Documento. Carles Puigdemont firma el documento sobre la Independencia después de comparecer ante el pleno del Parlamento. (EFE)
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó ayer que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
En una comparecencia con una hora de retraso ante el pleno del Parlamento autonómico y en un discurso de cerca de media hora, Puigdemont evitó optar por la vía más directa a la independencia, en un intento de "'desescalar' la tensión" con el Estado, un "gesto de generosidad y responsabilidad", ha dicho, con el que espera "abrir un tiempo de diálogo" durante las próximas semanas.
"Asumo presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", ha aseverado Puigdemont, que ha dejado la frase en suspensivo y ha sido interrumpido al instante por aplausos de la bancada independentista de la Cámara.
Tras remitir los aplausos, y acto seguido, el presidente de Cataluña ha añadido: "Con la misma solemnidad el Govern -Gobierno catalán- y yo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas se emprenda el diálogo".
Puigdemont ha dicho que es el momento en el que la UE se debe "implicar a fondo" y ha indicado que existe "un ruego por el diálogo que recorre Europa".
FIRMAN PROCLAMACIÓN DE REPÚBLICA
Los diputados de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, incluido el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, han firmado en el auditorio del Parlament un documento que proclama la "la república catalana, como Estado independiente", y pide su reconocimiento internacional.
En la declaración de cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque no será registrada en el Parlament, desaparece cualquier mención a "suspender los efectos" de la declaración de independencia, como había planteado Puigdemont anteriormente en la Cámara.
Según las fuentes consultadas, en un borrador de la declaración sí figuraba la mención a "suspender los efectos", pero la CUP se ha negado a firmar el documento si no se retiraba esta alusión.
"Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada", añade la declaración.
El texto va más allá del discurso de Puigdemont en el Parlament y se ha firmado ante la amenaza de fractura interna en las filas independentistas.
En su comparecencia ante el pleno, Puigdemont ha afirmado que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
La declaración de Puigdemont ha motivado los recelos de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y también de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Demòcrates, socios del PDeCAT en JxSí, porque a su juicio no representa una auténtica declaración de independencia, por lo que estos partidos han promovido un documento por escrito para dejar constancia de que la jornada del 1-O debe comportar la proclamación de la independencia.
La declaración firmada posteriormente apela a los Estados y organizaciones internacionales a "reconocer la república catalana como Estado independiente y soberano" e insta al Govern a "adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia y de las previsiones de la ley de transtoriedad jurídica".
Los firmantes plantean la "entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica", que establece un marco legal catalán desligado del español, y declaran el inicio de un "proceso constituyente" del nuevo Estado.
"Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes", señala el documento, que recalca que las negociaciones deben ser "en pie de igualdad".
También instan a la comunidad internacional y a la Unión Europea a "intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso y a hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español".
La declaración subraya la "voluntad inequívoca" de que Cataluña se integre "tan rápidamente como sea posible en la comunidad internacional" y señala el compromiso de "respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados" de los que forma parte España.
Aplicación de artículo 155 constitucional
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decidirá este miércoles si aplica o no el artículo 155 constitucional, o alguna otra medida, para controlar a la región autónoma de Cataluña, en el noreste de España, inmersa en un proceso unilateral de independencia.
La aplicación de este precepto sería posible una vez que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró la independencia, aunque de inmediato la dejó en suspenso.
El mandatario se reunió este martes con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y habló también con el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre lo que ocurrió en el Parlamento catalán.
En caso de que opte por aplicar el artículo 155 constitucional, la medida deberá ser probada en los próximos días por el Senado de España, donde el gobernante Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.
La disposición, que nunca ha sido utilizada y carece de una ley que regule su aplicación, se refiere a las medidas a tomar en el supuesto de que una comunidad autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o si actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España.
La medida establece que el gobierno, con la aprobación del Senado, "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla (comunidad) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
"Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas", según el segundo párrafo del artículo.
Rajoy debe presentar una propuesta con medidas a aplicar, que no desglosa el artículo, e informar a Puigdemont sobre ello y pedirle sus alegaciones, por lo que después la cámara alta sometería a votación la iniciativa.
Entre las medidas que se podrían plantear están las de gestionar desde Madrid el funcionamiento de áreas administrativas, las finanzas y hasta podría decidir la destitución del presidente y otros cargos, o la disolución de algunas áreas específicas.
La disposición constitucional no precisa sobre un tiempo determinado de aplicación, lo que abre la puerta a que las medidas tengan un periodo de validez que decida el propio gobierno.
La Ley de Seguridad Nacional ofrece al gobierno español otra posibilidad de intervenir en el gobierno catalán, al declarar una crisis en la que podría intervenir mediante los cuerpos de policía y las diferentes administraciones.
