El primer fiscal anticorrupción de la historia de Coahuila comienza con grandes retos su gestión. Los dos primeros tienen que ver con los cuestionamientos que la oposición en el Congreso local y un sector de la sociedad civil hicieron a propósito de su nombramiento. El primero de ellos es la cercanía de Jesús Homero Flores Mier con el poder político en las dos últimas administraciones estatales. De la dirección de Transparencia Municipal en el ayuntamiento de Saltillo encabezado por Humberto Moreira saltó al Gobierno estatal presidido por el mismo, en donde ocupó varios cargos, el más importante de ellos, la dirección de Defensoría Jurídica del Estado, es decir, el abogado defensor del Ejecutivo. Ya en la era de Rubén Moreira, presidió el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), un organismo que en la teoría debería ser autónomo, pero que ha sido señalado por la injerencia del Gobierno estatal en sus decisiones. El segundo cuestionamiento es la falta de experiencia en materia penal, ya que, si bien es licenciado en Derecho, su carrera la ha hecho en el ámbito de la defensoría jurídica y la transparencia.
Con todo, los diputados priistas, que son mayoría en el Congreso de Coahuila, decidieron que Flores Mier era el mejor de los cuatro perfiles que atendieron a la apresurada convocatoria que, dicho sea de paso, no se publicó en el Periódico Oficial del Estado. El resultado por ahora es que, al menos desde la oposición y las organizaciones que integran la Alianza Anticorrupción Coahuila, el primer fiscal especializado en la materia no cuenta con las credenciales suficientes. Por ello, Flores Mier tendrá que demostrar en el cargo que no sólo tiene la capacidad de asumir con soltura la enorme responsabilidad que se le ha asignado, sino también que cuenta con la voluntad de proceder contra quien sea cuando haya pruebas suficientes de la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios y exfuncionarios en la entidad. Esto implicaría incluso llamar a rendición de cuentas o investigar al grupo en el poder desde hace 12 años, el mismo que le ha permitido desarrollar una carrera en el servicio público.
Y hay materia para, cuando menos, revisar las denuncias que se han presentado, ya sea por partidos de la oposición, la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) o asociaciones civiles, o echarle un ojo, aunque sea a las investigaciones que se han abierto en España y Estados Unidos y que involucran a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Coahuila. Entre los casos más recientes se encuentra la presunta contratación de empresas "fantasma", algo parecido a lo denunciado la semana pasada por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y Animal Político sobre dependencias del Gobierno federal, o a lo investigado en Veracruz, ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte. En lo que concierne a Coahuila, la denuncia pública hecha por Grupo Reforma, que luego retomó el PAN, habla del pago de alrededor de 500 millones de pesos a empresas que no existen o no justifican el servicio contratado y en las que, en algunos casos, hay funcionarios públicos involucrados, como es el caso de María Esther Monsiváis, quien fue separada de su cargo tras conocerse la información.
Pero el asunto más emblemático en Coahuila es sin duda la deuda de 36,000 millones de pesos que contrató la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres López. Hoy, a pesar de la insistencia de un sector de la sociedad civil y de partidos de oposición, se desconoce a ciencia cierta el destino de 18,000 millones de pesos obtenidos a través de créditos que se contrataron en parte con documentos apócrifos y sin la autorización del Congreso local. Derivado de este caso, la ASE ha presentado varias denuncias ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila de las cuales hasta ahora se desconoce su estatus. Se ha comentado muchas veces que mientras en Estados Unidos fluye información sobre la investigación que siguen los fiscales desde hace años respecto a una presunta red de corrupción que ha operado en la entidad en los dos últimos sexenios y en la que estarían involucrados funcionarios, exfuncionarios e integrantes del crimen organizado, en Coahuila no existe referencia de avances, sólo declaraciones reticentes de quienes deberían estar investigando. Hasta ahora, en Texas han sido procesados dos exservidores públicos, Javier Villarreal y Rolando González Treviño, y un tercero, el exgobernador Torres López, continúa prófugo de la justicia estadounidense.
Pero si estos temas no son suficientes para marcar la sana distancia que debe tener el fiscal anticorrupción con el grupo en el poder, también hay un asunto que concierne a la administración municipal en Torreón del ahora gobernador electo, Miguel Riquelme. Se trata de la concesión multimillonaria del servicio de alumbrado público que en su momento fue denunciado por la influyente asociación Fomento Económico de La Laguna (Fomec), quien señaló que alrededor de 450 millones de pesos de los casi 3,000 millones del contrato no se justificaban. Ante los señalamientos, el ayuntamiento ha respondido negando cualquier posibilidad de irregularidad, pero hasta ahora nadie ha investigado para deslindar responsabilidades o confirmar que el costo sea correcto. El destino de este caso ha seguido en Coahuila la misma ruta que los dos citados anteriormente. He aquí pues los primeros grandes retos del zar anticorrupción de Coahuila, aunque habría que decir que si bien éste es una pieza clave de todo el aparato que se está construyendo, la dimensión del desafío abarca al sistema estatal en su conjunto. Vamos a ver cómo responde a ello. A fin de cuentas, si no hay nada qué ocultar, quienes gobiernan deberían ser los primeros interesados en que estos asuntos se aclaren con suficiencia.
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