A tono con el estilo siniestro y obscuro del Moreirato, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira aprovechó que la sociedad civil está concentrada en atender a las víctimas de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México y otras poblaciones del país, para dar un albazo legislativo.
Se trata de una nueva reestructura de la deuda pública del Estado, cuya solicitud de autorización fue presentada el viernes pasado por el gobernador al Congreso, que fue aprobada el mismo día por la mayoría integrada por los diputados del PRI y sus aliados en la Legislatura.
Los argumentos que ofrece Moreira para convencernos de que esta nueva reestructuración es para bien del pueblo de Coahuila resultan increíbles, a la luz de la experiencia sufrida desde que la deuda fue contraída mediante la falsificación de documentos del Congreso y en virtud de la opacidad de origen, que ha impedido que los coahuilenses conozcamos en qué y cómo fueron empleados los recursos obtenidos con motivo del endeudamiento brutal que es objeto de comentario. La única luz que existe al respecto, proviene de los tribunales de Estados Unidos y de España, que han dado cuenta del enriquecimiento ilícito de diversos exfuncionarios del Moreirato y sus familiares cercanos.
Lo cierto es que desde la primera reestructuración la deuda ha crecido de treinta y cuatro mil a treinta y siete mil millones de pesos, a pesar de que hemos pagado diez y siete mil millones en los últimos cinco años. El plazo del pago de la deuda se ha ido prolongando hasta ser calculado hoy día en un término de treinta años, en que el servicio de la deuda estará como prioridad sobre la inversión en obra pública productiva y por encima de una mejor calidad de los servicios públicos, lo que en resumen implica una quiebra financiera que hipoteca el futuro de la presente generación de coahuilenses y el de nuestros hijos y nietos.
Lo peor es que la disposición ilícita de recursos públicos que supone el endeudamiento en comento, que lo convierte en un robo de proporciones colosales, está siendo protegida por un manto de impunidad al que contribuyen las sucesivas reestructuraciones porque debido a ellas, cada vez será más difícil seguir las huellas del dinero robado para buscar su recuperación y castigar a los culpables.
Otra puñalada que se clava a los coahuilenses por la espalda, aprovechando la distracción causada por la tragedia sísmica, entraña la iniciativa de reforma al Código Penal que el propio Rubén Moreira envió la semana pasada al Congreso, que entre otros temas introduce un permiso abierto a la práctica del aborto del ser humano en gestación a voluntad de la madre, que como tal implica un crimen en contra de la persona y de la especie. Lo anterior genera el absurdo de que mientras el Código Civil de Coahuila reconoce el derecho del ser humano a heredar desde el vientre materno, la reforma al Código Penal que propone Moreira, le niega el derecho a la vida.
Es sabido que sobre este tópico existe un debate nacional porque a diez años de haberse legalizado el aborto en la Ciudad de México, las estadísticas indican que tal política pública ha fracasado, en la medida en que el índice de mortandad de las madres que abortan ha ido en aumento en la Capital, hasta el punto de que hoy está por encima del promedio nacional y al mismo tiempo, no se ha erradicado la práctica clandestina en función de que las autoridades desconocen en qué condiciones se realizan nueve de cada diez abortos.
Sea cual fuere el discurrir de este debate, lo cierto es que el PRI de los Moreira no tiene derecho a imponer la política pública del aborto a los coahuilenses mediante el clásico mayoriteo, cuando dada la importancia de la cuestión, lo indicado es realizar un plebiscito en términos de la Ley de Participación Ciudadana. Lo anterior porque, además del crimen que el aborto implica, su promoción desde el Gobierno excluye cualquiera otra alternativa de solución a un sector especialmente vulnerable de la sociedad, integrado por las mujeres embarazadas que por algún motivo no pueden hacerse cargo de sus hijos.
