios de junio de 2018, en los que se renovarán los 38 ayuntamientos del estado, además de la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. ¿O no?
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Y mientras la vía judicial de la elección termina por definirse, en los corrillos políticos ya se levantan las apuestas sobre quiénes serán los hombres fuertes del probable próximo gobernador. Como ya se ha dicho en ocasiones pasadas, el candidato más fuerte para ocupar la Secretaría General de Gobierno, una pieza clave del gabinete estatal, es José María Fraustro, quien desde el Congreso local y en el equipo de transición ya opera para el gober electo Miguel Riquelme. Como se sabe, las otras carteras fuertes del Gobierno estatal son la Secretaría de Finanzas, es decir, en donde se manejan los dineros públicos; la Secretaría de Infraestructura, en donde se proyectan las obras públicas; la Secretaría de Desarrollo Social, que maneja los programas clientelares -perdón, asistenciales-, y la Secretaría de Fiscalización, que es la que revisa -en teoría- el cumplimiento de las normas. Aunque todavía no está muy claro qué puesto ocuparía cada uno, ya hay algunos nombres de quiénes pudieran ser, ademas de don Chema, los hombres fuertes del riquelmismo. Se habla de Javier Lechuga, excontralor y actual director de Egresos de Torreón. También se oye por ahí el nombre de Xavier Herrera, gerente general del Simas, quien también suspira por ser candidato a la alcaldía. Y no se descarta aún que Gerardo Berlanga, director de Obras Privadas -perdón, Públicas-, dé el brinco. De quien se dice que regresará a la escena central es de Lauro Villarreal, el polémico contralor de la administración de Eduardo Olmos. Curiosamente, los cuatro personajes fueron blanco de las baterías del PAN durante la campaña electoral, cuando los acusaron de cometer varias travesuras.
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Del otro lado del Nazas, los subagentes nos reportan que las cosas están fuera de control para la cúpula panista, el polémico alcalde de Durango, José Ramón Enríquez y hasta el mismísimo gobernador de Durango, José Aispuro Torres. Esto se puso de manifiesto durante la asamblea para la elección de integrantes del Consejo que se realizó en días pasados en la sede estatal del PAN, y el cual quedó conformado, dicen, de manera plural, con la incorporación de liderazgos morales que hasta entonces no habían sido tomados en cuenta y quienes guardan cierto resentimiento por la forma en que se integró desde un principio el gabinete del gobierno de "alternancia" y de la propia alcaldía duranguense. De este modo, tal diversificación favorecería que ninguna de esas figuras -el gober Aispuro, el doctor Enríquez o la dirigencia panista- pueda asumir el control de votos ni de los grupos internos, como consecuencia de las formas, digamos, poco audaces que ha adoptado principalmente el alcalde de Durango, en su afán desesperado por convertirse en el candidato del PAN a la senaduría. Otro ejemplo del rechazo que ha generado entre la militancia la actual dirigencia estatal es la tremenda ovación a la inversa -entiéndase abucheo- que se llevó el secretario general Rómulo Campuzano cuando llegó a la sede del partido para participar en dicha asamblea. Y es que, dicen, don Rómulo está coleccionando como barajitas las denuncias y quejas en su contra por tratos, digamos, poco sutiles con la militancia. Hasta ahora dichas denuncias le han hecho lo que el viento a Juárez gracias al cobijo del presidente del partido, Lorenzo Martínez, quien ha hecho oídos sordos mientras Campuzano se ufana de tener la protección del líder nacional, Ricardo Anaya, quien libra en estos momentos sus propias batallas y enfrenta sus demonios particulares.
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En temas más escabrosos, el traslado de Luis "N" alias "El Tato" o "El Tatos", uno de los secuestradores más peligrosos del país, al Cefereso número 14 de Gómez Palacio, generó inquietud en distintos círculos de La Laguna de Durango, quienes ahora sí se empiezan a preocupar ante un eventual aumento de la inseguridad en esta zona por la presencia de familiares de éste y otros internos con semejante currículum delictivo que bien les pudiera alcanzar para un nivel de doctorado en la universidad del hampa. Y es que según las inquietudes que se han expresado a través de las redes sociales, las repercusiones podrían verse reflejadas hasta en una ausencia de inversiones de nuevas empresas, desalentadas por el "turismo penitenciario" ante el cual pocos se animarían a arriesgar sus capitales sobre todo cuando los municipios no han logrado el propósito de completar el número de policías preventivos que se necesitan para brindar seguridad a sus habitantes. A esto hay que sumarle el hecho de que, de acuerdo con reportes de la CNDH, el penal federal de Gómez Palacio es uno de los que presenta déficit de custodios ante la creciente población penitenciaria. Más allá del discurso oficial en el sentido de que el penal es de alta seguridad y lo cual implica una serie de restricciones para los internos, hay quienes lamentan esta especie de "herencia maldita" que dejó el exgober Jorge Herrera al construir en este municipio un Cefereso que en principio se dijo que sólo sería de mediana seguridad y después, a partir de 2016, comenzó a concentrar a todos los secuestradores del país para que, finalmente, este año, se elevara a categoría de máxima seguridad. En su momento, pocos representantes sociales como el entonces regidor Oswaldo Santibáñez, cuestionaron y rechazaron que el Cefereso concentrara a los secuestradores del país por las consecuencias que esto pudiera tener.
