Por la unidad. Por primera vez desde que estalló la crisis política, catalanes salieron ayer a la calle a manifestarse a favor de la unidad de España y en contra de la independencia. (AP)
La ruta de la independencia de Cataluña se está complicando, a pesar del resultado del referéndum celebrado el domingo 1 de octubre y que fue declarado ilegal.
Ayer, el Tribunal Constitucional de España suspendió de forma cautelar el pleno del Parlamento catalán previsto para el próximo lunes, al considerar que si se declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados.
La suspensión se produjo después de que el alto tribunal admitiera el recurso presentado este mismo jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de dicho pleno.
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el 9 de octubre ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Por otra parte, varias empresas con sede en Cataluña han empezado a cambiar su emplazamiento social y a plantearse cómo afrontar la incertidumbre política generada en esa región española tras el referéndum ilegal del 1-O, con la intención de proteger a sus clientes y accionistas.
El gobierno español aprobará previsiblemente hoy un decreto ley que permitirá a las compañías acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría su salida de Cataluña, confirmaron fuentes empresariales.
La Comisión Europea ha reiterado que si una región se separa de un país miembro inmediatamente quedará fuera de la Unión Europea (UE).
[INTERNACIONAL 12A]
