En la actualidad, algunos investigadores y expertos han cambiado el enfoque de análisis de las transiciones a la democracia, hacia un interés cada vez mayor en la calidad de las elecciones y la integridad electoral. Es una visión novedosa, pero también es una necesidad imperiosa.
América Latina se encuentra en un nuevo ciclo electoral, tras años de intensa actividad. Aún cuando lo normal es que se celebren procesos electorales en la región, existen diferentes niveles de respaldo a la democracia. De 1995 a 2016, la encuesta de Latinobarómetro ha mostrado que la democracia es la forma preferida de gobierno, siendo el nivel más bajo de apoyo de 48 % en 2001, y el más alto de 61 % en 2010. Actualmente, 54 % de los entrevistados favorecen la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. No obstante, la misma encuesta muestra un incremento de aquellas personas a quienes les es indiferente un régimen democrático de uno autoritario, empezando en 17 % en 1995, y alcanzando un máximo histórico de 23 % en 2016 (Latinobarómetro 2016).
Este decremento en el apoyo a la democracia, ocurre al mismo tiempo que se hacen intentos por extender los mandatos más allá del período original para el que los presidentes (sólo hombres) han sido elegidos. Entre 1978 y 2015, ocurrieron 27 cambios en 15 países de América Latina, en materia de reelección presidencial. En tales escenarios, hay señales de debilidades institucionales y circunstancias desiguales para la competencia electoral.
Estado de Derecho e integridad electoral son síntesis y únicos dos peldaños que hoy pueden sostener a la democracia. De estos peldaños emergen las normas conocidas y aceptadas por todas y todos, así como las instituciones legítimas que materializan la convivencia social.
Integridad electoral no es sólo el día de la elección y la definición de quien triunfa. Integridad electoral es: 1. que contrincantes perdedores acepten su derrota pero, en libertad, puedan contender en la siguiente elección, con posibilidades de ganar; 2. que la oposición pueda participar formalmente en el gobierno; 3. que las elecciones se celebren bajo principios de neutralidad, equidad y transparencia; 4. que los recursos económicos de las campañas no provengan de capitales pervertidos; 5. que las campañas, aún negativas, se hagan en el pleno ejercicio de las libertades de información y de expresión, pero no en el ejercicio libre de la manipulación y prácticas ilegales; 6. que no haya casos de violencia política de género ni discriminatorios de cualquier índole; 7. Que no seamos testigos del robo de estrategias de campañas por hackers, manipulación de redes sociales para crear información falsa, spyware a las bases de datos y falsear páginas de campañas, acceso ilícito a teléfonos inteligentes, páginas de Internet clonadas y apócrifas; 8. que las personas estemos protegidas, y que exista una vía de acceso a la justicia; 9. que se asegure la resiliencia institucional ante riesgos de retroceso democrático, y 10. que las elecciones y los procesos de asunción a los cargos, se den en un contexto de paz.
Los próximos días 14 y 15 de agosto la Fundación Kofi Annan, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE, el TEPJF, la Fepade, el IECM y el Parlatino, en una Conferencia Internacional, en la Ciudad de México, reflexionarán sobre todos estos temas, con la participación de representantes de la región. Se transmitirá en vivo por las canales y enlaces institucionales.
Hoy más que nunca se requiere un análisis específico de situaciones de crisis democrática e institucional en América Latina, que han llevado, o pudieran llevar a la violencia, con el que se puedan discernir mecanismos y estrategias potenciales para fortalecer la integridad electoral, así como del papel de los diferentes actores para lograrlo.
Consultora para América Latina de la Fundación Kofi Annan. Investigadora invitada de la Escuela de Derecho de Harvard.
