En la colaboración anterior comentamos algunas notas sobre el contexto histórico en que se han desarrollado las municipalidades y sus gobiernos en México, destacando como el crecimiento industrial y la expansión demográfica urbana son dos procesos que les han marcado, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, los cuales han incidido en el tamaño de su población, las demandas y expectativas que esta tiene en las ciudades así como en la reconfiguración de los gobiernos locales.
En el ámbito regional se replican las condiciones señaladas como procesos subsecuentes a los que ocurren en las principales urbes nacionales que sufren el fenómeno de metropolización. Según el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN), actualmente la zona metropolitana de La Laguna es una de las 59 existentes en el país, entre las cuales ocupa el noveno lugar por el tamaño de su población y es la cuarta más importante del norte después de Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez.
De acuerdo a los análisis que realiza esa misma fuente y otras publicaciones, La Laguna sufre una transformación importante a partir de la séptima década del siglo XX con la creación de parques industriales. Esta nueva infraestructura y equipamientos urbanos propiciaron una expansión demográfica que se asentó principalmente en viviendas de interés social donde residiera la nueva fuerza laboral local.
Sin embargo, al igual que otras zonas metropolitanas del país, en la región esa expansión urbana ocurre en forma desordenada, donde los nuevos asentamientos alejados de las áreas centrales de las ciudades empezaron a enfrentar problemas de servicios públicos que se fueron rezagando por una inadecuada planeación de las ciudades metropolitanas, sea porque eran distantes y por tanto representaban un costo que los gobiernos locales no pudieron cubrir o porque no se renovaron o tuvieron el mantenimiento adecuado.
Servicios como agua potable, saneamiento, recolección de residuos sólidos, transporte público empezaron a ser insuficientes o de baja calidad para atender la creciente demanda que presentaba esa industrialización y expansión urbana emergentes. La Laguna sufre una transformación económica y social importante que le exige atender los rezagos que arrastraba como consecuencia de ese crecimiento desordenado, atención que implica enfrentar los grupos de interés que se crearon con respecto al uso o concesión de esos servicios o recursos.
Es el caso del monopolio que tienen los grandes empresarios agroganaderos sobre las concesiones de pozos de los que se extrae agua del subsuelo, con la consecuente sobreexplotación y contaminación de este preciado recurso, limitando las capacidades de los gobiernos locales a solo resolver, con apoyo federal, de manera parcial y temporal el suministro de agua potable a los ciudadanos, o el monopolio que tienen los concesionarios del transporte público urbano que ofrecen un servicio deficiente a la población que recurre cotidianamente a él, del servicio de recolección de basura en Gómez Palacio o la planta tratadora de aguas de Torreón, por mencionar algunos.
Inevitablemente, los gobiernos locales tienen que destrabar los nudos que limitan el desarrollo de los municipios para poder resolver los rezagos que enfrentan, pero también tienen el reto de mejorar esos servicios, tarea nada fácil si consideramos que hay casos en que se deben plantear soluciones a mediano y largo plazo, más allá de los periodos en que gobiernan. Así sucede con los problemas de drenaje y pavimentación donde no solo repongan o rehabilitan los tramos y calles que se colapsan o deterioran con el tiempo y uso, posponiendo soluciones integrales; soy testigo de lo anterior como la colonia en que habito que se inunda cuando llueven aguaceros y que desde hace dos décadas algunas de sus calles no se pavimentan.
Es entendible que la solución de suministro de agua potable escapa a la jurisdicción de los gobiernos locales porque el origen se ubica en el ámbito federal al ser la Comisión Nacional del Agua quien regula el uso de este recurso y otorga las concesiones, pero es observable que ninguno de los gobernantes locales alce la voz para exigir la resolución estructural de este problema, hay un vacío de liderazgo local que represente a los ciudadanos que si bien reciben en las tomas de sus viviendas agua entubada, esta no puede calificarse de potable; deben reconocer que las soluciones aplicadas como los filtros que secuestran el arsénico son solo alternativas temporales.
En el caso del transporte público, el reto no debe centrarse en concretar el proyecto integral, metropolitano, de sustituir los camiones que le demeritan por el metrobus, es inevitable anteponer el interés público de los ciudadanos al particular de los concesionarios; también es ineludible cambiar el concepto de movilidad convencional por una movilidad sostenible donde se transformen las actuales vialidades por equipamientos que posibiliten un mayor uso de transporte no motorizado y el desplazamiento del peatón con mayor seguridad. En la región es alto el número de accidentes derivados del uso irresponsable del automóvil.
