Comisión Permanente. Luis Fernando Salazar, senador panista, exigió suspender la entrega-recepción en Coahuila.
Ante la comisión permanente del Senado, Luis Fernando Salazar demandó al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, suspender de inmediato el proceso de entrega-recepción de la administración estatal al priista Miguel Ángel Riquelme, ya que éste no ha sido declarado gobernador electo por la autoridad electoral.
"Este proceso viola la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila y debe suspenderse con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad", dijo el senador panista.
En un punto de acuerdo enlistado en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente, el senador explicó que se contravienen diversos artículos de dicha ley, que disponen que el inicio de la entrega-recepción "se hará a quien sea reconocido legal y definitivamente por la autoridad electoral competente, como gobernador electo".
"Es preocupante que en el marco de un proceso electoral plagado de irregularidades exista la urgencia y premura por llevar a cabo la entrega - recepción de información, que constituye un conjunto de pruebas documentales, informes e indicadores sobre el estado que guarda la administración actual", expuso.
Entre dichas irregularidades, destacó una serie de acciones que implicaron la injerencia del Poder Ejecutivo estatal durante las campañas electorales a favor de Riquelme.
Señaló que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado el rebase al tope de gastos de campaña en la elección a gobernador, además de que aún se encuentra pendiente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de diversos recursos de impugnación y la determinación de declarar o no la nulidad de la elección a la gubernatura.
Insistió en que la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila determina como principios rectores de los trabajos de la entrega - recepción la legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia y oportunidad en el ejercicio de las funciones que deben desempeñar los servidores públicos entrantes.
