La ceremonia celebrada el lunes pasado en el Palacio de Gobierno en Saltillo, anunciando el proceso de entrega-recepción entre Rubén Moreira y Miguel Riquelme, amerita ser objeto de comentario.
Es cierto que el dictamen del Instituto Nacional Electoral que declara que Riquelme violó el tope de los gastos de campaña implica un riesgo de anulación y hace posible la convocatoria a una nueva elección, en la que podría estar impedido de participar. Sin embargo, la declaración de validez o nulidad de la elección es de pronóstico reservado, porque no existe seguridad ni certeza de que los Tribunales Electorales mantengan la ruta que marcó el INE con toda razón y fundamento legal, pero con evidente cortedad.
En efecto, el INE se deshizo del problema con más cálculo que voluntad de justicia porque pasó la papa caliente a otras manos, sin analizar otras causales graves de nulidad que comprometen al propio desempeño del INE, como son la parcialidad del Instituto Electoral de Coahuila, la manipulación del Conteo Rápido y del Programa de Resultados Preliminares, la violación de paquetes electorales por la policía del régimen, etcétera.
Ante el revés de la justicia electoral el moreirato pone la cara dura y hace como si nada pasara, como ha hecho desde antaño frente a la justicia penal nacional o internacional, al tiempo que mueve los hilos de la impunidad en los entretelones del quehacer político, en base a sus instrumentos de siempre: El soborno o la extorsión y en lenguaje coloquial, la plata o el plomo.
La situación así planteada hecha por tierra la teoría de la concertacesión; revela una lucha entre el poder de cúpula y el poder del electorado, y mantiene en vilo a nuestro sistema de justicia hasta en tanto la cuestión se resuelve de un modo u otro. Como no existe plazo definido para una decisión final el tiempo opera en contra del PRI de los Moreira, porque las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y el sistema debe sopesar si quiere perder ahora o en los comicios del año entrante.
Lo anterior implica además un grave riesgo para los Moreira y sus cómplices, en cuanto a que mantiene la posibilidad de que venga un gobierno que saque los cadáveres del clóset. Moreira Rubén da por concluido y enterrado su sexenio y adelanta el proceso de entrega-recepción desesperado por darle vida artificial y sentido en su ocaso, a su gobierno perverso y mediocre de impunidad y tapadera.
La ceremonia es inusitada en cuanto a la forma, pero en el fondo es lo mismo del relevo anterior entre hermanos consanguíneos. El moreirato se entrega el poder a sí mismo y de sí mismo lo recibe con la riqueza que conlleva como patrimonio particular.
El cinismo y el sentido de urgencia que estamos presenciando, acusa la complicidad múltiple entre los actores por mantener oculta la información que explique el destino de los recursos obtenidos y dilapidados en ocasión de la megadeuda, y los antecedentes del caso confirman que el megarrobo salpica hasta las más altas esferas del sistema priista a nivel nacional.
La intención de dar vuelta a la página se presenta con más fuerza que nunca, pero también con más probabilidades de fracaso, porque la transición así planteada no corrige los graves vicios del pasado proceso electoral ni cambia el sentir de la inmensa mayoría de los coahuilenses que repudian a Riquelme y al PRI de los Moreira.
Sea cual fuere el desenlace, los esfuerzos de Moreira Rubén por imponer a Riquelme para mantener la impunidad imperante, no serán suficientes para acabar con la determinación ciudadana de construir nuestra vida pública de manera distinta. Los coahuilenses estamos en la lucha por un gobierno incluyente en lo político, transparente en el uso de los recursos, y que garantice un proceso de justicia en contra de los responsables del deterioro de la vida política, social e institucional sufrido en los últimos doce años.
