Gobierno perezoso
Hoy, una vez más se pone de manifiesto el desinterés, la abulia, la negligencia por todo aquello que pudiera afectar los intereses de la clase gobernante, en este caso, la Ley anticorrupción. A un año (plazo fijado para aplicarse), de haberse decretado la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; cuyos nobles objetivos son: Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; y establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; poco se ha concretado.
Suena bonito, se oye bien cuando se lee, y su letra transpira nobleza, honradez, legalidad, justicia, inspira al nacionalismo, fortalece el sentimiento patrio, y levanta la autoestima y el orgullo de ser mexicano. Pero... son simples palabras. Pues, aun cuando los 32 estados de la república mexicana estuviesen ya preparados para iniciar con bombo y platillo cuando menos la primera de estas leyes (Ley General Anticorrupción), habría que ver de qué están hechos los Fiscales Estatales y el Fiscal General; pues si van a resultar como Virgilio Andrade, que dictaminó la inexistencia de conflicto de intereses en el caso de la Casa Blanca de la primera dama (de Peña Nieto), pues seguiremos igual o peor, en lo que a corrupción e impunidad se refiere.
Si algo tiene nuestra Carta Magna es espíritu nacionalista. Si se cumpliera, no digo la mitad, un tercio, ni siquiera la cuarta parte. Digo, si de nuestra Constitución se cumpliera al pie de la letra lo más elemental para vivir una vida digna, no estaríamos como estamos. Las garantías individuales en sus cuatro rubros: de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica son violadas con frecuencia en algún rincón de nuestro país.
Inicia la Ley General Anticorrupción de manera incompleta. Sólo unos cuantos estados (ni siquiera la cuarta parte) de la república estuvieron listos para empezar en la fecha programada: el 19 de julio de 2017; los demás han puesto su interés en casos menores, o hicieron las cosas mal, tal como ocurrió con Chihuahua y Veracruz; de Coahuila, ni se diga, el proyecto fue aprobado en fast track y el Fiscal fue nombrado a modo del propio gobierno, de manera tal que los malos manejos del Moreirato quedaran en la oscuridad. Cabe aclarar que así se trabaja en Coahuila, “rapidito” para que no haya reclamo ciudadano; mientras el Congreso modosito sólo levanta su dedito a todo lo que el mandatario estatal proponga, tal como ocurrió con la aprobación de la ley para la prohibición de las corridas de toros.
Rubén Moreira decía hace un tiempo, que mejor sería votar por el PRI porque desde que él fue electo gobernador, la delincuencia en el estado había disminuido; que si la alternancia llegaba a la gubernatura de Coahuila, volvería de nuevo la criminalidad. No lo va usted a creer, pero en Torreón, aunque el gobernador aún no deja el poder, los hechos sangrientos, y en general los hechos delincuenciales han aumentado.
Héctor García Pérez,
Comarca Lagunera.
