La destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es otro síntoma de una enfermedad que aqueja a la República: la creciente desconfianza institucional.
Nieto, el llamado “fiscal de hierro” por su aparente imparcialidad en el manejo de los casos que le tocaron, cometió el error de forma de hacer público parcialmente el contenido de una misiva que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le envió en el marco de la investigación que se le sigue por sus presuntos vínculos con la trama Odebrecht. Nieto aseguró que Lozoya lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia. Lozoya, por su parte, publicó la carta íntegra para aclarar que lo que había solicitado era que se le aclarara sus situación legal.
El error, considerado de forma por algunos, le costó a Nieto el cargo. El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, destituyó a Santiago Nieto de la titularidad de la Fepade bajo el argumento de “faltar al código de conducta de la dependencia”. En resumen, el exfiscal no debió filtrar el contenido de la misiva, mucho menos con la interpretación que hizo. Al final, el error termina por afectar una de las investigaciones más importantes que se encontraban en curso, a saber, la del presunto pago de sobornos en 2012 de la empresa constructora brasileña a la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI y hoy presidente de la República.
Como era de esperarse, la reacción de la oposición y de un amplio sector del llamado círculo rojo fue la de censurar la decisión por considerar que se trata de un intento del gobierno federal priista por frenar una investigación que pone en juego los planes de la sucesión presidencial e, incluso, con el riesgo de llevar ante la justicia a altos funcionarios incluido el presidente. Para este sector, el error de Nieto no merecía la destitución y ésta se da por una decisión estrictamente política.
Pero desde 2015 Santiago Nieto, que fue aprobado por el Senado en su cargo, estaba en la mira del grupo gobernante. Luego de que el exfiscal abrió una investigación contra Arturo Escobar, entonces subsecretario de la Secretaría de Gobernación, por el reparto de tarjetas de apoyos clientelares en un proceso electoral, Nieto fue acusado públicamente de omitir en su currículum que había trabajado para la bancada del PRD en el Senado, situación que ponía en entredicho su imparcialidad. El caso no pasó a mayores. Tampoco el de Escobar.
Luego de su destitución, Santiago Nieto aseguró que pelearía jurídicamente por su restitución al considerar injusta la decisión de la PGR, para lo cual obtuvo el apoyo de las bancadas del PAN y el PRD, partidos hoy aliados en un frente, en el Senado. A pesar de la vehemencia de sus primeras declaraciones, el viernes pasado el exfiscal desistió de su afán bajo el argumento de no ser motivo de disenso en la cámara alta y de no contar con las garantías de ejercer nuevamente sus funciones debido a la polarización política que existe en el país.
Hay que recordar que hace unos días, bajo argumentos similares, Raúl Cervantes, extitular de la PGR, presentó su renuncia tras comparecer ante el Senado. Dijo que para evitar ser motivo de controversia en el marco de la creación de la nueva Fiscalía General de la República se hacía a un lado y en el ánimo de que la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción avanzara a un mejor paso. La realidad es que las instituciones republicanas sufren hoy una parálisis motivada por el enfrentamiento entre los partidos que buscan posicionarse de cara a la elección de 2018. El caso de la Fepade muestra, una vez más, que México está atorado en la lucha cíclica electoral en donde la falta de autonomía real de sus instituciones clave y la ausencia de políticos con estatura de miras en el gobierno y sus órganos de representación popular profundizan la desconfianza institucional y frenan el buen curso de la República.
