El gobierno central exigió al Ejecutivo de Cataluña que cese en su actitud de 'desobediencia', suspenda el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y reconozca la 'autoridad judicial' para que los cuerpos de seguridad impidan la votación. (ARCHIVO)
El gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular, ha aumentado la presión al gobierno de la Generalidad de Cataluña para frenar el referéndum independentista que se pretende llevar a cabo el domingo 1 de octubre.
El gobierno central exigió al Ejecutivo de Cataluña que cese en su actitud de "desobediencia", suspenda el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y reconozca la "autoridad judicial" para que los cuerpos de seguridad impidan la votación.
A pesar de las advertencias, el ejecutivo catalán mantiene la convocatoria del referéndum. El consejero de Interior, Joaquim Forn, subrayó la intención del gobierno catalán de no detener la consulta e indicó que los Mossos D'Esquadra, como policía autonómica competente, priorizarán por encima de todo el mantenimiento de la "convivencia".
El consejero de Asuntos Exteriores de la Generaliad, Raül Romeva, dijo que el gobierno de Cataluña declarará la independencia 48 horas después del referéndum en caso de que gane el "sí".
Mientras tanto, la Guardia Civil de España incautó tres millones de papeletas y seis millones de sobres que se utilizarían en el referéndum.
