Estamos acostumbrados a medir nuestras expectativas, perspectivas y hasta nuestras mismas vidas por sexenios. Ahora, inveteradamente optimistas, estamos entrando al rito sexenal de seleccionar y elegir al que ha de encabezar el gobierno y a la plésyade de nuevos gobernadores y funcionarios a los que habremos de entregar nuestra confianza en que, esta vez, sí sirvan al país.
En el ambiente de general confusión que hoy se vive el electorado tiene poco aprecio al sistema político que nos gobierna y todavía menos respeto a los políticos . El tema tiene su importancia porque la guerra que hay que librar, por ejemplo, contra la corrupción y en favor de la honradez en la administración pública requiere que la política como quehacer empiece a ser respetada.
Es extremadamente urgente que en los próximos años integremos a los cargos públicos individuos de conducta honorable que y que con ellos terminemos con la vergonzosa era de funcionarios corruptos de todo nivel, federales y locales, que hemos tolerado se hayan adueñado de la función pública solo para lucrar y robar en forma descarada.
La captura de ex gobernadores y de funcionarios de entidades paraestatales va avanzando con el proceso de llamarlos a cuentas. Para nuestra sorpresa la cultura de la corrupción ha llegado hasta penetrar en las universidades que se han prestado a valerse de la academia como disfraz. En prácticamente todos los casos, además, la corrupción se extiende más allá del ámbito público y se anida amplios sectores de la iniciativa privada.
Es por lo anterior que es indispensable que el país cuente con una fiscalía específicamente dedicada a identificar hechos y actores. El que la instauración de esta oficina se esté topando con tantas dificultades y tropiezos es un indicador de cuán hondo es el problema de la ilegalidad y su hermana la impunidad que son fenómenos que debieran atenderse con la llana y elemental aplicación del Código Penal Federal y los estatales en vigor sin tanta superestructuración jurídica que se ha diseñado y que solo invita ineficacia.
Hay también otro factor que está presente en el escenario del 2018: el de la decepción y desconfianza ciudadana en el andamiaje político y que es un obstáculo terco a la inmensa tarea de componer esa maquinaria. Si partimos de un bajo nivel de confianza propia, es difícil imaginar cómo vamos a lograr lo que tanto urge.
Es aquí donde radica uno de los problemas que nos lastran: mientras no haya una genuina convicción en los valores que declaramos no contaremos sino con promesas de campaña que nada añaden para la solución que decimos requerir.
Planteados a así los comicios del año entrante se apreciará que el candidato que triunfa con solo hacer promesas de buen servicio nos deja con el pendiente de saber cuales son sus verdaderas intenciones. Lo aun más grave es que no se sabrá el rumbo que ha de llevar su acción salvo la fundada sospecha de que repetirá los consabidos abusos que hemos denunciado en sus antecesores. Ante la probabilidad de que habremos de continuar con los mismos esquemas de comportamiento del pasado, no existe la motivación para apoyar las frágiles propuestas y compromisos de los candidatos y mucho menos las ampulosas declaraciones de los partidos.
En esta atmósfera de desconfianza y sin más reto que el de la cotidianidad que la sociedad le ofrece, el único aliciente que pueda tener el votante en las elecciones en puerta es el de poner su propia rectitud personal en garantía y elegir al candidato que más coincida con ella. El apoyo que un ciudadano pueda dar a determinado candidato será en dichos términos personales. Las consideraciones personales van a regir más que cualquiera otra consideración.
El cuadro anterior explica la confusión que existe en el elector mexicano en torno a los retos del 2018. No habrá más brújula para las decisiones que ha de tomar que los parámetros de su propia conciencia. El sentido de los votos que entonces se emitan serán más que nunca su exclusiva responsabilidad. Aquí es donde se terminarás las confusiones.
