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Corrupción y leyes

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SERGIO SARMIENTO
“Entre más corrupto el Estado, mayor el número de leyes.” — Tácito

Nadie sabe realmente cuánto cuesta la corrupción. El Consejo Coordinador Empresarial ha calculado entre 2 y 10 por ciento del producto interno bruto. En la corrupción, ha dicho Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, "hay que buscar las causas del malestar que prevalece en amplios sectores, que opacan, recurrente y justificadamente, todo tipo de avances en otras áreas".

Casos como el de Javier Duarte han concentrado la atención de los mexicanos. Por lo menos los gobernadores no parecen ya tener la impunidad de antes. Con Duarte, ya son seis los exgobernadores encarcelados en nuestro país. Además, Flavino Ruiz de Veracruz está en prisión domiciliaria, por razones de salud, a pesar de que su proceso continúa. Dos exgobernadores están detenidos en el extranjero. Dos más están en proceso, aunque fuera de la cárcel.

La gran pregunta es si estos exgobernadores están siendo procesados porque ha aumentado la corrupción o simplemente porque es más visible. ¿Son los actuales gobernadores más deshonestos que los que tuvimos en el pasado y nunca pisaron una cárcel, o están siendo procesados porque hoy contamos con mejores instrumentos para combatir la corrupción?

Los índices de percepción señalan que la corrupción inquieta cada vez más a los mexicanos. La encuesta de aprobación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto publicada ayer por Reforma indica que la corrupción ha rebasado a los problemas económicos como la segunda preocupación de los ciudadanos comunes y corrientes. Los líderes de opinión, que tienen una visión distinta, consideran a la corrupción como el principal problema del país.

En realidad, no sabemos si la corrupción es mayor o menor que en el pasado. La naturaleza del problema hace imposible que se puedan mantener estadísticas fiables. Las mismas estimaciones que señalan que la corrupción puede representar entre el 2 y el 10 por ciento del PIB son tan amplias como una adivinanza.

Este 19 de julio ha empezado a operar el Sistema Nacional Anticorrupción. Los especialistas en la materia me dicen que éste representa un avance muy importante sobre lo que teníamos con anterioridad, a pesar de que no se han nombrado todavía ni el fiscal ni los magistrados.

Yo, quizá, soy más escéptico. Me ha tocado vivir demasiados intentos para tratar de eliminar la corrupción como para sentir confianza ante este nuevo esfuerzo. Instituciones como la Contraloría General de la Federación, que ha evolucionado hasta convertirse en la actual Secretaría de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación buscaban combatir las prácticas corruptas, pero si bien han tenido algunos éxitos, no han eliminado la corrupción. Tengo la impresión de que mucho más se lograría con una simplificación de reglas burocráticas y una mayor transparencia en el manejo de los presupuestos públicos.

La corrupción va a ser uno de los temas fundamentales de las campañas electorales de este 2018. El tema se presta a la demagogia electoral, pero también es crucial para el futuro del país. Espero que el SNA ayude realmente a reducir la corrupción. Me dice Max Kaiser, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que la reforma es de fondo, que el nuevo sistema es equivalente a lo que fue el otorgamiento de autonomía al Banco de México en 1994 para la política monetaria. Ojalá tenga razón. Lo peor que podría ocurrir es que el SNA se convirtiera en una simple burocracia más.

DÉFICIT Y AHORRO

Donald Trump revela su ignorancia económica al colocar entre los objetivos para la renegociación del TLCAN la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México. Si realmente quisiera lograrlo, debería tomar medidas para elevar el ahorro interno en lugar de colocar el tema en una negociación comercial.

Twitter: @SergioSarmiento

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