En la colaboración anterior mencionábamos que la responsabilidad de proteger y conservar el capital natural de México no sólo es responsabilidad del gobierno, sino que nos involucra a la sociedad en su conjunto. Una gran parte de ese capital natural (los ecosistemas y biodiversidad no afectados o menormente afectados por la mano humana) se encuentra resguardado en las áreas naturales protegidas, las cuales, como señalamos la semana pasada son administradas por organismos oficiales y ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de las regulaciones que establecen las leyes y normas oficiales que obligan a los propietarios, concesionarios y usuarios de los terrenos y los recursos naturales a realizar su aprovechamiento sostenible, se observa que éstos con frecuencia las evaden considerando las limitaciones de las instituciones responsables de aplicarlas. En tanto quienes poseen o usan esos recursos no acepten esas regulaciones difícilmente va ser posible protegerlos y conservarlos.
En la Comarca Lagunera tenemos cinco áreas naturales protegidas que enfrentan las problemáticas referidas anteriormente, particularmente aquellas que constituyen amenazas para la conservación del capital natural y de los servicios ambientales que brindan a la población local, algunas de ellas resueltas con éxito y otras no tanto porque los intereses asociados al uso irregular de esos terrenos y recursos predominan sobre aquellos que buscan su conservación.
En la Reserva de la Biosfera Mapimí, la mayor (340, 000 ha), más antigua (1975) y única de categoría federal de esas cinco áreas naturales protegidas, la introducción y el pastoreo irregular de ganado, la caza furtiva y el turismo sin control, este último en gran parte atraído por la zona del silencio, constituyeron amenazas provocadas por actores externos, en ocasiones asociados con la población ahí residente que no valoró sus recursos como la tortuga del desierto y por necesidad e ignorancia colaboró en esas prácticas irregulares; afortunadamente se han reducido significativamente debido al trabajo realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el organismo oficial que la administra.
Otra es la situación que enfrenta el Parque Estatal Cañón de Fernández, espacio protegido de reciente creación (2004) y con menor superficie (17,000 ha), ha tenido una suerte más desafortunada con la presencia humana. El hecho que contenga la asociación de un ecosistema acuático por el flujo del río Nazas y terrestre en las áreas aledañas de la ribera, le otorga atributos escénicos singulares que le distinguen del entorno árido en que nos encontramos, vegetación riparia con su bosque de galería de sabinos, sauces y álamos que ataren a la población citadina con fines recreativos.
Este espacio protegido enfrenta amenazas como la visita continua de personas con fines de esparcimiento con escasa cultura ambiental que se refleja en los residuos que dejan o por el paso de vehículos motrices, que aunada a actividades productivas inadecuadas en pesca, agricultura y ganadería que realizan algunos propietarios o residentes en el área, o el uso de la franja federal del río Nazas por sus concesionarios que han levantado edificaciones eliminando la vegetación nativa y sustituyéndola por cultivos o afectando los corredores de fauna silvestre, impactan los ecosistemas y afectan la biodiversidad del lugar al realizar cambios en el uso del suelo, fragmentan el hábitat y favorecen la introducción de especies invasoras.
Desde su creación este parque estatal fue administrado por un organismo civil, Prodefensa del Nazas, conformado por ciudadanos que aportan conocimiento y acciones efectuadas con escasos recursos públicos y privados, ha realizado esfuerzos por proteger el área y contener estas amenazas, en ocasiones en sinergia con instituciones públicas pero también en controversia con aquellas que asumen posturas omisas que permiten las prácticas descritas. Tarea nada fácil cuando los intereses asociados al uso irregular de los terrenos y recursos se acentúan y en ocasiones pesan en las decisiones de los funcionarios responsables de regularlos, utilizando el descrédito como defensa ante las denuncias y señalamientos que se les hace.
Una de las áreas mayormente dañadas es la ribera, donde los concesionarios han modificado importantes espacios físicos para levantar edificaciones recreativas o de cultivo, ante la omisión de la Comisión Nacional del Agua que evita regular el uso de las concesiones federales que les otorga. Algunos concesionarios, en su mayoría residentes urbanos de alguna de las ciudades principales de la región que gestionan el otorgamiento de la concesión federal, en algunos casos muy notorio como lo reconoce la misma Conagua, aprovechan de manera irregular el terreno concesionado.
La creación de áreas naturales protegidas no implica el no uso de los terrenos y recursos en ellas existentes, son espacios físicos escasamente antropizados, es decir, donde la presencia humana aún no ha alterado los procesos ecológicos y las funciones ecosistémicas que en ellos ocurren, se puede cohabitar con las especies silvestres que ahí moran, pero para ello es indispensable entender que esto solo será posible si esos terrenos y recursos son aprovechados de manera sostenible.
