Medidas. Para el presidente del PRD, Cecilio Campos, debe actuarse contra exfuncionarios que cometieron irregularidades. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El presidente del PRD en Gómez Palacio, Cecilio Campos Jiménez consideró que se debe actuar en contra de quienes cometieron irregularidades en pasadas administraciones municipales, además de que se deslinden responsabilidades y que no exista impunidad en este caso.
Dijo que a un año de iniciada la gestión, hay algunos temas pendientes como el caso de los 350 "aviadores" que venían cobrando desde administraciones pasadas, los cuales fueron detectados y dados de baja a inicios de la actual.
Recordó que en su momento, la alcaldesa Leticia Herrera señaló que se comprobó de manera fehaciente que esas 350 personas no desempeñaban ninguna actividad en el municipio y sólo cobraban, el indicó que dicha situación constituyó un quebrando a las finanzas y además, influyó directamente en que durante años no se hayan atendido los servicios ni las obras que reclamaba la ciudadanía.
También manifestó públicamente que daría a conocer "con nombres y apellidos" a los que incurrieron en esas irregularidades, "desde cuándo y en cuál administración", pero a la fecha no se han dado a conocer tales datos ni las dependencias en las cuales estaban asignados los "aviadores", ya que jurídicamente sus ahora extitulares son copartícipes.
El dirigente perredista consideró que la sociedad espera que se deslinden responsabilidades y que no haya impunidad.
"Se debe actuar conforme a derecho hasta sus últimas consecuencias. Tales individuos cometieron conductas punibles tipificadas en el Código Penal de nuestra entidad, en los artículos 158 y 159. Tienen que ser castigados y reintegrar los recursos económicos que recibieron ilegalmente", indicó.
De igual manera, se debe sancionar a quienes cometieron irregularidades graves en el ejercicio de los recursos públicos durante las pasadas administraciones municipales, y que pueden ser motivo de procedimientos penales, según los resultados de la auditoría que se practicó, y de acuerdo a lo expuesto en enero del año en curso por el tesorero, Oscar García Villarreal y el contralor, Javier Calderón Castillo.
