Orden. La Fiscalía citó a los alcaldes por desobedecer la orden de no colaborar con el referendo. (EFE)
Alcaldes catalanes investigados por colaborar con el referéndum independentista se acogieron ayer a su derecho a no responder ante la Justicia, por considerar que la fiscalía se está extralimitando en sus funciones.
Los juzgados volvieron ayer a protagonizar el contencioso institucional en España derivado de la intención del Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta secesionista el 1 de octubre, suspendida por el Tribunal Constitucional.
La decisión de 712 de los cerca de un millar de alcaldes con que cuenta Cataluña de ceder espacios municipales para albergar la consulta de octubre llevó a la fiscalía a citarlos por desobedecer la orden del Constitucional de no colaborar.
Los primeros regidores en comparecer se acogieron al derecho constitucional a negarse a prestar declaración y a la salida explicaron a la prensa que la fiscalía se está extralimitando al imputarles y que la causa del referéndum está judicializada.
El otro punto de atención estuvo en el Congreso español donde el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) impidió sacar adelante una propuesta de apoyo total al Gobierno del presidente Mariano Rajoy frente al desafío secesionista.
La formación Ciudadanos (liberales) habían propuesto cerrar filas en torno al Ejecutivo español (PP, centroderecha), pero los socialistas, los izquierdistas de Podemos y las formaciones nacionalistas lo impidieron.
Mientras tanto los agentes de la Guardia Civil siguen trabajando para impedir la consulta convocada para el 1 de octubre, considerada ilegal, y ayer se incautaron de documentación relacionada con el censo del referéndum independentista durante el registro de una empresa de mensajería de la periferia de Tarrasa, en la periferia de Barcelona.
A diferencia de lo intervenido en otros registros, en este caso se trata de material relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda.
A pesar de esta acción, la fiscalía está descontenta con la inacción de los Mossos d'Esquadra (policía catalana) para evitar los preparativos de la consulta ilegal del 1 de octubre. "Los Mossos se han puesto de perfil y no están haciendo nada", afirman fuentes del ministerio público. Estas no descartan la adopción de medidas legales contra los responsables de este cuerpo policial si persiste la ausencia de celo en el cumplimiento de la instrucción que dio la Fiscalía para que requisasen urnas y material de la consulta.
