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Verdades y rumores

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EL AGENTE 007

Todavía no inicia la nueva legislatura estatal en Coahuila y dicen que ya se dio la primera baja. Nuestros subagentes disfrazados de carpetas y expedientes interminables nos reportan que la diputada plurinominal electa Natalia Virgil ya comenzó a advertir a los participantes en la entrega-recepción del ayuntamiento de Torreón que además de coordinadora general del proceso será la próxima contralora municipal y que para nada asumirá un papel como el de las últimas dos administraciones priistas, es decir, que su dependencia no estará de adorno. Pero dicen que detrás de este cambio de timón hay algo más de fondo y que detrás de esta jugada está nada más y nada menos que María del Carmen Fernández Ugarte, mejor conocida como “Carmiña”, madre del senador y suspirante por la alcaldía torreonenses, Luis Fernando Salazar. Resulta que la curul plurinominal de la aguerrida Natalia fue impugnada por el panista de vieja guardia Juan Antonio García Villa...

Quien no estuvo de acuerdo con la imposición de cuotas y considerando que se cometió una irregularidad, presentó un recurso. Dicen que Virgil no metió ni las manos para defender su diputación a cambio de asegurar un puesto clave en la administración de Jorge Zermeño, que ahora tiene gracias a las movidas del clan Salazar Fernández. Pero se comenta que el alcalde electo tendrá que jugar todas sus cartas muy cautelosamente porque se oye por ahí que algunos regidores electos ya andan haciéndola de tos porque se enteraron que, contrario a lo busca don Jorge para sí mismo, o sea, la reelección, sólo serán regidores un año ya que se buscará integrar otra planilla. La cosa pinta que se pondrá color de hormiga debido a que el famoso Hooligan ya dijo abiertamente que él también buscará la alcaldía de Torreón en 2018, por lo que tendrá que enfrentarse con don Jorge, así que hay quienes creen que pudiera haber mucho fuego amigo dentro de la administración, dependiendo de las piezas que logre colocar el senador.

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La tormenta desatada por el Sistema Estatal Anticorrupción no parece tener fin. Y es que al nombramiento de personajes vinculados al moreirismo en tres de los cinco asientos del Tribunal de Justicia Administrativa y la elección de Jesús Flores Mier, “excolaborador” del Humberto Moreira, como zar anticorrupción, se sumó ayer la designación como presidenta del mencionado Tribunal a la exconsejera jurídica del gobierno de Coahuila, Sandra Rodríguez. Como ya lo habían adelantado nuestros subagentes, en este juego en el que participan por un lado el PRI como Gobierno y por el otro, el PAN Oposición y Sociedad Civil, parece que hasta el momento la goliza es clara en favor del primero. No obstante, dicen los que saben que no todo está perdido y que aún quedan oportunidades para, cuando menos, empatar el partido. Una de ellas es la postulación de perfiles verdaderamente independientes para el Consejo de Participación Ciudadana, con el debido sustento y cabildeo para que la comisión seleccionadora no tenga pretexto a la hora de hacer la selección. La segunda oportunidad de gol está en impulsar un perfil autónomo para la secretaría técnica del sistema, una de las piezas claves de toda la armazón burocrática que administrará y organizará buena parte de las decisiones que se tomen. El gol del empate, quizá el más difícil, sería impedir que, tal y como se pretende hacer a nivel nacional con el procurador general de la República, el procurador de Justicia se convierta en el fiscal general del Estado, con todo lo que ello implicaría en materia de blindaje para el grupo actualmente en el poder. Incluso, dicen, en caso de que Miguel Riquelme sea ratificado como próximo gobernador, no le convendría tener un sistema tan alineado a los intereses de los hermanos Moreira, sobre todo porque, al menos durante los primeros tres años del sexenio, don Miguel tampoco tendría control sobre el Congreso local. Algo así como estar entre la espada anayista y la pared moreirista.

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Y ya entrados en la grilla, todo parece indicar que en el PAN y en Morena hay quienes voluntaria o involuntariamente le están allanado el camino al PRI de Peña Nieto de cara a la elección presidencial de 2018. Y es que mientras en el tricolor parece ser strike cantado que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, recibirá la unción de suspirante, en el partido de Andrés Manuel López Obrador siguen las defecciones. La más reciente es la de Ricardo Monreal, quien a pesar de haber jurado y perjurado que acataría las reglas del juego para la selección del candidato en la Ciudad de México, ahora está coqueteando con la idea de irse por la libre porque el dedo del Peje -perdón, la encuesta- apuntó a Claudia Sheinbaum. Pero lo más grave está ocurriendo en el blanquiazul, en donde Ricardo Anaya intenta hacer frente a todos sus demonios internos a la par que evitar una fractura que el jueves por la noche quedó más que evidenciada. En la sesión de instalación de la mesa directiva del Senado, los calderonistas Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle se impusieron con ayuda del PRI para tomar el control de la cámara a pesar de la oposición de toda la bancada del PAN que, bajo las órdenes de Ricardo Anaya, decidieron abandonar el recinto. Está bastante claro lo que está sucediendo dentro del PAN. Los calderonistas que quieren que Margarita Zavala sea la abanderada blanquiazul a la presidencia se sienten muy maltratados por el “Joven Maravilla”, quien desde la dirigencia nacional del partido sigue promoviendo su imagen para volverse presidenciable. En esta evidente ruptura, los calderonistas se han aliado con el PRI de Peña Nieto para golpear a Anaya y sacarlo de la jugada. Dicen que en caso de que éste no renuncie, estarían dispuestos a sacrificar al partido con tal de que no gane AMLO la presidencia y quede una figura afín como Meade, quien hasta podría garantizarles posiciones importantes. En el ínterin, está la aprobación del pase automático del procurador Raúl Cervantes como fiscal general de la República, lo que, dicen, vendría a terminar de cavar la tumba del Sistema Nacional Anticorrupción y a garantizar la inmunidad del equipo de Peña Nieto para el próximo sexenio y parte del siguiente. Qué cosas.

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En asuntos más mundanos, nuestros subagentes disfrazados de tubos y cárcamos nos cuentan que tal vez en su afán por esconder las fallas propias y construir su imagen de cara al año electoral que se acerca, el gerente general del Simas, Xavier Herrera Arroyo, ha incurrido en un grave error de cálculo aritmético. Resulta que don Xavier se comprometió desde que llegó al cargo a terminar con las suspensiones en el suministro de agua que año con año se venían presentando y que se agudizan en el verano. Como era de esperarse, los veranos se han sucedido uno tras otro con la concebida queja por la falta de agua en varios sectores. Uno de los recursos más usados por el Simas para zafarse de la responsabilidad ha sido culpar a la Comisión Federal de Electricidad por los apagones. En este tenor, don Xavier ha llegado a decir que en siete meses la CFE se ha aventado 700 suspensiones del servicio eléctrico, es decir, 100 al mes, más de tres al día. Pero dicen que la razón de este número tan elevado está en una forma peculiar de contar los apagones. Resulta que para don Xavier el hecho de que 10 norias se paren por falta de electricidad en un mismo incidente significa que hubo en ese momento 10 apagones, cuando en realidad se trata de uno solo. Pero, peor aún, cuentan que muchos de esos apagones son provocados por las malas conexiones que tiene el Simas dentro de sus pozos, los cuales, con cualquier aire o rama, hacen tronar las líneas provocando daños en sistemas mayores de la CFE. En fin, una vez que las autoridades de ambas empresas se reunieron para dirimir sus diferencias, seguramente las cosas marcharán mucho mejor para la ciudad.

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Luego de que concluyeron los informes del primer año de las administraciones municipales en Durango, sigue quedando en el apartado de pendientes de cumplir una promesa que surgió desde las campañas políticas y que tiene que ver con el escabroso asunto de dar a conocer las auditorías sobre el manejo de los recursos públicos por parte de los antecesores, sobre todo en el caso de Gómez Palacio y Durango. Aunque en su momento se habló también de la intención de dar a conocer los nombres de quienes como servidores públicos habían incurrido en travesuras, finalmente éstos han permanecido en total secreto bajo el argumento de que estos procesos deberán ser concluidos con el fincamiento de responsabilidades por parte del Congreso del Estado, que sabrá Dios cuándo va a ocurrir. De manera que a un año, pareciera que las administraciones municipales actuales le “echaron tierrita” a estos temas y los dejaron en el limbo, mientras los nuevos ricos de La Laguna de Durango y de la propia ciudad capital siguen disfrutando de las mieles que obtuvieron en su breve paso por los cargos públicos que ocuparon sin que nadie los llame a cuentas. Por lo menos en el caso del gobierno estatal, se ve una actitud de lentos pero seguros, pues ya se han liberado varias órdenes de aprehensión mientras que el otrora todo poderoso Rafael Herrera Piedra continúa tras las rejas. Por cierto, ayer en su informe el gobernador José Aispuro Torres retomó el tema de la deuda que le dejaron y la cual fue por casi 15 mil millones de pesillos. Habrá que ver si también retoma la intención de llamar a cuentas a su antecesor, Jorge Herrera Caldera.

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