Un sistema independiente
La aplicación en Coahuila del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está generando un álgido debate entre los grupos políticos interesados y entre el sector más activo de la sociedad civil. En principio, este hecho no es negativo, puesto que un proceso de tal importancia merece todo el debate que sea necesario en aras de que concrete de la mejor manera posible.
El problema radica en que los reclamos de asociaciones civiles respecto a lo que consideran "distorsiones" en la aplicación del sistema están siendo desoídos por los encargados del proceso, a saber, los legisladores del Congreso de Estado. Además, existen otros temas que ni siquiera los organismos civiles están considerando y que ponen en riesgo la efectividad del SEA en el combate futuro a la corrupción.
Mientras que la mayor parte de la atención se había puesto hasta la semana pasada en la conformación de la comisión seleccionadora del Consejo de Participación Ciudadana, otras dos instituciones avanzaban en su integración a la sombra del escrutinio público: el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano encargado de juzgar los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos, y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, institución que tendrá como tarea principal la de recibir las denuncias e investigar los ilícitos.
En el caso del Tribunal, tres de los cinco magistrados que fueron propuestos por el titular del Poder Ejecutivo y aprobados por la mayoría priista en el Congreso son personas vinculadas a la actual administración estatal, lo cual podría poner en duda la independencia del criterio de resolución de los casos cuando se trate de funcionarios del régimen que finaliza.
En cuanto a la Fiscalía, aún está en proceso la selección del llamado zar anticorrupción, pero de entrada se aprecian puntos criticables en el procedimiento. La convocatoria fue lanzada con vigencia de tan sólo cinco días y con un fin de semana de por medio, además de que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado, hecho que ha sido cuestionado por legisladores de oposición, algunas asociaciones civiles y especialistas. El resultado es que el Congreso sólo recibió cuatro propuestas de perfiles, de los cuales ninguno cuenta con experiencia en materia penal y dos están vinculados con la actual administración.
Una vez que sea nombrado el fiscal especial, quedará pendiente la selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que sólo tendrá funciones consultivas no vinculantes; la conformación del Comité Técnico, en el que recaerá la operación del sistema y estará integrado por funcionarios públicos en su mayoría, y la designación del titular de la Fiscalía General del Estado, que sustituirá a la Procuraduría de Justicia y estará por encima de la fiscalía especial. En este último punto no se puede descartar que en Coahuila se siga la ruta que está siguiendo el presidente Enrique Peña Nieto con la propuesta de que el actual procurador general de la República sea el primer fiscal general de la nación, con lo cual brincaría el sexenio.
Todo lo descrito en estas líneas apunta a que existe el riesgo de que el sistema, una iniciativa loable aunque incompleta, se convierta en su arranque en un escudo de impunidad para las administraciones que están por concluir debido a la subordinación o vínculo que los principales actores tienen con los mandatarios salientes. Pero lo más importante es que los nombramientos que hasta ahora se han dado en Coahuila contravienen el principio de independencia que se prometió cuando el Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido. Ojalá que aún se esté a tiempo de corregir y equilibrar la balanza, y que la sociedad civil asuma el papel que le corresponde en este proceso.
