Tal vez porque crecimos escuchando las historias de hazañas que cientos de familias lograron para conformar la clase media en México -y porque constantemente la televisión nos convence de que el éxito económico depende sólo y exclusivamente del esfuerzo que estemos dispuestos a imprimirle a nuestro trabajo, o porque desconocemos cifras y estudios que indican que, a nivel mundial, las posibilidades de que una familia se mueva hacia arriba en la escala socio-económica de su comunidad se reducen drásticamente año con año- los ciudadanos hemos fallado en comprender el papel que desempeña el gobierno (de cualquier nivel) en el desarrollo de nuestras sociedades.
Si bien el liberalismo económico promueve y espera que la administración pública se deslinde de las actividades productivas cada vez más estrictamente, el mayor reto que enfrentan países como el nuestro está en lograr las condiciones para que las riquezas generadas por las actividades productivas sean distribuidas con justicia y equidad social.
Idealmente, en un país próspero bajo el sistema económico actual, las riquezas generadas por sus recursos naturales y actividades productivas permiten que la población entera -sin importar el estrato económico, el nivel de especialización en su trabajo, el sexo o la edad- tenga acceso a servicios básicos de calidad, sus Derechos Humanos garantizados y la posibilidad de descansar y disfrutar.
En México hemos analizado fenómenos sociales, económicos y políticos, por décadas y desde distintos ángulos (ciencia, arte, periodismo), para llegar casi siempre a la misma conclusión: vivimos en un país dirigido por gobernantes incapaces, inhumanos, voraces, cínicos, que lamentablemente reflejan una manera de vivir y de ver el mundo que comparte gran parte de la población. Y, aunque seamos capaces de racionalizar nuestros pequeños actos cotidianos de corrupción, hemos fallado en vincular ese comportamiento aceptado socialmente, con los grandes actos, con la macro-corrupción.
¿Quién conoce la medida y es capaz de navegar entre la turbulencia de un soborno pequeño, uno mediano y uno grande? ¿Cuál es la escala que utilizamos para evaluarnos y decidir hasta dónde sí y desde dónde ya no inmiscuirnos en un acto deshonesto? ¿Cuántos pequeños actos de corrupción cometieron los Moreiras o los Duartes en su adolescencia, en su juventud, que quedaron impunes o fueron celebrados por sus amigos y familiares más cercanos, hasta que la línea de lo aceptado se borró completamente, y descubrieron que ya eran criminales de tiempo completo, y con muy altos salarios?
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, habrá cometido decenas de pequeños actos de corrupción en su vida, como el promedio de los mexicanos. Pero encabezando una secretaría de estado cuyas obras están constantemente bajo la lupa por negligencias, opacidad en el manejo de recursos y en la toma de decisiones, cruzó personalmente hacia el lado oscuro de la gran corrupción. Y cuando quiso asomarse al mundo de las consecuencias reales que engendran los tratos sucios y el despilfarro, declaró la frase que escuchamos y leímos en todos los medios mexicanos, refiriéndose al pago de indemnización a los familiares de los dos seres humanos que murieron asfixiados (padre e hijo) en el socavón del Paso Exprés Morelos: "No se está haciendo por alguna cosa, más que por el mal rato que pasaron".
La vida de estas dos víctimas recientes de la corrupción, más la vida de niños y niñas a los que el gobierno de Javier Duarte administró medicamento falso contra el cáncer, más la vida de cientos de pacientes en Coahuila que no encuentran en los hospitales del estado ni un Desenfriol, más el hambre de pueblos y colonias por generaciones, más los miles de desaparecidos, más los feminicidios, más los secuestros, más las violaciones, más el maltrato y la humillación… son todos consecuencia de la corrupción. De aquellos actos pequeños, solapados, que van conformando una sociedad donde caben los grandes fraudes, las empresas "fantasmas", los alcaldes con relojes de magnate millonario, los funcionarios compadres del crimen organizado.
Éstos son los resultados que no se reflejan en informes de gobierno. No se presentan en campañas electorales, ni mucho menos se castigan con justicia. Será porque el discurso mediático de este sistema nos ha convencido de que la pobreza y la violencia son culpa nuestra. Tal vez, como decía, porque hemos fallado en reconocer las consecuencias de nuestra apatía política, bajo el razonamiento del esfuerzo y el trabajo 24/7 que nos heredó la cada vez más mermada clase media.
Seguiremos insistiendo en que el único antídoto contra la corrupción es la participación ciudadana. Seguiremos luchando por cuestionarnos y cuestionar cada decisión y acción de gobierno. Seguimos colaborando con otras organizaciones en la consolidación de Sistemas Locales y uno Nacional Anticorrupción que representen un verdadero cambio en la fiscalización de recursos y obras que administra cada funcionario. Pero sobretodo, seguiremos invitando a cada ciudadano a formar parte de los cambios que buscamos.
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