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Peña también quiere blindarse

JESÚS CANTÚ

Hace poco más de un año, a mediados de julio del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la entonces procuradora Arely Gómez presentar acciones de inconstitucionalidad contra los congreso y gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz para evitar que los entonces salientes mandatarios de estas entidades lograrán armar a modo su sistema estatal anticorrupción, para protegerse por esta vía de cualquier acción legal en su contra, una vez que concluyeran su mandato.

En el aquel entonces Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, señalaba enfático: "no hay cabida para legislaciones locales a modo…ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley… En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones".

Ahora, trece meses después, el presidente Peña Nieto recurre a diversas acciones para lograr el mismo propósito: construir su paquete de impunidad. Él también, como en su momento hicieron los gobernadores señalados, colocó la salvaguarda que le permite el llamado "pase automático" al titular de la Procuraduría General de la República, en funciones en el momento en que el Congreso expida la Ley de la Fiscalía General de la República, que de acuerdo a la Constitución estará dotada de autonomía constitucional.

El párrafo segundo del artículo décimo sexto transitorio señala textualmente: "El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo."

Apelando a dicho artículo Peña, los grupos parlamentarios del PRI, PVEM y Panal y algunos legisladores blanquiazules, que abiertamente se han pronunciado a favor de la continuidad de Raúl Cervantes Andrade, buscan aprobar la legislación secundaria en el actual período de sesiones y designar en automático al procurador como Fiscal por un período de nueve años, es decir, hasta el 2026, con lo cual ocupará dicha posición con tres presidentes: Peña, su sucesor (2018-2024) e, incluso, los primeros meses del mandato de quien asuma en el 2024.

Dicho fiscal tiene entre sus facultades la designación directa de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. El artículo 102 señala específicamente: "El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción". Para efectos prácticos el titular de la Fiscalía tiene la absoluta libertad de designar y remover a dichos fiscales, pues es imposible que la oposición logré los votos necesarios para objetar su designación.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, contemplaba la designación provisional de los dos fiscales especiales por parte del Senado de la República, para un período que concluiría el 30 de noviembre del 2018. El Senado logró concretar la de la FEPADE, pero no ha logrado hacerlo en el caso de la Fiscalía anticorrupción, a pesar de que en dos ocasiones ha iniciado el procedimiento para ello. El décimo octavo transitorio deja muy claro que el Procurador o el Fiscal puede remover libremente a los titulares provisionales designados por el Senado.

De esta forma el pase automático de Cervantes Andrade le permitiría al presidente, a los priistas y a sus aliados apoderarse de estas importantes posiciones, pues aunque el hoy procurador tiene la facultad de remover el titular de la Fepade, no podría designar a su sucesor, pues para ello tendría que volver a operar una designación provisional.

No es únicamente el combate a la corrupción, lo que hoy está en juego, es también la designación de un fiscal de delitos electorales a modo, posición de primordial importancia de cara a las elecciones de 2018 y, dado los períodos de ejercicio, también de 2021 y 2024. Es apoderarse transexenalmente de tres posiciones clave, que desde luego pueden incidir en los resultados electorales y en la protección de Peña y su círculo cercano, a pesar de todos los escándalos de corrupción que han surgido en lo que va del sexenio.

Por ello es importante y trascendente la batalla que se libra en la integración de las directivas de las dos cámaras del Congreso de la Unión y la necesidad de reformar el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía, pues el que está actualmente establecido, a pesar de lo abigarrado el mismo, le permite al presidente colocar a alguien de su confianza. No basta con eliminar el llamado pase automático establecido en el transitorio, hay que modificar el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución.

La relevancia de la batalla es tal que el presidente y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI en ambas cámaras están dispuestos a pagar el costo político de nombrar ellos, con el voto en contra de la mayoría de los senadores panistas, a Ernesto Cordero como presidente del Senado y provocar, con ello, el empantanamiento de las negociaciones en la Cámara de Diputados. El blindaje de 9 años bien lo vale.

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