Una vez más, y sin el menor recato, la LX Legislatura dio muestras claras de que su intención, como desde el inicio del proceso, no es garantizar la construcción de un Sistema Estatal Anticorrupción independiente, autónomo y eficaz. En los primeros días de esta semana el Congreso aprobó la integración del Comité de Selección con individuos cuya relación con la presente y pasada administraciones estatales es directa; ciudadanos que han publicado en medios regionales su simpatía con los gobiernos priistas encabezados por Miguel Riquelme en Torreón, y Humberto y Rubén Moreira en Coahuila; personas con décadas de antigüedad en el servicio público que carecen de cualquier experiencia en el combate a la corrupción, o cuya labor social no está vinculada con este tema de manera directa.
De la misma manera, la Legislatura confirmó las sospechas de analistas y periodistas del nombramiento de Jesús Homero Flores Mier al frente de la Fiscalía Anticorrupción, tras una convocatoria exprés que tenía la clara intención de inhibir la participación de ciudadanos que reunieran el perfil y fueran realmente competentes en el tema. Quien fuera colaborador de ambos hermanos Moreira, y señalado en múltiples ocasiones por las severas fallas del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información que el funcionario preside, ostentará un cargo clave por siete años dentro de un Sistema Estatal cuya función debería ser la de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la investigación y el castigo justo a quienes incurran en cualquier caso de corrupción en nuestro estado.
La ruta de implementación del Sistema Estatal ha ido enmarañando nombramientos y simulando la participación ciudadana. En Coahuila no hay más ley que la de los hermanos Moreira y un Legislativo a su entera disposición, que concentran un poder más allá del que la Constitución les otorga, desdeñando y burlando las demandas que la sociedad civil ha hecho a cada paso del proceso. Ya contamos con Fiscal Anticorrupción, sin Comité de Participación Ciudadana. Ya están designados los magistrados, y no faltan muchos días para conocer a un Fiscal General cómodo para los Moreira.
Frente a éstas, y todas las demás irregularidades, la opinión pública ha señalado errores en el actuar de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación al respecto. Como he comentado en colaboraciones anteriores, no se trata, sino de la tradición de culpar a la víctima de haber sido atropellado (o robado, o violado, o asesinado). Como si los abusos de la autoridad fueran responsabilidad de quienes los estamos padeciendo. En todo momento hemos comunicado de manera honesta y transparente la poca o casi nula injerencia que la conformación del SEA en Coahuila nos ha permitido, aún habiendo reunido a 109 organizaciones a nivel estatal, y presentado propuestas legislativas, candidatos aptos para la conformación del Comité de Selección, etc.
La sociedad civil y los ciudadanos coahuilenses seguiremos denunciando la manera evidente en que la presente administración estatal está construyendo un SEA a modo, diseñado para limitar la verdadera participación ciudadana, para seguir debilitando a las instituciones y rompiendo con el estado de derecho en materia de rendición de cuentas. No descansamos ni un minuto, aunque tomemos algunas horas para recuperar el aliento tras cada revés democrático que padecemos en nuestro estado. Sin embargo, en este tema como en todos los demás, es necesaria la participación de la sociedad en masa. La indolencia de los ciudadanos es aliada de las mañas de nuestros gobernantes. Invitamos a la ciudadanía a seguir en redes sociales nuestras publicaciones y participar compartiendo, o retroalimentándonos. Ni dormidos en nuestros laureles, ni chupándonos el dedo: seguiremos participando.
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