México vive desde hace años una crisis institucional que se ha venido agravando a pesar del creciente reconocimiento y el diagnóstico de diversos sectores de la sociedad. Corrupción, impunidad, violencia, negación, falta de confianza e ineptitud, forman parte de la sintomatología compleja de esta enfermedad que aqueja a la República. Un repaso de hechos de los últimos días permiten ver el tamaño de la crisis que tenemos enfrente.
Desde hace una década, México se encuentra en una espiral de violencia criminal que parece no tener fin. A pesar del discurso oficial y los esfuerzos aparentes, en 2017 casi cada mes que termina supera al anterior en número de homicidios dolosos imponiendo de paso un nuevo récord. Hasta no hace mucho, la capital de la República se había mantenido al margen de una guerra no reconocida que ha sembrado de cadáveres el territorio nacional y mutilado a miles de familias. La semana pasada, esa guerra llegó irremediablemente a la Ciudad de México, a pesar de la obtusa negación de las autoridades capitalinas de la existencia de carteles, a pesar de su existencia soterrada desde hace décadas.
A 12 días de que se abrió un socavón en la obra recién terminada del Paso Exprés en Morelos y que cobró la vida de dos personas, nadie se explica cómo no se han fincado responsabilidades contra las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como nadie se explica el silencio que ha guardado el presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema, como si se tratase de un asunto menor, protegiendo a su cercano secretario que por razones políticas debió haber renuciado como responsable desde el principio de dicha tragedia. Las investigaciones periodísticas apuntan a un posible nuevo caso de corrupción, como el que se ha documentado y exhibido en muchas otras obras a lo largo y ancho del país. La actitud de las autoridades apunta nuevamente a la indolencia y al encubrimiento.
No es de extrañar que en un contexto de tan escasa voluntad política para hacer frente al principal lastre de la República, la corrupción, el sistema armado para presuntamente combatirla haya arrancando sin una de las figuras principales del modelo: el fiscal que debe encargarse de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Además, faltan los magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa, presupuesto para el Comité de Participación Ciudadana y la aplicación de los 32 sistemas estatales.
Frente al descrédito de las instituciones integrantes de los poderes formales de la República, se abre un resquicio de esperanza en la construcción de instituciones ciudadanas en donde los políticos profesionales tengan menos influencia. No obstante, dichos organismos no están exentos de cuestionamiento y también son susceptibles a la contaminación de la vida pública que crece en e México. Como ejemplo están los organismos electorales que, en el caso de las pasadas elecciones estatales no han estado a la altura de las circunstancias para generar certezas en medio de un ambiente cada vez más enrarecido por las marrullerías, mentiras y verdades a medias de los partidos políticos.
Con este marco, no puede resultar más sorprendente la declaración vertida por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a propósito del mal papel desempeñado por la PGR en la primera comparecencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuyo caso se ha erigido en un símbolo de los problemas por los que atraviesa el país. Ante las fallas evidentes, el secretario pidió “tener fe” en la Procuraduría. Pero el ejercicio de la función pública y, sobre todo, el de la procuración de justicia, no pude ser un asunto de fe. De lo que se trata es de restablecer la confianza. Y para que ello ocurra, las instituciones en México tienen que comenzar a actuar distinto que no es otra cosa que dar resultados, si es que hay interés de sus representantes por superar la crisis en la que nos encontramos inmersos.
