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Rechaza Sección 22 posible militarización en Oaxaca con fines de ayuda a damnificados

Está reacción se dio después de que este jueves el Ejército mexicano tomara el control de la seguridad en coordinación con la policía federal, a petición de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). (EL UNIVERSAL)

Está reacción se dio después de que este jueves el Ejército mexicano tomara el control de la seguridad en coordinación con la policía federal, a petición de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). (EL UNIVERSAL)

EL UNIVERSAL

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la posible militarización del Istmo de Tehuantepec, sobre todo Juchitán, con fines de ayuda a los damnificados, por lo que exigió que la seguridad regrese a manos de la autoridad municipal en coordinación con el Estado.

Está reacción se dio después de que este jueves el Ejército mexicano tomara el control de la seguridad en coordinación con la policía federal, a petición de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en respuesta a las constantes denuncias que recibieron de parte de los ciudadanos contra la policía municipal por supuestamente politizar la entrega de ayuda y violentar los derechos humanos.

La Sección 22 acusó al responsable de la DDHPO, Arturo Peimbert, de ir a Juchitán a tomarse la foto después de la desgracia como muchos políticos y funcionarios para luego desconocer a la fuerza municipal y generar un clima de militarización, por lo que exigieron que la instancia actúe con responsabilidad ante las violaciones de derechos humanos de los damnificados y el pueblo en general en la zona de desastre.

Le recordaron a la DDHPO que el ejército mexicano es una de las instancias del país que más violaciones a los derechos humanos cometen, por lo que no deberían de estar al frente de la seguridad en una zona de desastre y peor aún en una zona estratégica donde se impulsa la Zona Económica Especial, considerándolo como una maniobra que ya se venía planeando para proteger supuestamente los intereses económicos de las empresas.

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