Desconozco si en otro lugar en el mundo los automóviles puedan: a) circular con las placas vigentes expedidas por la autoridad estatal; b) hacerlo con las vigentes del estado vecino; c) con las caducas de ambos estados; d) las expedidas por organizaciones ciudadanas que dicen dedicarse a la protección del patrimonio familiar; e) las que expiden organizaciones vinculadas a partidos políticos; f) cualquiera de las anteriores pero colocadas, por el motivo que sea, al interior de los vehículos y no en el porta placas, o; g) de plano, sin placas. Aquí se puede, prácticamente sin ser "molestado" por quienes vigilan las vialidades.
La expedición de placas de circulación es por ley una potestad del Estado, su propósito de origen es la identificación de las unidades por motivos de seguridad. Con el tiempo, se convirtió también en un mecanismo de recaudación. Pero, aquí, es también negocio de particulares y de partidos que buscan robustecer sus redes clientelares. Y, para muchos ciudadanos, una imposición que hay que intentar burlar por los medios que sea.
Lo que se revela con la situación de las placas, aquí, es nuestra propensión al desorden y nuestra habitualidad a la injusticia: quienes han pagado el precio de portar las placas vigentes, poseen los mismos derechos que aquellos que, por un camino u otro, burlan la ley; lo que de manera alguna debería aceptar una sociedad. Pero, aquí, admitimos que así suceda, ya sea por conveniencia, complicidad o simple apatía.
La autoridad no se esmera en hacer cumplir la ley; nadie desde la ciudadanía exige que se aplique. Al tiempo, se incrementan los percances viales; las muertes como consecuencia de los mismos; las incapacidades laborales ocasionadas por las lesiones; la contaminación ambiental; los tiempos dedicados a los traslados; etcétera. Se trata de los "daños colaterales" propios de una política, la de movilidad, que se conduce por el negocio y no por el bienestar.
Eso que ocurre aquí con los vehículos y sus placas, sucede en todo el país con las políticas públicas: se arraigan en algún tipo de desorden, aceptan la prevalencia de situaciones injustas, abren la posibilidad para otros males que se derivan de ese desorden injusto y todas significan un negocio económico y electoral para unos pocos. De ahí las crisis recurrentes, la pobre credibilidad institucional y la opulencia de quienes acceden al poder.
