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Coahuila, uno de los estados con más agresiones contra la prensa

Esto en comparación con el semestre del año pasado (2016)

Se presume que el 50,7 % de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, 'lo que refleja la impunidad y la falta de autonomía en la procuración de justicia', afirmó. (ARCHIVO)

Se presume que el 50,7 % de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, 'lo que refleja la impunidad y la falta de autonomía en la procuración de justicia', afirmó. (ARCHIVO)

EFE

La violencia contra la prensa en México se agudizó en el primer semestre de 2017, con 276 agresiones -entre ellas seis asesinatos-, 23% más que en el mismo periodo de 2016, informó hoy la organización Artículo 19.

En su informe del periodo enero-junio, la agrupación documentó 276 agresiones a periodistas, incluyendo seis asesinatos, una desaparición, 67 intimidaciones, 60 amenazas y 56 ataques físicos o materiales, lo que representa un promedio de 1.5 agresiones diarias.

Se presume que el 50.7% fueron cometidas por funcionarios públicos, "lo que refleja la impunidad y la falta de autonomía en la procuración de justicia", afirmó.

Los estados con más agresiones fueron Ciudad de México y Veracruz, con 28 cada uno; Coahuila, con 26, y Guerrero y Oaxaca, con 23 cada uno.

En los primeros seis meses del año, los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día, indicó.

Además, en lo que va del segundo semestre, Artículo 19 ha documentado otros dos homicidios, el del periodista hondureño Edwin Rivera y el de Luciano Rivera.

"La impunidad es evidente, se puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de justicia", denunció Artículo 19, que incluye en su informe al periodista Salvador Adame en calidad de desaparecido.

Adame fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y encapuchados el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica (Michoacán), y a fines de junio las autoridades informaron del hallazgo de su cuerpo calcinado en el fondo de una barranca.

Sin embargo, sus familiares han pedido "un peritaje independiente" que les permita tener certeza de identificación del cadáver, ya que desconfían de la fiscalía estatal, argumentó la organización.

En este periodo, Artículo 19 también documentó tres tentativas de homicidio en contra de Sonia Córdova, Omar Gómez y otro periodista cuyo nombre se mantiene en reserva, así como 19 amenazas de muerte.

Las privaciones de la libertad también "son una constante" en México, con 28 casos, once de ellas calificadas como retenciones ilegales y otras 17 como detenciones arbitrarias.

El incremento de la violencia y "la percepción del riesgo compartido por periodistas" ha elevado el desplazamiento forzado, con siete casos documentados en el informe.

Artículo 19 expresó preocupación por el hecho de que el desplazamiento sea una medida "cada más impulsada" por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ante la incapacidad de garantizar la integridad de los periodistas.

La respuesta del Estado mexicano frente la violencia contra los periodistas, que ha ido en aumento, ha sido tardía y con medidas paliativas, lamentó.

El Estado responde con iniciativas que parten de un "diagnóstico equivocado", que elude que sus propios agentes son los principales responsables de la violencia, indicó.

Los "políticos pretenden mostrar supuesta voluntad de atender la situación mediante la creación de nuevas leyes y más burocracia", como ocurrió tras el asesinato de Valdez, premiado por su trabajo valiente sobre el narcotráfico, cuando el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores anunciaron acciones para proteger al gremio.

Artículo 19 también alertó que durante la elaboración de su informe identificó un recrudecimiento de la violencia contra la prensa en las regiones donde se llevaron a cabo elecciones este año.

Es el caso del norteño estado de Coahuila, cuya población acudió a las urnas para elegir gobernador, donde se registró un aumento de 325% de las agresiones.

La organización identificó "focos rojos" en municipios pequeños donde la violencia resultante de la falta de instituciones sólidas y de la presencia del crimen organizado ha llevado a la prensa a ser un blanco fácil, como ocurrió en el central estado de Puebla con la cobertura del robo de combustibles.

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