El próximo 1 de septiembre millones de mexicanos estarán atentos al contenido del 5to Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Quienes nos dedicamos al mundo del derecho, sin embargo, tendremos un punto adicional de máximo interés: ese día dará inicio el periodo de sesiones del Congreso de la Unión que deberá acometer -antes de las previsibles trifulcas electorales del próximo año- tres de las transformaciones jurídicas más importantes de las últimas décadas.
Antes del mes de febrero de 2018 deberá estar funcionando el nuevo modelo de justicia laboral, a partir del cual van a desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y en su lugar se van a crear verdaderos tribunales laborales. Además, se creará un sistema de mediación en materia laboral y se harán ajustes para el registro y funcionamiento de los sindicatos. Se trata de una de las reformas legislativas más importantes de las últimas décadas, si consideramos los efectos que tendrá sobre la vida de millones de personas y por el enorme impacto que puede generar (muy positivo, en mi criterio) sobre la certeza para las inversiones y los derechos de los trabajadores.
La iniciativa del futuro "Código Nacional de Procedimientos Laborales" debe llegar a manos de cualquiera de las Cámaras del Congreso a la brevedad, pues son muchos los aspectos a analizar y los detalles que hay que cuidar. La Secretaría del Trabajo, que encabeza Alfonso Navarrete Prida, tiene una gran responsabilidad para que el anteproyecto quede perfectamente bien redactado y llegue a tiempo para ser discutido y difundido con toda antelación. El presidente Peña Nieto debería enviar la iniciativa con carácter de "iniciativa preferente", para reconocer ante el Poder Legislativo de la Unión la relevancia y urgencia del tema.
Por otro lado, los legisladores tendrán la posibilidad de aprobar una reforma constitucional que faculte al Congreso para emitir un código penal único para el país. Se trata de que lo que se define como delito por la ley sea igual en Baja California que en Quintana Roo, en Jalisco o en Veracruz. Entiendo que está dentro de los planes del presidente Peña Nieto y del procurador Raúl Cervantes impulsar ese proyecto, que ha sido un anhelo muy antiguo de distintas generaciones de abogados (desde Raúl Carrancá y Trujillo en los años 40 del siglo pasado, hasta grandes penalistas actuales como Ricardo Franco Guzmán o Rubén Quintino).
No será una ruta fácil, pues hay temas de gran complejidad como el del aborto. Las distintas visiones sobre el tema (desde la despenalización parcial de la Ciudad de México, hasta las persecuciones absurdas en estados como Guanajuato), convocarán a álgidas discusiones, pero no debe ser algo que impida el enorme avance que puede representar el futuro "Código Nacional Penal".
Finalmente, nuestros legisladores federales podrán hacer realidad la unificación de códigos en materia de procedimiento familiar y civil. Esta reforma impactará también en la vida de millones de mexicanos. Según datos del Inegi, el 35 % de todos los juicios que se celebran en México es en materia familiar; y otro 30 % es en materia civil. Estamos hablando por tanto de una reforma que transformará la manera en que se desahogará casi el 70 % de los litigios en México.
Miremos, a la luz de todo lo dicho, el alcance de las tres reformas: si los legisladores aprovechan esta oportunidad histórica vamos a estar frente a un enorme potencial de mejoramiento del catálogo de delitos y penas aplicables a todo el país; contaremos con una moderna y funcional justicia para patrones y trabajadores; y le daremos mayor seguridad jurídica a personas que quieran divorciarse, que reciban una herencia, que quieran reivindicar un terreno, que defiendan un contrato de arrendamiento o que exijan su derecho a recibir una pensión de alimentos.
Si somos capaces de acometer con éxito esa transformación, estaremos dándole al país el marco jurídico que merece y que es indispensable para poder crecer en las próximas décadas. No significa que por tener nuevas leyes vaya a cambiar, así nada más, la realidad. Pero las buenas leyes sin duda ayudan a que hagamos las cosas bien, pues no son otra cosa más que las reglas del juego a partir de las cuales podemos organizar la convivencia civil pacífica. No es poca cosa.
