Solicitud. Los ediles pidieron que con la misma rapidez se reintegren los recursos al municipio. (EL SIGLO DE TORREÓN/MARY VÁZQUEZ)
Un juez civil ordenó el pago de una deuda por 3.5 millones de pesos que tenía la Administración Municipal de San Pedro con una empresa gasolinera, pero se embargaron fondos federales, para cubrir la deuda, lo que contrapone la Ley de Coordinación Fiscal.
Por tal motivo acompañado por parte de su Cabildo, el alcalde, Juan Francisco González, se "plantó" ayer por la mañana en el edificio del Poder Judicial del Estado, asentado en San Pedro para solicitarle al juez Fernando Botello Ramírez, (quien resolvió a favor de la empresa), la reposición de los recursos, toda vez que se violó la ley que claramente especifica que los fondos federales no deben utilizarse para gasto corriente, puesto que son recursos etiquetados y destinados para fines muy específicos.
El juez Fernando Botello Ramírez, aseguró que en el oficio que se envió a la institución bancaria, se dispuso que la deuda no debía saldarse de los recursos que recibe el municipio de la federación y culpó al banco por incumplir tal disposición, al realizar el pago.
La demanda data del 2014, cuando la empresa de combustibles, que se localiza por la carretera a Cuatro Ciénegas demandó al Ayuntamiento por incumplimiento de pago de la pasada administración, por 2.9 millones de pesos y sumando intereses y accesorios, se elevó a los 3.5 millones de pesos y hace una semana el juez ordenó al banco que maneja las cuentas del municipio, la entrega del dinero por esa cantidad.
Fueron alrededor de 10 ediles, algunos de oposición los que acompañaron al alcalde Juan Francisco González, para solicitarle al juez Fernando Botello, que se realizara un procedimiento legal para que cuanto antes, se reintegre el dinero, incluso cuestionaron la rapidez en la que se hizo el trámite, toda vez que el miércoles de la semana pasada se envió el oficio y en menos de 72 horas se "vaciaron" las cuentas sin previa notificación al Municipio, por lo que se solicitó que con la misma rapidez se reintegre el recurso a las arcas municipales, toda vez que claramente se incumplió la Ley
Cabe señalar que los 3.5 millones de pesos corresponden a la última partida que se recibió del Fondo de Infraestructura Social y estaban destinados para obras de drenaje en algunas calles del Centro y para obras en varios ejidos, las cuales tuvieron que cancelarse en tanto se resuelva el procedimiento, que ahora tendrá que atenderse en los Juzgados de Torreón.
