La institucionalidad primero

Uno de los saldos más negativos que ha dejado el proceso electoral en Coahuila es la pérdida de institucionalidad que se acusa no sólo entre los partidos políticos y sus candidatos, sino también en autoridades electorales. Desde la campaña los participantes dieron muestras de escaso compromiso con las instituciones, lo cual se ha mantenido en la fase judicial y ha contagiado incluso a funcionarios de primer nivel.

Además de las múltiples denuncias públicas realizadas por los candidatos que nunca se tradujeron en denuncias formales, los partidos y sus candidatos decidieron adelantarse a que el árbitro electoral presentara sus números oficiales y cantaron victoria antes de tiempo, incluso cuando no tenían los datos precisos para asegurarlo. Si bien la labor de la autoridad electoral ha sido muy cuestionada, esto no justifica la falta de respeto por la institución que han mostrado los partidos.

Desde la palestra y con un estricto afán propagandístico y mediático, los principales protagonistas de la contienda, el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya, y sus respectivos equipos han hecho todo tipo de aseveraciones respecto a presuntas irregularidades, datos y dictámenes, como si la elección, en esta etapa del proceso, se ganara en los tribunales y no en las urnas.

Es menester decir que esta actitud asumida por el PRI y el PAN en Coahuila no es muy diferente de la que en su momento ha asumido Andrés Manuel López Obrador, actual dirigente de Morena y aspirante por tercera vez a la Presidencia de la República. Por el mismo tipo de desplantes y falta de respeto a las instituciones, el político tabasqueño ha sido duramente cuestionado no sólo por priistas y panistas sino también por gran parte de la opinión pública.

Ahora bien, si esta postura es censurable en partidos y candidatos, aún más lo es cuando se trata de funcionarios. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ha hecho a un lado la deseable imparcialidad que su cargo le exige ya que sin esperar a que los tribunales den su fallo, ha asegurado que será el integrante de su partido a quien entregará la estafeta el 1 de diciembre. Por más probable que esto sea, la importancia del cargo que el priista detenta, exige una mayor obligación en circunstancias como las que vivimos.

Y esto mismo es aplicable para los diputados del Congreso de Coahuila, quienes el viernes pasado convirtieron el Palacio Legislativo en un verdadero circo electoral al presentar más de media docena de puntos de acuerdo relacionados con los comicios pasados, como si el estado no tuviera otros asuntos importantes que merezcan la atención de los legisladores.

Hay quienes pudieran explicar y hasta justificar estas actitudes al calor del pleito postelectoral que se vive de manera sin precedentes en Coahuila. Pero no podemos perder de vista que quienes detentan actualmente un cargo público deben velar por la estabilidad política de la entidad y evitar a toda costa contribuir a la polarización de la sociedad. La institucionalidad debe ser primero para quienes más que simples militantes de un partido son representantes de toda la sociedad.