La procuraduría se ha convertido en un bulto de la administración federal. A poco más de un año del relevo en la presidencia, el gobierno deja esta institución crucial para la vigencia de la ley en el abandono. Han renunciado a su cargo tres procuradores y no hay ningún interés en llenar la vacante. Se nos anuncia que habremos de esperar hasta que llegue un peor momento. Tomarse el tiempo para que los electores decidan y conozcamos el nombre del nuevo presidente equivale a someter el nombramiento a una nueva conformación política. Si la autonomía se tomara en serio, la incertidumbre sería el mejor estímulo para llenar la silla vacía. Estamos hoy bajo un propicio velo de ignorancia. Los partidos no saben si ganarán o perderán. No saben si tendrán la presidencia o estarán en minoría. No saben si su peor enemigo ocupará la presidencia o si será uno de los suyos. Esa oscuridad debería ser considerada precisamente como la condición más propicia para convocar al funcionario competente y confiable que dé seguridad a todas las fuerzas políticas. Necesitamos un fiscal que imprima a la primera fiscalía la dignidad de la distancia. Esperar a la elección es apostar a sellarla, otra vez, con la política del día.
La procuraduría es una institución en ruinas. No tiene titular y el que ocupa sus funciones lo hace de manera precaria, sin el respaldo político indispensable para cumplir su función. Oficinas fundamentales como la Fiscalía Anticorrupción están vacantes y no se advierte intención de ocuparlas. Arrastra un estatuto constitucional obsoleto, mientras el congreso ignora las propuestas de reforma que se han planteado desde distintos órganos de la sociedad civil. Una institución clave de la vida de la república, está a la deriva. Lo han reconocido, con esas u otras palabras, sus titulares. Han dirigido una institución que no puede avanzar pero tampoco puede apearse para emprender su reforma. Pocas instituciones con tantos desafíos, ninguna con tan poca capacidad para afrontarlos. De la procuraduría depende la persecución de los delincuentes, la recuperación del orden, la vigencia de la ley. Nada menos. Al cumplir ya más de una década nuestra barbarie, la existencia de una fiscalía competente, con poderes sólidos y autonomía firme es urgente. En la medida en que subsistan las bases institucionales de su subordinación y precariedad; en la medida en que se prolongue su fragilidad política, seguiremos librando una batalla perdida contra la impunidad.
La agonizante ha encontrado fuerza, sin embargo, para hacer valer sus códigos de conducta y remover al fiscal electoral. La decisión es en extremo grave porque carece de una motivación sólida, porque aniquila la autonomía de un órgano indispensable de legalidad en el proceso electoral y porque constituye una amenaza al resto de los agentes de la imparcialidad.
Remover a un fiscal es un acto de extrema gravedad. Lo es más, cuando se trata de un fiscal electoral. Lo digo por la hechura jurídica del cargo. El funcionario necesita contar con el respaldo del Senado de la República. ¿Por qué se exige la ratificación senatorial de este funcionario? Porque debe inspirar confianza en las fuerzas políticas representadas en esa asamblea y porque su tarea necesita autonomía. El fiscal que persigue delincuentes electorales no puede estar sometido a las lealtades de partido o a las jerarquías ordinarias de la administración pública. Lo ha descrito con claridad José Roldán Xopa en una útil reflexión constitucional (http://alturl.com/44tca). Remover a un fiscal electoral es atropellar a la mayoría calificada del Senado de la República. Si el procurador tiene, efectivamente, facultad para remover al titular de la FEPADE, no debemos entender que tiene un permiso para el capricho o para la arbitrariedad.
Debe entenderse que el fiscal no es un subordinado del procurador. No puede serlo. Tratarlo como tal es volver a dar muestras de que no se entiende el sentido de la autonomía de las instituciones de procuración de la justicia. El funcionario removido investigaba casos especialmente graves de corrupción en el ámbito electoral. Su destitución ha activado alarmas y ha producido un extraño acuerdo de todas las fuerzas políticas exceptuando las oficialistas: la destitución pone en riesgo el proceso electoral del 2018. Toca al Senado de la República enderezar las cosas.
