El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez (der.), pudo limitarse a recibir un expediente con más de dos mil documentos sobre el proceso de destitución en su contra. (ARCHIVO)
Por primera vez en la historia, este martes la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se convirtió en una verdadera Sala de Juicio Oral y en donde, desde el banquillo de los acusados, el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, junto con su abogado Martín Celis, ex aspirante del PRI a la delegación Tlalpan, pudo limitarse a recibir un expediente con más de dos mil fojas sobre el proceso de destitución en su contra.
Su arribo al recinto de Donceles y Allende fue distinto al registrado en su última visita hace casi un mes, cuando compareció y dio inicio este procedimiento por su posible nexo con narcomenudistas.
Su salida de la Asamblea fue engorrosa; el delegado fue increpado por vecinos, quienes lo esperaban exigiendo su renuncia, golpeando la unidad que lo trasladaría a Tláhuac y a la cual le rompieron un vidrio.
Esta vez, un contingente de seguridad lo recibió y lo acompañó hasta el final de la audiencia en donde se le informó que en ese expediente estaban todas las pruebas presentadas en su contra por 23 diputados y que tendría 15 días para recabar y ofrecer testimonios a su favor.
El semblante de Salgado se tornó diferente, y no era para menos, tener que estar sentado frente a diputados que ni siquiera formaban parte de la Comisión Especial Jurisdiccional no fue nada sencillo ni honroso.
Ambiente tenso. Los medios de comunicación pudieron entrar, aunque estuvo prohibido grabar o tomar fotografías. Lo único que se permitió fueron apuntes.
El clima era tenso como si algunos diputados que se encontraban en la audiencia se preguntaran ¿alguna vez podría estar yo aquí como Salgado?
Afuera, en las escalinatas, al delegado morenista lo esperaban manifestantes para exigir su salida de Tláhuac y exigir un juicio político.
La audiencia fue rápida, de seis minutos; ninguno de los diputados que integran la Comisión Especial Jurisdiccional faltó. Hasta el perredista Mauricio Toledo pidió a la priísta Mariana Moguel se cambiara de lugar, algo le dijo, pero no se alcanzó a escuchar.
A su salida, entre tumultos y medios de comunicación, sin más reiteró que no tiene ningún vínculo con el capo El Ojos.
Además adelantó que tendrá una defensoría jurídica e incluso que nombrará a una vocería para mantener informados a los medios sobre este proceso que arrancó desde hace días la Comisión Especial Jurisdiccional a cargo del diputado Armando López Velarde Campa.
El abogado Martín Celis no desaprovechó la oportunidad de los reflectores y estimó endeble el procedimiento contra su defendido y también inconstitucional.
"Lo que no veo endeble es la cuestión política, pues la Comisión Jurisdiccional está compuesta por una mayoría contraria a Morena", dijo.
Como experto en estos temas, dijo sin duda que el caso de Rigoberto Salgado está vinculado a las elecciones de 2018, donde los otros partidos políticos buscarán quedarse con el espacio y desplazar a Morena.
"Si las pruebas y los medios están vinculados y hay certeza, se atenderá conforme a la ley, pero una nota informativa no hace prueba porque se trata de una mención periodística", externó, de ahí que se analizará minuciosamente el expediente para responder y revertir a todas y cada una de las impugnaciones, siempre apegados a la ley.
