Julión, ‘Rafa’ y Peña
Más allá del juicio sumario y el linchamiento mediático que ha desatado la publicación de las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, lo más trascendente del hecho es cómo ha quedado al descubierto, una vez más, la debilidad de los controles de los sistemas financieros y fiscales de México para combatir el lavado de dinero, actividad fundamental para la supervivencia de uno de los principales flagelos que azotan al país: el crimen organizado.
Es verdad de Perogrullo que, para que un cártel pueda operar a sus anchas en un territorio requiere de una estructura que le dé el soporte para operar y “limpiar” sus ganancias producto de sus actividades criminales ingresándolas al sistema financiero del país. Seguir la ruta del dinero se ha convertido en Estados Unidos en una poderosa herramienta para pescar a los peces gordos y exhibir su red de complicidades. El caso de Julión y “Rafa” y su conexión con el presunto capo Raúl Flores se parece al que desde hace años le siguen la pista los fiscales en Texas para atacar la colusión de criminales y funcionarios de estados fronterizos como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De lo que hasta ahora se ha revelado del caso Álvarez-Márquez, llaman la atención varios aspectos que dejan muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la información dada a conocer, la investigación sobre lavado de dinero contra el cantante chiapaneco tenía varios años e, incluso, la Procuraduría General de la República estaba al tanto de la misma, ya que proporcionó información a las autoridades estadounidenses cuando éstas se la solicitaron. Muy probablemente la investigación se encontraba en curso cuando el presidente de México distinguió a Julión Álvarez mostrándolo como un ejemplo para la juventud de nuestro país. Sobran los comentarios para evidenciar esta aberración.
Pero lo más grave no es la pifia cometida por el gobierno federal al exponer al presidente de esta forma. Información periodística que ha salido a la luz después de las sanciones aplicadas en Estados Unidos, revelan que la Secretaría de Hacienda condonó millones de pesos a las dos celebridades mexicanas y que, incluso, desde el sexenio de Felipe Calderón, en el caso del Márquez, fueron donados millones de pesos para su fundación altruista. Es decir, al menos de forma indirecta, el gobierno federal tuvo contacto con la red de lavado de Flores, con o sin conocimiento de causa.
Esta situación a todas luces anómala sólo pudo ser posible gracias a la paupérrima labor de las unidades de inteligencia financiera y a las claras debilidades de los sistemas fiscal y financiero de México. De forma ilógica, en nuestro país el lavado de dinero se persigue y se castiga poco. Prueba de ello es que la red de Flores no sólo incluye los casos arriba referidos sino que engloba a decenas de empresas dedicadas al ámbito del espectáculo.
Mientras el Estado mexicano no se arme de voluntad y recursos para perseguir los aparatos que soportan las actividades de los cárteles y que en muchos casos alcanzan con sus tentáculos a la iniciativa privada formal, seguiremos observando cómo Estados Unidos detona escándalos como los de la semana pasada, mientras en las ciudades y caminos de México se sigue librando la sangrienta batalla del crimen organizado.
