EDITORIAL
JESÚS CANTÚ Domingo 20 de ago 2017, 10:49am ... Anterior 5 de 7 Siguiente ...

Insultante financiamiento público a partidos en 2018


Los partidos políticos nacionales y locales y los candidatos independientes que participen en las elecciones federales y estatales que se celebren el 1 de julio del próximo año recibirán un total de 12 mil 500 millones de pesos de financiamiento público. El pasado viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo para el financiamiento público federal que llega a 6 mil 788 millones de pesos, en lo que corresponde al presupuesto federal, sin embargo, a este monto hay que agregar lo que entregarán las 32 entidades federativas, por lo cual hay que sumar otros 5 mil 800 millones de pesos.

Será el financiamiento público más alto entregado a los partidos políticos en la historia de México, por 2 razones fundamentales: primero, por la fórmula que los legisladores de los propios partidos políticos se generosamente concedieron en la reforma constitucional del 2007; y, segundo, porque por primera vez en la historia concurrirán elecciones generales federales (presidente, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados); elecciones generales en 8 entidades de la República Mexicana; elecciones de gobernador y Congreso en Veracruz; y elecciones de ayuntamientos y/o congreso en 21 más. Únicamente Baja California y Nayarit, no tendrán ninguna elección.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la bolsa del financiamiento público para los partidos políticos se compondrá de cuatro partidas: financiamiento para actividades ordinarias; financiamiento para actividades específicas (educación cívica. capacitación electoral, investigación socioeconómica o política); financiamiento para promoción del voto; y una previsión, que no se entrega en efectivo, para la franquicia postal.

El mismo artículo señala que la bolsa de financiamiento se calculará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (antes era el salario mínimo general del Distrito Federal); que en los años de elecciones generales, además de dicho financiamiento se entregará un 50% adicional para la promoción del voto; y en los años de elección de diputados, el 30% adicional. Así en este caso es un 50% únicamente de la elección federal y es lo que suma los 6.8 mil millones de pesos.

La Constitución en su artículo 116 únicamente señala que los Congresos estatales tendrán que normar el financiamiento público que reciban los partidos políticos con registro estatal, que serán todos los nacionales, que hayan conseguido al menos el 3% de los votos en la última elección del Congreso estatal, y los estatales que hayan cumplido con dicho requisito. Pero en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos sí son más precisos e indican en la fracción I del inciso "a": "…el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del…salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales".

Debido a esta disposición todas las entidades federativas establecieron exactamente la misma fórmula para determinar la bolsa de financiamiento público en sus respectivos estados, en estos momentos entendiendo que ya no es el salario mínimo, sino la Unidad de Medida y Actualización. La única entidad que cambió dicha disposición, en junio de este año, fue Jalisco a partir de la fusión de una propuesta del gobernador de la entidad y otra del diputado independiente Pedro Kumamoto, para establecer que en año no electoral el cálculo será el total de ciudadanos en el padrón electoral multiplicado por el 20% de la Unidad de Medida, con lo cual el financiamiento para actividades ordinarias se redujo a menos de la tercera parte de lo que recibían en el pasado; y, en años electorales, por el 65% de la misma. Las dirigencias de algunos políticos ya interpusieron la acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma y las mismas seguramente serán resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero calculando a partir de la bolsa de financiamiento federal, lo que correspondería de financiamiento público en las entidades federativas bajo la norma establecida en la Ley de Partidos, el monto sumaría aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos, así que en realidad el financiamiento público que recibirán los partidos políticos y los candidatos independientes para sus actividades ordinarias, campañas electorales y actividades específicas para el 2018, será de aproximadamente 12 mil 500 millones de pesos.

Por supuesto que es una cantidad exagerada, que resulta agraviante para la ciudadanía, especialmente en un país con las carencias que todavía se padecen en México. Urge una reforma constitucional para eliminar de la Carta Magna la fórmula para el cálculo del financiamiento público a los partidos políticos y una reforma legal para establecer una nueva fórmula que reduzca el porcentaje de la Unidad de Medida que se toma como base y abra posibilidades a la ciudadanía para castigar a los partidos, es decir, que el porcentaje de votos nulos de la última elección de Diputados se deduzca de dicho porcentaje, de esta forma se fomenta la participación electoral pero se establece una vía institucional para protestar.


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