Un problema que crece
El grave asunto del agotamiento de los acuíferos laguneros ha quedado últimamente relegado de la atención ciudadana ya que los poderosos beneficiarios han logrado establecer una estrategia por demás exitosa.
Su estrategia: No responder o desmentir las acusaciones que por varios años se les han venido señalando por organizaciones ambientalistas, extranjeras, nacionales y locales.
Su estrategia sin duda ha sido exitosa, hay que reconocerlo. Han logrado que la ciudadanía no fije su atención al problema inminente de que dentro de unos años nos quedaremos sin agua subterránea o que la misma finalmente se convierta en no apta para el consumo humano debido a la alta concentración de sustancias perjudiciales a la salud.
Al respecto hasta ahora he logrado descubrir lo que para mi resultaba inexplicable: la complicidad de Conagua en éste asunto. A últimas fechas he podido atar algunos cabos que explican qué ha venido sucediendo o más bien cual es la trama un tanto secreta que se ha urdido para traernos a la situación actual de sobreexplotación impune de los acuíferos. El columnista de El Siglo de Torreón Julio César Ramírez publicó el pasado 19 de agosto un artículo que tituló “Agua y TLCAN, entre los desafíos ciudadanos”, en el cuál nos recuerda que la actual Ley de Aguas Nacionales fue aprobada en 1992 (inicios de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari) y dentro del contexto de la gestación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que fue aprobado en 1994.
En dicha Ley de Aguas Nacionales se establece y lo subraya insistentemente, que las aguas del país serán protegidas por la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) para “regular la explotación, uso, aprovechamiento y distribución así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo sustentable” (Disposición preliminar de la LAN). Hasta aquí, todo perfectamente claro y loable. Sin embargo a dicha ley se le introdujo el Artículo 13 en el cual sin ambages se hace a un lado a la autoridad del agua (Conagua) y a todas las dependencias gubernamentales relacionadas con el tema para dejar descaradamente en manos privadas todo lo referente al uso de las aguas nacionales. Es decir, el perverso Artículo 13 se adecuó para ir facilitando las intenciones neoliberales salinistas de privatización de los bienes nacionales para ponerlos en manos del capital, requisitos que exigía, entre telones, el TLCAN.
Hasta ahora logro entender el porqué los diferentes directores de Cuencas Centrales del Norte (Conagua) se han visto incapacitados para controlar la sobreexplotación implacable y criminal que ellos mismos, invariablemente, en su momento han reconocido pero que por razones políticas o de protección de su puesto no han denunciado. Baste recordar la declaración del Sr. Miguel Angel Jurado, titular de Cuencas Centrales del Norte en 2003:”El acuífero está fuera de control”. Desgraciadamente Conagua tiene que cargar con la denuncia de que se convirtió en cómplice de la criminal sobreexplotación de los acuíferos que continúa sin tregua y sin pausa. En éstos momentos los niveles a los que se tiene que bombear el agua sobrepasan en alguna zonas los 400 metros de profundidad y se siguen registrando cancelación de pozos por su agotamiento. ¿Más evidencias?
Aquí no queda más que reconocer que Carlos Salinas de Gortari posee un cerebro superdotado ya que con el PRI y el PAN ha ideado e impuesto las leyes necesarias para propiciar la desnacionalización de las riquezas del país: agua, petróleo, playas, bancos minas, etc. etc. De todos éstos despojos el más importante y trascendente es, sin lugar a dudas, el del agua, ya que le proporciona y le proporcionará al capital el dominio absoluto de todo el país.
Falta por conocer que otras sorpresas nos traerá la “nueva ley de aguas” que se sigue discutiendo en el Congreso. ¿Será más nacionalista que la actual o ratificará la privatización que autoriza la actual?
Les envío un cordial saludo.
Héctor Astorga.
Comarca Lagunera
