Los acontecimientos que actualmente vive México están por definir su rumbo económico de los próximos años, entre ellos, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la consolidación fiscal y las reformas estructurales.
Estos temas no pueden entenderse sin un Estado de derecho que contribuya a generar certidumbre y confianza en los agentes económicos; en ese sentido, la inseguridad y la impunidad son dos aspectos que han mermado la credibilidad del país, además de tener un alto costo económico.
La violencia que se vive en varias entidades del país, los vergonzosos actos de peculado y malversación de fondos por parte de algunos exgobernadores y servidores públicos, el enriquecimiento de líderes sindicales, los presuntos vínculos con el crimen organizado por parte algunos personajes públicos, por mencionar algunos, generalmente se resumen en una palabra: impunidad y obviamente, corrupción.
Es innegable que estructuras de gobierno han sido penetradas por la delincuencia organizada debido a actos de complicidad delictiva.
Gobiernos locales y estatales no sólo han estado involucrados, también han demostrado su ineficiencia para contener la inseguridad e impunidad.
Los factores que contribuyen a generar la corrupción, expandirla, diversificarla y perpetuarla son diversos y muy complejos, principalmente se basan en la impunidad. Por ello, no es posible indicar que es responsabilidad exclusiva del Estado Mexicano, sino de la sociedad en su conjunto.
Ahora bien, sí hay una responsabilidad de nuestras autoridades, instituciones y políticos, para combatirla y ser eficientes en la prevención de estos actos que tienen profundos efectos nocivos para la economía.
Uno de los primeros efectos se refleja en el ranking de competitividad. En el último reporte del Foro Económico Mundial de 2016 se señala que en México el principal factor que genera problemas al momento de hacer negocios es la corrupción, además del crimen y el robo; por ello, el país se mantiene en el sitio número 51 de 138, una posición que nos ubica lejos de las economías que más atraen capitales y tienen mayor facilidad para hacer negocios.
El impacto de la corrupción, inseguridad e impunidad afecta negativamente a muchas actividades, como el comercio, los servicios, el turismo, la industria, el campo, por mencionar algunos; su costo financiero es difícil de calcular, pero evidentemente incide sobre el crecimiento económico, en la pobreza y la desigualdad.
No obstante, existen algunos esfuerzos por calcular este efecto.
Para el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), México Evalúa y México ¿cómo vamos? La corrupción en México en 2014 tuvo un costo de 341 mil millones de pesos, dato que representó el 15% de la inversión pública.
Previamente, en 2012, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que la corrupción equivalía a 10% del PIB de ese año, con un costo de 1.5 billones de pesos; para el organismo empresarial, la impunidad del país alcanzaba niveles de 98%.
Si bien es cierto que la inseguridad y la impunidad, así como la corrupción no son exclusivos de México y estos actos se presentan en todo el mundo, la eficiencia de las instituciones, la transparencia de los recursos y las instituciones para combatirla, son lo que marcan la diferencia; es por ello que es un problema no sólo de los gobiernos, sino también de particulares, de empresas, organizaciones estados y municipios, así como de los ciudadanos.
A México le urge atacar estos males; en 2016 ocupó la posición 123 de 176 países incluidos en el Índice de Transparencia Internacional.
Si queremos avanzar en los grandes temas de la agenda internacional, no podemos darnos el lujo de seguir viviendo en un entorno de inseguridad e impunidad y debemos por lo menos mitigar la cultura de la corrupción.
Si bien hay avances en temas transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, éstos no son suficientes. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es uno de ellos; es un gran esfuerzo, pero tiene áreas de mejora, debe funcionar eficazmente y dar certeza, así como confiabilidad, con alcances en todos los niveles estatales, federales y municipales para generar un marco jurídico acorde a un estado de derecho sólido que corresponda a una economía competitiva y globalizada, que ayude a atraer inversiones, generar empleo y a dar certidumbre, para así fomentar el crecimiento que se traduzca en beneficios para sus ciudadanos.
¡Es nuestra responsabilidad como mexicanos; actuemos por y con México!
Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C.
