El saldo del caso es: una sentencia absolutoria y el desconocimiento del paradero de los recursos. (ARCHIVO)
A seis años de la contratación ilegal de dos créditos por un total de 2,000 millones de pesos (mdp), que forman parte de la deuda de 36,000 mdp que aún carga Coahuila, el saldo del caso es: una sentencia absolutoria y el desconocimiento del paradero de los recursos.
Como se informó ayer, errores en la investigación derivaron en una sentencia absolutoria por la falsificación de documentos para pedir créditos.
"Cuando uno está en este tipo de puestos, esos errores son corrupción. Es encubrimiento y otra serie de cosas", dice el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Armin Valdés.
"Estaba muy claro que no era simulación, sino peculado", agrega. Sin embargo, el Estado no denunció desvío de recursos y tampoco aclaró el destino de estos préstamos bancarios.
En la sentencia 008/2017 se evidencian contradicciones de funcionarios del extinto Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) al indicar en un oficio sin número del 12 de octubre de 2011 que los 2,000 mdp de pesos solicitados con documentos falsos por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) no ingresaron a las arcas de la dependencia.
Dicho oficio contrasta con uno posterior, el AGJ/3046/2011, del 26 de octubre del mismo año, en donde se indica que sí se registraron depósitos a las cuentas bancarias. En dicha sentencia se omiten los nombres de los funcionarios que emitieron los oficios.
Lo que se concluye en la sentencia es que nunca se explicó el destino del recurso. "Los integrantes de esta Sala Colegiada Penal no podemos ser tan cándidos como para pensar que no se dispuso ilícitamente del crédito obtenido y aún con todas estas anomalías el SATEC pagó el crédito de referencia, siendo que lo anterior no fue motivo de los hechos que el Ministerio Público atribuyó a persona alguna", se lee en la sentencia.
Los créditos de referencia fueron solicitados por la CEAS con documentos falsos en marzo de 2011, durante el gobierno de Jorge Torres, quien reemplazó a Humberto Moreira.
La denuncia fue interpuesta por el Estado y la Secretaría de Finanzas, pero sólo por simulación de acto jurídico y no por desvío de recursos públicos.
El primero no pudo comprobarse, puesto que no se incluyeron los documentos falsificados y concluyó en la sentencia absolutoria. Respecto al posible desvío de recursos (peculado) no podrá investigarse porque el delito prescribió.
"El delito de peculado es de los más fáciles de perseguir, sobre todo cuando uno mete la mano directamente en la caja, que es lo que sucedió", concluye el magistrado Armin Valdés Torres.
En actual administración no han prescrito denuncias sobre deuda: FGE
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), dijo desconocer cómo fue constituida la averiguación sobre la adquisición ilegal de dos créditos por un monto total de 2,000 millones de pesos, al señalar que este caso no correspondió a la presente administración.
Norberto Ontiveros, fiscal ministerial, informó que por lo que respecta a esta administración no se prescribió ninguna averiguación o carpeta de indagación.
“A la Fiscalía General no le prescribió ninguna carpeta o averiguación en torno a esos hechos. Vamos a verificar porque nosotros no tenemos datos de esa índole, veremos en qué estatus se encuentra esa indagación puesto que no fue judicializada o integrada dentro de esta administración”, dijo.
Por su parte el procurador Homero Ramos Gloria indicó que no se cuenta con la información completa al respecto, por lo que habría que verificarse como concluyó.
El día de ayer se dio a conocer que la adquisición ilegal de estos créditos quedó sin castigo, primero por una mala integración de la investigación y luego por prescripción.
