Espiar. Robar. Ocultar. Tres actividades que el gobierno mexicano lleva a cabo todos los días. Tres comportamientos que Enrique Peña Nieto y su equipo han hecho suyos. El Estado de la vigilancia fuera de control, fuera de proporción, fuera de justificación. El Estado actuando con un alto poder invasivo que busca controlar o extorsionar o silenciar a las personas vigiladas. Ya sea Carmen Aristegui o su hijo adolescente o Juan Pardinas o los miembros del GIEI-Ayotzinapa o tantos otros activistas y periodistas y defensores de derechos humanos. Big Brother en Los Pinos y en la PGR. Recolectando datos, almacenando información, grabando conversaciones, violando la ley. Violando la Constitución.
Porque el artículo 16 estipula que toda intervención de comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial previa. Se prohíbe la localización geográfica en tiempo real, utilizable sólo "cuando se presume que existe un peligro para la vida o integridad de una persona". Y sin embargo la PGR y el Cisen y la Sedena hacen lo que quieren, cuando quieren, sin supervisión, sin transparencia. Para saber lo que Carmen Aristegui conocía sobre la Casa Blanca o lo que Juan Pardinas redactaba sobre la Ley 3de3 o lo que el Centro Tlachinollan indagaba sobre los 43. Para espiar a sus presuntos enemigos y de ser necesario, coaccionarlos. Para supervisar a sus presuntos adversarios y de ser imperativo, amedrentarlos. Vía el malware Pegasus o Hacking Team o la obtención de metadatos que las compañías de telecomunicaciones entregan rutinariamente a autoridades sin la facultad legal de solicitarlas. Así actúa el Estado espía, el Estado extra-legal, el Estado adversarial.
Que no sólo espía, desvía fondos e inventa empresas para hacerlo. En la última revelación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibe cómo el dueño legal del Grupo Tech Bull -la empresa intermediaria que vendió el malware Pegasus- vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Otra historia de empresas fantasma y de corrupción escondida. Otro tache para Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien autorizó y supervisó la adquisición. La PGR canalizó millones de dólares a una empresa constituida con 50 mil pesos, por dos jóvenes desconocidos que hoy niegan conocimiento de la transacción. La PGR "compró el más sofisticado equipo de espionaje, de origen israelí, a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema de seguridad nacional y que antes de ese contrato por 32 millones de dólares no tuvo otras ventas". Y más. Un apoderado fantasma; una oficina virtual ubicada en el edificio donde también estaban inscritas empresas fantasma de Veracruz, ligadas a la red de Javier Duarte; vínculos con Balam Seguridad Privada armada por amigos de Peña Nieto que le vende equipos de seguridad a procuradurías estatales. La corrupta cuatitud evidenciada no sólo en carreteras y contratos; también en espionaje y vigilancia.
Pero esto no es corrupción, según Arely Gómez de la Función Pública, y Javier Acuña del INAI, y los otros miembros gubernamentales del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no merece una investigación, según los protectores políticos de Tomás Zerón. Esto no debe ser sometido a control judicial, dicen los que atacan al nuevo sistema de justicia penal cuando ignoran sus exigencias. Demasiados cerrando los ojos y la boca ante la investigación hecha por la Red de Defensa de los Derechos Digitales que expone la relación comercial -ilegal- de 12 gobiernos estatales y múltiples dependencias gubernamentales con Hacking Team, proveedor de equipo capaz de infectar computadoras y teléfonos móviles. En otros países se utiliza para perseguir a criminales; en México se compra para espiar a ciudadanos.
Todos vulnerables. Usted, yo. Víctimas de un gobierno con acceso a archivos, datos del calendario, listas de contactos, contraseñas, mensajes de texto, Gmail, WhatsApp, Skype. Facebook, Telegram, llamadas, geolocalización. Bad Brother vigilando, abusando del poder gubernamental, violando las libertades civiles. Omnipresente. Sin controles democráticos, sin facultades legales, sin sanción. Y ante ello, como dijera Thomas Paine, la obligación del verdadero patriota es proteger a su país de su gobierno. Un gobierno que se ha vuelto abusivo. Un gobierno gandalla. Un diablo guardián.
