El homicidio de Mara Fernanda Castilla movió nuevamente las conciencias alrededor del terrible fenómeno del feminicidio.
La violencia, ejercida de maneras diferenciadas, ha alcanzado récord este año sin que se vislumbre un plan, un compromiso o acciones de las autoridades que nos ayuden a pensar que pronto se vivirán mejores condiciones en materia de seguridad.
Si analizamos la situación de feminicidio, resulta particularmente preocupante que no se cuente con datos confiables del número de estos delitos, que las presuntas acciones preventivas son paliativos o que las acciones emprendidas sean meramente cosméticas. Debido a la superficialidad de esta respuesta, carecemos de efectividad sin que mitigue el dolor de las víctimas.
Lamentablemente, si desconocemos el tamaño de un fenómeno delictivo y su comportamiento en el territorio, es prácticamente imposible que se puedan armar estrategias y políticas específicas que logren combatirlo.
La evidencia la tenemos si vemos cómo se está comportando la violencia homicida en general en el país: tan sólo en los primeros 7 meses de este 2017, según datos oficiales de las procuradurías y fiscalías estatales, se han registrado 16,152 víctimas de homicidio doloso. En términos de casos, en lo que va del año hemos tenido el segundo y tercer mes con el mayor número de carpetas de investigación desde 1997.
Si bien existe la idea que sabemos cuántas víctimas y cuántos casos de homicidio doloso suceden en el país, lo cierto es que desde 2014, en el Observatorio Nacional Ciudadano señalamos casos de homicidios sucedidos en el marco de eventos dolosos, registrados como culposos, que la ausencia de una adecuada sistematización de los hallazgos de fosas clandestinas y la falta de implementación de protocolos de búsqueda de desaparecidos, inhiben que conozcamos a detalle el fenómeno del homicidio en el país.
En lo específico, sobre el feminicidio, la debilidad de registro es tal que hay evidencia de casos de este delito, clasificados por la autoridad como suicidio.
Si queremos disminuir la violencia en el país, debemos empezar por procesos que sensibilicen a las primeras personas que tienen conocimiento de un hecho delictivo, los policías, los peritos, ministerios públicos, médicos legistas, jueces, esas autoridades encargadas de atender a las víctimas e iniciar esos procesos que los llevarán a la justicia.
El segundo paso es homologar el conocimiento, competencias, capacidades, equipamientos de los integrantes y las instituciones de seguridad y justicia.
Paralelamente deben existir programas desde la educación y el desarrollo social para sensibilizar a todas las personas de los derechos del otro y la relevancia de vivir en un estado de leyes.
En todo el mundo hay homicidios y feminicidios, sin embargo, las tasas de ocurrencia de estos delitos en nuestro país deben llevar a respuestas efectivas urgentes.
La Fiscalía General de Puebla (FGJP) plantea hasta 85 años de prisión como castigo para el presunto homicida y, si bien coincidimos en la importancia de sanciones, en el ONC insistimos que de poco sirven castigos ejemplares si vivimos en una constante impunidad.
Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Mara, si la FGJP y las autoridades del país quieren darle justicia a su memoria deben trabajar por prevenir nuevos casos, investigar a derecho cada delito y generar condiciones sociales de respeto de la ley.
@frarivasCol
