EDITORIAL
EL AGENTE 007 Miércoles 23 de ago 2017, 8:12am ... Anterior 2 de 10 Siguiente ...

Verdades y Rumores


Mientras el gober electo de Coahuila, Miguel Riquelme, sigue gestionando en la Capirucha del Esmog que el preciso Enrique Peña Nieto lo reciba como recibió hace días a los futuros mandatarios del Edomex, Alfredo del Mazo, y Nayarit, Antonio Echevarría, con todo y que también están impugnados, quien ha asumido la defensa política del triunfo del PRI en la entidad es nada menos que el gober Rubén Moreira. Como si se tratara de una especie de refrito de la elección de 2011, el intercambio de golpes en esta nueva etapa del pleito poselectoral se ha concentrado entre don Rubén y el excandidato panista a la gubernatura, Guillermo Anaya. Don Miguel ha bajado considerablemente su perfil, incluso ha dejado de usar sus cuentas de redes sociales.

Y el pastor nacional del PRI, Enrique Ochoa, está más concentrado ya en enderezar la nave tricolor de cara al proceso electoral de 2018 y tratar de convencer a la clientela que el ungido debe ser José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda. Dicen que por eso el mandatario de la provincia coahuilense ha decidido salir a defender a Riquelme del constante fuego panista que incluso viene desde la dirigencia nacional. Hace unos días, Moreira II tiró un dardo emponzoñado al pastor blanquiazul, Ricardo Anaya; dijo que éste había reconocido tácitamente que había pruebas de que varios integrantes del equipo de don Memo incurrieron en delitos electorales al decir que los agentes estatales que catearon las oficinas panistas en Saltillo y Ramos Arizpe fueron a sembrar pruebas para fabricar delitos. Dijo además que lo que el “Joven Maravilla” estaba buscando era una coartada para evadir los presuntos crímenes electorales. La reacción tardó algunos días en llegar y corrió por parte del excandidato a la gubernatura quien ayer dijo que don Rubén tiene miedo de ir a la cárcel y que, como está desesperado, no sabe qué decir ni cómo actuar para evitar lo que los panistas consideran inevitable, es decir, la supuesta anulación de la elección. De paso, le soltó otros golpes por el abandono que se observa en el sector salud de la entidad y los presuntos desvíos que se han dado. Es decir, parece que los que están ahora en campaña son don Memo y don Rubén, como hace seis años.

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Cuentan que las asociaciones civiles que vigilan el proceso de instalación del Sistema Anticorrupción en Coahuila han concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en velar porque la comisión de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no se convierta en una sucursal de funcionarios o exfuncionarios de los dos regímenes moreiristas. Y esto en principio está muy bien, pero dicen los que saben que por poner toda la carne al asador en este asunto en específico, han descuidado otros procedimientos igual o quizá más importantes del sistema. Hay quienes incluso creen que la integración de la comisión seleccionadora tiene una importancia marginal, toda vez que su encargo concluye una vez que quede instalado el Consejo de Participación Ciudadana, el cual, de acuerdo al organigrama del sistema, no tendrá tanto peso como se cree puesto que el organismo que sacará adelante todas las decisiones será el comité técnico del sistema, que estará conformado en su mayoría por funcionarios públicos de la administración en turno y sólo un representante de la sociedad civil. Comentan que son más importantes las figuras del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal Administrativo, que tendrán la encomienda, el primero, de investigar los delitos cometidos por servidores públicos relacionados con sus cargos y, el segundo, sancionarlos. Pero resulta que el descuido permitió que el gobierno estatal haya anotado el primero gol a balón parado con la aprobación por el Congreso local de tres magistrados afines al régimen moreirista de los cinco que conforman el Tribunal. Y, dicen, el equipo de don Rubén estaría a punto de anotar el segundo gol de chilena con la postulación de dos perfiles cercanos para el cargo de fiscal anticorrupción, de las únicas cuatro candidaturas que se presentaron. Dicen que ya sólo falta que se concrete el aval del Congreso local para que Homero Ramos, procurador de Justicia, se convierta el el fiscal general de la provincia y logre brincar el sexenio, y se consume así lo que parece ser una goliza.

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En el bajo mundo de los leguleyos se comenta que la gran falla en el sistema de justicia penal que tanto se presumió antes de su aplicación en este y todos los estados de la República está en el desconocimiento o falta de cuidado en la aplicación de sus formas y fondos. Los que merodean por las salas de juicios orales cuentan que varios abogados particulares no están capacitados y son los que más cometen pifias en plenas audiencias o se van por otros temas que nada tienen que ver con lo que se trata. En cuanto a los agentes del ministerio público de la Procuraduría de Justicia, se suponen que sí saben los pormenores del nuevo sistema, al menos porque se gastaron varios millones de pesillos en capacitaciones, a menos de que o no hayan puesto la debida atención o de plano el dinero fue a parar a otras manos, como las de Ficrea, dicen por ahí. El chiste es que con todo y la supuesta capacitación, los agentes del Estado han perdido casos que en principio parecían fáciles para ellos. Pero la cosa no para ahí. Dicen que el personal encargado de sala se observa a leguas que no ha sido capacitado en el tema de derechos humanos. Y es que lo que antes pasaba casi en privado y a la vista de pocos en el sistema tradicional, es decir, los malos tratos para víctimas y victimarios, ahora ocurre a la vista de todos ya que las audiencias son públicas, incluso con claras preferencias hacia alguno de los bandos enfrentados. En los pasillos de los edificios de justicia se comenta que ni los custodios tratan tan mal a los imputados o sus familiares solo porque se presume que podrían estar implicados en un delito. Y con todo esto ¿cómo no quieren que los delincuentes salgan libres en vez de pisar la cárcel?

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Del otro lado del Nazas cuentan que el cerrado grupo Durango volvió a hacer de las suyas dejando fuera a los laguneros en cargos con representación estatal en los principales partidos políticos, a pesar de todos los pronunciamientos que en su momento se dieron en ambos bandos para tomar en cuenta a esta región, la que finalmente es la que determina quién gana o pierde en una elección en Durango, como se ha visto. Y es que en la pasada elección a presidente estatal del PAN, dicen que le hicieron bolita a Oswaldo Santibáñez, quien era la supuesta propuesta del gober José Aispuro Torres y cercano a la cúpula nacional pero a la vez representaba intereses muy contrarios a los de Lorenzo Martínez Delgadillo y Rómulo Campuzano, quienes finalmente se quedaron a cargo de la presidencia y secretaría general respaldados por los suspirantes presidenciales Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala, respectivamente. En días recientes ocurrió lo mismo en el PRI con el diputado local Enrique Benítez Ojeda, quien llega arrasando todo el grupo comandado por el exgober Ismael Hernández Deras, quien en la pasada toma de posesión del actual gobierno recibió una fuerte rechifla en la velaria de la Feria Nacional de Durango (Fenadu) y ahora dice volver por sus fueros dejando fuera a toda propuesta lagunera sobre todo si viene del grupo de los Herrera. Con el registro de Benítez Ojeda como “candidato de unidad” a dirigir el PRI en Durango, don Ismael confirmó que sigue siendo el mandamás de ese partido. Así pues, se empiezan a visualizar las candidaturas de 2018 para diputados locales, federales y senadores con un panorama complicado para el PAN, en cuyo caso el gobernador deberá operar en serio y dejar de ceder espacios a priistas y perredistas. Por lo pronto, en el blanquiazul ya suenan nombres como el de Santibáñez, Carlos Rosales, Héctor Rivera, Cuitláhuac Valdés y uno que otro más, mientras que por el PRI se mantienen las propuestas de Manuel Ramos Carrillo, José Lorenzo Natera, Sergio Uribe y hasta la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem.

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Hace un año fue el prietito en el arroz al término de la administración municipal de Luis de Villa, luego de los aplausos de los regidores del PAN en cabildo por bajar la deuda pública. Hoy sigue siendo la manzana de la discordia y un problema que no tiene solución a pesar del cambio de colores en gobierno estatal y el relevo en el ayuntamiento lerdense. Se trata del paso inferior Sarabia que en la tormenta más reciente se volvió a inundar y duró horas como alberca. Esta obra, que costó mas de 50 millones de pesillos y fue ejecutada con recursos del Fondo Metropolitano de la Laguna de 2011 por el gobierno de Jorge Herrera Caldera, presenta deficiencias que ponen en riesgo la vida de los conductores en temporada de lluvias. Hace un año, cuando falleció ahogado un taxista, la pasada administración aseguró que el sistema de rebombeo funcionaba de forma óptima. Hoy se sabe que el sistema de rebombeo requiere de más inversión, porque simplemente no es suficiente. Incluso la alcaldesa María Luisa González Achem dijo que, de pleno, cada que llueva cerrará este paso inferior en lo que que halla una solución porque las bombas son europeas -aunque más bien parecen Made in Tepito- y eso implica que hasta las refacciones son difíciles de conseguir. Hasta donde se sabe, el sistema de bombeo no es automático sino manual. De cualquier manera, ojalá que no esperen a que haya otro difunto para hacer algo.


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