Operativo. La Guardia Civil confiscó cerca de 100 mil carteles de publicidad del referéndum en la empresa Marc Martí.
El Gobierno español intervino ayer las cuentas del ejecutivo catalán y asumió el pago de los servicios esenciales en la región, con el objetivo de garantizar que no se desvíen fondos al referéndum independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Según el acuerdo adoptado ayer por el Gobierno español, el Estado asumirá los pagos "esenciales" del Gobierno catalán para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y la retribución de los funcionarios.
Además el Gobierno central ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que garantice que desde ninguna partida del resto del presupuesto se desvían fondos para la celebración del referéndum, según explicó en rueda de prensa el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "No estamos sustituyendo competencias, sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", remarcó Montoro, quien se mostró convencido de que el Gobierno catalán (Generalitat) terminará cumpliendo el requerimiento del Ejecutivo central.
Esta es la respuesta del Gobierno español después de que ayer el Ejecutivo catalán anunciara que no le enviará las cuentas semanalmente, tal como éste le exigió a partir de julio, al considerarlo "un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria". El Ejecutivo catalán considera que el gobierno central ha aplicado las medidas más restrictivas que se contemplan en la Constitución contra los gobiernos autonómicos, pero "por la puerta de atrás", ante lo que anuncia una "batalla jurídica" en el Estado y en la Unión Europea.
Efe
